El 10 de noviembre, la administración Trump dijo que la Corte Suprema debería suspender una orden que le exige pagar íntegramente el programa federal de cupones de alimentos, aunque la apelación podría quedar sin efecto si el Congreso pone fin al cierre del gobierno.
La orden en cuestión establece que el gobierno debe pagar alrededor de 9000 millones de dólares para financiar completamente el programa de cupones de alimentos para noviembre.
Los abogados del gobierno declararon en un escrito presentado el 10 de noviembre que la administración aún solicita la suspensión de la orden. Indicaron que presentarían un escrito complementario antes de las 4 de la tarde.
El 7 de noviembre, la jueza Ketanji Brown Jackson suspendió la orden judicial hasta 48 horas después de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. emitiera un fallo al respecto. El 9 de noviembre, la corte de apelaciones declaró en su fallo que no bloquearía la orden.
El 10 de noviembre, Jackson pidió a la administración que le informara si aún planeaba solicitar la suspensión de la orden y, de ser así, presentar un escrito complementario.
El procurador general D. John Sauer escribió a Jackson para decirle que el gobierno quiere una suspensión.
En el documento de una página, él señaló que el Senado votó la noche del 9 de noviembre a favor de aprobar un proyecto de ley que pondría fin al cierre del gobierno.
"Esa propuesta, si finalmente es adoptada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente, pondría fin al cierre del gobierno y dejaría sin efecto esta solicitud", escribió.
Sauer también alertó a Jackson de que, en un caso relacionado, un juez federal bloqueó el 10 de noviembre un memorando del gobierno que durante el fin de semana había instruido a los estados a deshacer la distribución completa de cupones de alimentos para noviembre.
El Consejo Estatal de Iglesias de Rhode Island y otros grupos que demandaron al gobierno por su decisión de no pagar las prestaciones de noviembre tendrán hasta la madrugada del 11 de noviembre para responder al escrito complementario del gobierno.
El caso relacionado fue presentado por Massachusetts y otros estados, que ayudaron al gobierno a administrar los cupones de alimentos.
El Departamento de Agricultura de Estados Unidos había comunicado a los estados que estaba preparado para emitir los beneficios completos, pero tras la visita de Jackson durante el fin de semana, indicó que los estados que enviaron los pagos completos deberían trabajar para deshacer las medidas tomadas a tal efecto.
Los abogados de los estados informaron al juez que supervisa el caso relacionado el 9 de noviembre que la nueva directriz del departamento "no puede obligar a los demandantes a 'deshacer' las acciones que tomaron para poner los beneficios del SNAP a disposición de sus residentes de conformidad con una orden judicial y las directrices del USDA; y no puede tomar medidas para penalizar a los demandantes por no 'deshacer' dichas acciones, particularmente durante la tramitación de este litigio".
La jueza de distrito estadounidense Indira Talwani declaró en una orden electrónica el 10 de noviembre que la nueva directriz del departamento quedaba suspendida mientras se esperaba una nueva orden judicial.
También aplazó una audiencia prevista para el fin de semana hasta el lunes por la tarde.
