Una coalición de distritos escolares, sindicatos de profesores, padres y grupos de defensa presentó una demanda contra la administración Trump, acusando a los funcionarios federales de congelar ilegalmente unos 6800 millones de dólares en fondos para educación que el Congreso había destinado a programas como el cuidado extraescolar.
Presentada en el Tribunal de Distrito de Rhode Island el 21 de julio, la demanda está dirigida contra el Departamento de Educación de Estados Unidos y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca.
Los demandantes afirman que la administración no cumplió con el plazo legal del 1 de julio para liberar los fondos asignados por el Congreso para el cuidado después de la escuela, los programas de verano, la enseñanza del inglés, la educación de los migrantes y la formación de los profesores.
“Durante años, el Departamento ha cumplido estos mandatos legales sin incidentes”, afirma la demanda, señalando que los fondos se distribuyeron históricamente el 1 de julio.
El 30 de junio, el Departamento de Educación informó a los estados que no emitiría las notificaciones de concesión de subvenciones según lo previsto, alegando una nueva política de revisión a los programas para garantizar que los fondos se gastan de acuerdo con las prioridades del presidente Donald Trump.
“Dado el cambio de Administración, el Departamento está revisando la financiación para el año fiscal 2025 de los programas de subvenciones [Título I-C, II-A, III-A, IV-A, IV-B], y aún no se han tomado decisiones sobre las solicitudes y las concesiones para el próximo año académico”, afirmó el departamento en una declaración del 30 de junio dirigido a la Agencia de Educación de Texas.
“El Departamento mantiene su compromiso de garantizar que los recursos de los contribuyentes se gasten de acuerdo con las prioridades del presidente y las responsabilidades legales del Departamento”.
En una moción para obtener una medida cautelar, los demandantes argumentan que la congelación de los fondos viola la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Control de Embargos y la separación de poderes de la Constitución de Estados Unidos.
“Las acciones de los demandados ya han provocado un caos masivo y un daño irreparable”, afirma la moción, advirtiendo que las escuelas están cancelando programas, despidiendo personal y recortando servicios para los estudiantes vulnerables.
El departamento no ha proporcionado un calendario para concluir su revisión. El Departamento de Educación y la OMB no respondieron a las solicitudes de comentarios de The Epoch Times.
La OMB declaró que los fondos se retuvieron para impedir la promoción de una “agenda de izquierda”, según la moción. La secretaria de Educación, Linda McMahon, dijo en mayo que quiere que los programas de subvenciones se centren en “el aprendizaje significativo y la ampliación de las opciones, no en ideologías divisivas”.
A principios de julio, un portavoz de la OMB le dijo a RealClearPolitics que un ejemplo era el de una escuela pública de Nueva York que utilizaba fondos para el aprendizaje del inglés para apoyar a organizaciones de defensa de los inmigrantes, mientras que otro citaba el uso de fondos para la mejora de las escuelas en un seminario centrado en temas de “resistencia queer en las artes”.
Entre los demandantes se encuentran sistemas escolares desde Alaska hasta Ohio, así como importantes sindicatos de profesores y grupos de defensa de la educación. En las declaraciones que acompañan a la demanda, describen la congelación como devastadora y motivada por razones políticas.
“La retención de estos fondos federales ha creado una profunda inestabilidad en nuestras escuelas”, afirmó Jharrett Bryantt, superintendente del distrito escolar de Anchorage, en Alaska. “Distritos como el nuestro no pueden planificar de forma responsable ni cumplir con nuestras obligaciones cuando se retienen compromisos federales de larga data sin previo aviso”.
Un líder sindical de profesores de Ohio afirma que están en juego casi 200 millones de dólares en fondos. “Al retener ilegalmente casi 7000 millones de dólares, incluidos más de 180 millones destinados a los estudiantes de Ohio, la Administración Trump está demostrando que está tan comprometida como siempre con poner nuevos obstáculos a esos estudiantes”, afirmó Melissa Cropper, presidenta de la Federación de Profesores de Ohio.
La semana pasada, 24 estados y el Distrito de Columbia presentaron una demanda por separado por la misma congelación de fondos. Esa demanda, también presentada en un tribunal federal de Rhode Island, argumenta que las medidas de la administración son inconstitucionales y deben bloquearse de inmediato.
El expediente del caso muestra que la administración Trump aún no ha presentado una respuesta a esa demanda, para la que el juez fijó el 28 de julio como fecha límite.
Mientras tanto, los legisladores demócratas exigen que la administración Trump ponga fin a lo que describen como un bloqueo ilegal de financiación.
El 16 de julio, casi tres docenas de senadores demócratas enviaron una carta a McMahon y al director de la OMB, Russ Vought, instándoles a que liberaran inmediatamente los fondos aprobados por el Congreso.
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