El gobierno de Estados Unidos deportará a los residentes permanentes legales acusados de ayudar o colaborar con los líderes de la banda haitiana Viv Ansanm, según anunció el secretario de Estado Marco Rubio el 21 de julio.
Viv Ansanm es una coalición de bandas criminales que opera en Puerto Príncipe, la capital de Haití. La coalición fue designada organización terrorista extranjera por Estados Unidos el 2 de mayo.
En una declaración, Rubio afirmó que el grupo alimenta la inestabilidad en Haití mediante la violencia y la actividad delictiva, y que permitir que los residentes permanentes vinculados al grupo permanezcan en Estados Unidos podría tener “graves consecuencias negativas para la política exterior” del país.
“Estados Unidos no permitirá que personas que facilitan las acciones de organizaciones violentas o apoyan a organizaciones terroristas criminales disfruten de los beneficios de una condición legal en nuestro país”, declaró Rubio.
En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede ahora proceder a la deportación de los residentes permanentes que presuntamente hayan ayudado o cooperado con líderes de bandas haitianas vinculadas a Viv Ansanm, según su comunicado.
Rubio no especificó cuántas personas serían objeto de deportación.
El mismo día del anuncio de Rubio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que sus agentes habían detenido a Pierre Reginald Boulos, ciudadano haitiano con estatus de residente permanente legal en Estados Unidos, por su presunta participación “en apoyo a las bandas y en una campaña de violencia que contribuyó a la desestabilización de Haití”.
Según el ICE, Boulos no reveló su participación en la formación de un partido político haitiano en su solicitud de residencia permanente, ni tampoco reveló el proceso judicial en el que el gobierno haitiano lo remitió a la justicia por presunto uso indebido de préstamos.
“El Departamento de Estado determinó que la presencia o las actividades de Boulos en Estados Unidos podrían tener graves consecuencias para la política exterior de Estados Unidos, lo que constituye una base para la acusación de expulsión”, añadió el comunicado del ICE.
La medida se produce en un momento en que la administración Trump ha tratado de poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de ciudadanos haitianos en Estados Unidos.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que su oficina tomaría medidas para poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos haitianos.
El TPS es una designación que le permite a las personas de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otros acontecimientos extraordinarios permanecer en Estados Unidos.
La administración Biden había prorrogado la designación del TPS para Haití hasta el 3 de febrero de 2026, pero Noem decidió que la medida acabará el 2 de septiembre de 2025, al considerar que las condiciones actuales en Haití ya no justifican dicha designación.
El juez federal Brian Cogan bloqueó la medida el 1 de julio, dictaminando que Noem carece de la “autoridad legal o inherente” para revocar parcialmente la designación del TPS de un país. El DHS se opuso al fallo y dijo que estaba “trabajando para determinar los próximos pasos”.
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