Un juez federal bloqueó temporalmente el despliegue de 200 soldados de la Guardia Nacional en Portland el 4 de octubre, mientras manifestantes violentos continúan atacando a los agentes federales de inmigración. El juez dictaminó que la medida excede la autoridad ejecutiva del presidente.
"Este país tiene una larga y fundamental tradición de resistencia a la extralimitación del Gobierno, especialmente en forma de intromisión militar en los asuntos civiles", escribió la jueza federal Karin J. Immergut en su auto.
"Esta tradición histórica se reduce a una simple premisa: esta es una nación de derecho constitucional, no de ley marcial. Los demandados han presentado una serie de argumentos que, de ser aceptados, correrían el riesgo de difuminar la línea entre el poder federal civil y el militar, en detrimento de esta nación", añadió.
Por petición del presidente, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, emitió un memorándum el 28 de septiembre dirigido al líder de la Guardia Nacional de Oregón en el que indicaba que se llamaría a 200 miembros al servicio federal durante un periodo de 60 días, en virtud del título 10, sección 12406, del Código de los Estados Unidos.
Ese mismo día, Oregón presentó una demanda para bloquear dicha orden federal, argumentando que el presidente estaba excediendo su autoridad ejecutiva.
Immergut se puso de parte de Oregón, al considerar que el estado "sufriría un perjuicio en su soberanía", y concedió una orden de restricción temporal que durará hasta el 18 de octubre. En su orden, consideró que el presidente Donald Trump había violado la Décima Enmienda al federalizar la Guardia Nacional de Oregón sin autoridad constitucional.
"Dado que es probable que Oregón tenga éxito en su reclamación basada en la Décima Enmienda, también es probable que sufra un daño irreparable en ausencia de una orden de restricción temporal", escribió la jueza.
La Casa Blanca afirmó el 28 de septiembre que el presidente estaba actuando dentro de su autoridad, citando los meses de violentos disturbios fuera de las instalaciones federales de inmigración en Portland.
"El presidente Trump está utilizando su autoridad legal para ordenar a la Guardia Nacional que proteja los activos y el personal federal en Portland tras meses de violentos disturbios en los que los agentes han sido agredidos y acosados por manifestantes de izquierda", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico.
"Las acciones legales del presidente harán que Portland sea más segura".
Sin embargo, Immergut afirmó que "el despliegue de agentes federales en Portland en 2020 reavivó las protestas y los disturbios que se habían extinguido en gran medida por sí solos".
No es la primera jueza federal que toma esta decisión. El juez federal de distrito Charles Breyer llegó a la misma conclusión el 2 de septiembre, cuando el estado de California presentó una demanda para detener la federalización de la Guardia Nacional y el despliegue de marines en Los Ángeles. Posteriormente, ese fallo fue bloqueado por una corte de apelaciones.
La Casa Blanca apelará ahora la decisión.
"El presidente Trump ejerció su autoridad legal para proteger los bienes y el personal federal en Portland tras los violentos disturbios y ataques contra las fuerzas del orden", dijo Jackson. "Esperamos que un tribunal superior nos dé la razón".
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