Un juez federal en Nueva York bloqueó al gobierno de deportar a presuntos miembros de pandillas venezolanas. Dijo que la administración Trump invocó de forma incorrecta una ley del siglo XVIII y no garantizó el debido proceso a los deportados.
La orden, emitida el 6 de mayo, es la segunda suspensión preliminar en menos de una semana. Los desafíos a las deportaciones siguen en curso, con varias órdenes temporales, incluso de la Corte Suprema, que bloquean una proclamación firmada por el presidente Donald Trump en marzo.
Tanto el juez Alvin Hellerstein, que emitió la opinión del 6 de mayo, como el juez Fernando Rodríguez hijo, que firmó su orden el 1 de mayo, dijeron que Trump se equivocó al afirmar que la pandilla Tren de Aragua, conocida como Tren de Aragua, estaba llevando a cabo una “invasión” según la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Trump invocó esa ley en marzo. Dijo que los miembros del Tren de Aragua se habían infiltrado en el régimen venezolano y habían invadido Estados Unidos, lo que justificaba su expulsión rápida.
“La evidencia demuestra de forma irrefutable que el Tren de Aragua ha invadido Estados Unidos y continúa invadiendo, intentando invadir y amenazando con invadir el país; ha llevado a cabo guerra irregular dentro del país; y ha usado el narcotráfico como arma contra nuestros ciudadanos”, decía su proclamación del 15 de marzo.
Hellerstein no estuvo de acuerdo. Dijo que los miembros del Tren de Aragua “no buscan ocupar territorio, ni expulsar la jurisdicción estadounidense de ningún territorio, ni arrasarlo”.
“El Tren de Aragua puede estar involucrado en el narcotráfico, pero eso es un asunto criminal, no una invasión ni una incursión depredadora”, dijo.
Hellerstein estaba a cargo de uno de muchos casos en todo el país donde individuos impugnaban la proclamación de Trump y buscaban frenar las deportaciones. En abril, la Corte Suprema intervino dos veces, pero no dictó si la administración usó bien la Ley de Enemigos Extranjeros.
En cambio, detuvo algunas deportaciones con una orden breve el 19 de abril. El 7 de abril, le dijo a la administración que debía avisar a los presuntos pandilleros que están sujetos a deportación, y darles la oportunidad de impugnar su detención. Especificó que “el aviso debe darse en un plazo razonable y de forma que les permita buscar efectivamente un recurso de hábeas corpus”, que es una vía legal para impugnar una detención.
Aunque el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, conocido como ICE por sus siglas en inglés, entregó avisos a los detenidos, Hellerstein dijo que no fueron suficientes. Sobre uno emitido en Texas, afirmó: “el aviso es fugaz, porque si el extranjero no expresa su intención de presentar un recurso de hábeas en menos de doce horas de recibirlo… o si no presenta el recurso en otras 24 horas, ICE puede ‘proceder con la deportación’”.
Estaba citando una declaración de Carlos Cisneros, subdirector de una oficina de campo de ICE en Texas, quien explicó cómo las autoridades procesaban a los detenidos.
Cisneros dijo que ICE, en general, no deportaría a personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros si tenían un recurso de hábeas pendiente.
La administración ha acusado en varias ocasiones a los jueces de exceder su autoridad al frenar estas deportaciones. El juez Samuel Alito, que votó en contra de bloquear algunas deportaciones el 19 de abril, también sugirió que sus colegas se apresuraron y fueron más allá de lo que les correspondía.
El resultado final del caso, que comenzó en el Distrito Norte de Texas, sigue pendiente.
El procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, pidió a los jueces que no otorguen más medidas. Dijo que los venezolanos en ese caso pedían un alivio “extraordinario”. Afirmó que los detenidos que recibieron avisos “han tenido tiempo suficiente para presentar recursos de hábeas corpus”.
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