El Departamento del Tesoro detuvo las importaciones de gas licuado de petróleo efectuadas con la empresa estatal venezolana Petróleos de Venezuela a partir del 7 de julio.
A través de la emisión de la licencia general 40D, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, limitó cualquier descarga en Estados Unidos hasta el 5 de septiembre de 2025, siempre que el gas haya sido cargado en un buque en Venezuela antes del 7 de julio.
La OFAC aclaró que mantiene vigentes todas las sanciones emitidas contra PdVSA pero permitirá todas las operaciones necesarias para la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela hasta la fecha autorizada.
Además, la licencia mantiene las restricciones a los pagos en especie de petróleo o productos derivados del petróleo y prohíbe las transacciones con personas sancionadas no vinculadas con PdVSA o cualquier funcionario del actual gobierno de Venezuela sancionado por EE. UU.
La licencia 40D se suma un endurecimiento de las sanciones energéticas contra Venezuela por parte de la administración del presidente Donald Trump, con la terminación de las licencias petroleras en mayo. La licencia 40D reemplaza a la licencia anterior,40C, emitida en julio de 2024.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo en una rueda de prensa este 27 de mayo que el presidente Trump ordenó al secretario de estado, Marco Rubio, cancelar todas las licencias que han beneficiado al régimen de Maduro "y llenaban los bolsillos de sus compinches".
Durante la primera administración de Trump en 2017, el Departamento del Tesoro emitió sanciones contra Venezuela en las que prohibió transacciones de personas o empresas que se encuentren en Estados Unidos con PDVSA, tras el establecimiento de una Asamblea Constitucional ilegítima por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Sin embargo, en 2022, la administración de Biden negoció con el gobierno venezolano que permitiera participar en las elecciones presidenciales de 2024 a la oposición y la presencia de observadores internacionales en las mismas, a cambio de liberar a prisioneros y emitir licencias específicas que eximieran al gobierno venezolano de las restricciones impuestas en las sanciones.
La estrategia fracasó. El 28 de julio de 2024, en medio una represión contra la oposición, se realizaron elecciones presidenciales en Venezuela que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron como ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato. Sin embargo, el Centro Carter, uno de los pocos observadores que se les permitió el acceso al país, emitió un informe asegurando que las elecciones carecían de transparencia e integridad, cuestionando ampliamente los resultados.
Desde entonces, el gobierno venezolano, liderado por Maduro, ha estado incrementando las violaciones de derechos humanos contra la oposición y los ciudadanos venezolanos, según un informe publicado en mayo por la Organización de los Estados Americanos.
El Departamento de Estado le dijo a The Epoch Times por correo electrónico el 27 de mayo que el secretario Rubio se opone al régimen tiránico de Maduro y apoya el derecho inquebrantable del pueblo venezolano de elegir libremente a un presidente legítimo, además ratificó su intención de suprimir la financiación al gobierno venezolano.
"Bajo la Administración Trump, Estados Unidos ha denegado la financiación que el régimen de Maduro utiliza para oprimir al pueblo venezolano y ha seguido promoviendo la rendición de cuentas de quienes socavan la democracia en Venezuela y la seguridad en nuestra región", añadió.
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