La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 8 de julio una segunda solicitud para proteger la identidad de los oficiales de policía que se enfrentan a una solicitud de acceso a documentos públicos en los que se solicita información sobre su asistencia a la manifestación del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
Los cuatro oficiales de policía de Seattle, actuales y antiguos, cuya identidad no ha sido revelada, dijeron que fueron investigados y absueltos de cualquier delito en relación con su asistencia a la manifestación, que fue seguida de una violación de la seguridad en el Capitolio de Estados Unidos.
Los oficiales argumentan que, a pesar de que fueron absueltos de cualquier acusación de irregularidad, las autoridades de Seattle dañaron su reputación. Según ellos, incluir los nombres de los agentes en los registros judiciales agravaría el problema al infringir sus derechos recogidos en la Primera Enmienda y coartar su libertad de expresión política.
La Corte Suprema de Washington dictaminó en febrero que los oficiales de Seattle no tienen derecho a permanecer en el anonimato en público.
Las autoridades de Seattle afirmaron que la manifestación era "para fascistas y supremacistas blancos" e "intentaron culparlos por asociación, cuestionando públicamente cuál era el propósito de la asistencia [de los oficiales] a la manifestación, insinuando claramente que están vinculados a extremistas de derecha", afirmaron los oficiales en una solicitud previa que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó el 4 de junio.
Actuando en solitario, el 8 de julio, la jueza Elena Kagan denegó la nueva solicitud de emergencia presentada en el caso conocido como John Does 1, 2, 4 y 5 contra el Departamento de Policía de Seattle. Kagan no explicó por qué rechazó la solicitud. Decidió no remitirla al pleno de la corte.
La solicitud, presentada el 25 de junio, puede ser revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Según las normas judiciales, los solicitantes pueden remitir una solicitud rechazada por un solo juez a otro juez.
Los oficiales demandaron a la ciudad de Seattle tras conocer que se habían iniciado solicitudes de acceso a documentos públicos sobre su asistencia a la manifestación.
Los oficiales solicitaron a la corte que suspendiera una orden del 18 de junio de la Corte Superior del condado de King, en Washington, que desclasificaba determinados documentos judiciales y les ordenaba volver a presentar la demanda utilizando sus nombres reales. El 23 de junio, la Corte de Apelación del estado de Washington decidió no suspender la orden de la corte inferior, lo que significa que los agentes no pueden litigar utilizando seudónimos.
El hecho de que los agentes tengan la intención de presentar una petición de certiorari, o revisión, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, significa que la Corte Suprema de Washington no puede suspender las órdenes de la corte inferior. Las normas de esa corte le prohíben suspender una orden de una corte inferior mientras esté pendiente la presentación de una petición de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, dice la solicitud.
Esto significa que los oficiales no tienen más opciones en las cortes del estado de Washington, lo que los llevó a presentar su última solicitud ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
"Por lo tanto, ahora que surgió un daño inmediato e inminente, los solicitantes se encuentran en una situación que demuestra claramente que no existe ningún recurso efectivo posible en las cortes estatales", dice en la solicitud.
Los oficiales dijeron en la solicitud que habían intentado sin éxito impedir la divulgación pública de los expedientes de investigación sin censurar, incluidas las transcripciones de las entrevistas. Afirmaron que los funcionarios los amenazaron con despedirlos si no participaban en las entrevistas.
En las entrevistas, los oficiales tuvieron que "revelar sus creencias políticas, afiliaciones, motivos para asistir a la manifestación y sus impresiones personales sobre el contenido de la misma", según la solicitud.
Los oficiales dijeron en la solicitud que no se debería permitir a un organismo gubernamental hacer públicas sus "actividades políticas fuera de servicio" y luego difundir los registros internos de la policía "a quienes buscan deliberadamente esta información para difamar a estos funcionarios públicos sin que hayan cometido ninguna falta".
La denegación de la solicitud anterior por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos el 4 de junio se presentó en forma de una orden sin firmar que no proporcionaba los motivos de la decisión.
Los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas dijeron que estaban de acuerdo con la denegación porque los oficiales no parecían haber agotado todas las vías de apelación en las Cortes del estado de Washington antes de solicitar la intervención de la Corte Suprema de Estados Unidos.
Tampoco habían "explicado adecuadamente por qué, en este momento, siguen enfrentándose a un peligro inminente de daño irreparable", dijeron.
Sin embargo, Alito y Thomas dijeron que la denegación de la solicitud por parte de los jueces no debía interpretarse como "un respaldo a la tesis de que la divulgación en cuestión en este caso es compatible con la Primera Enmienda".
"Hemos sostenido que la Primera Enmienda ofrece una medida de protección al derecho a la expresión política anónima... Los solicitantes sostienen que este derecho se vulnerará si se revelan tanto su identidad como sus respuestas a preguntas sobre temas delicados", dijeron.
No está claro si los oficiales presentarán su solicitud del 25 de junio ante otro juez, tal y como permiten las normas judiciales.
The Epoch Times se puso en contacto con el abogado de los oficiales, Aric Bomsztyk, de Tomlinson Bomsztyk Russ, en Seattle, para recabar sus comentarios. No se recibió respuesta alguna antes de la publicación de este artículo.
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