Una jueza federal de Pensilvania dictaminó que el presidente Donald Trump invocó válidamente la Ley de Enemigos Extranjeros en marzo como parte de una iniciativa para deportar a miembros de bandas venezolanas.
Más concretamente, la jueza federal Stephanie Haines sostuvo que la banda Tren de Aragua (TdA) estaba llevando a cabo el tipo de «incursiones depredadoras» que menciona la Ley de Enemigos Extranjeros.
En un dictamen emitido el 13 de mayo, Haines señaló que el TdA fue designado como organización terrorista extranjera. Esa designación, afirmó, «respalda firmemente las conclusiones [...] de que el TdA es un grupo cohesionado unido por el objetivo común de causar graves trastornos a la seguridad pública de Estados Unidos».
Otros tres jueces de tribunales de distrito fallaron en contra de la administración Trump, afirmando que Trump aplicó incorrectamente la ley con una proclamación que emitió en marzo. Cada uno de esos jueces discrepó de la descripción de Trump de que el TdA estaba participando en una invasión o incursión depredadora.
Trump invocó la ley en marzo, afirmando que los miembros de la banda el TdA se habían infiltrado en el régimen venezolano y habían invadido Estados Unidos, lo que justificaba su expulsión acelerada.
«Las pruebas demuestran de forma irrefutable que el TdA invadió Estados Unidos y sigue invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país; ha perpetrado una guerra irregular dentro del país y utiliza el tráfico de drogas como arma contra nuestros ciudadanos», decía la proclamación de Trump del 15 de marzo.
En Nueva York, el juez federal Alvin Hellerstein no estuvo de acuerdo. A principios de este mes, afirmó que los miembros de el TdA «no pretenden ocupar territorio, expulsar la jurisdicción estadounidense de ningún territorio ni devastar territorio».
En abril, la Corte Suprema intervino en dos ocasiones sin pronunciarse sobre si la Administración había invocado correctamente la Ley de Enemigos Extranjeros.
En su lugar, detuvo algunas deportaciones en una breve orden el 19 de abril y comunicó a la administración el 7 de abril que debía notificar a los presuntos miembros de bandas que estaban sujetos a expulsión, así como darles la oportunidad de impugnar su detención. Especificó que «la notificación debe realizarse en un plazo razonable y de manera que les permita solicitar efectivamente el amparo de hábeas corpus», que es una vía legal para impugnar una detención.
Haines también emitió una orden el 13 de mayo en la que afirmaba que la administración no había notificado suficientemente a los detenidos. Dijo que la administración no podía expulsar a un ciudadano venezolano que había presentado la demanda en Pensilvania a menos que le diera un preaviso de 21 días, entre otras cosas. Su orden también exigía que la notificación se proporcionara en inglés y español.
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