La Administración Trump y los abogados de Kilmar Abrego García acordaron el 20 de julio que el inmigrante ilegal permanecerá bajo custodia durante un período de 30 días, incluso si un juez ordena su liberación.
Los abogados del ciudadano salvadoreño dijeron a un tribunal federal de Tennessee que les preocupaba el plan declarado por el gobierno federal de trasladarlo a un tercer país después o incluso antes de que concluyan los procedimientos penales. El gobierno ha dicho que expulsa a los inmigrantes ilegales a terceros países con los que no tienen ninguna conexión si su país de origen no los acepta.
Abrego García se encuentra actualmente bajo custodia federal en Tennessee, pero, según se informa, los abogados de ambas partes dijeron que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) había dicho anteriormente que probablemente lo pondría bajo custodia si era puesto en libertad antes de su juicio penal previsto para el 27 de enero de 2026.
El nuevo acuerdo entre los abogados de ambas partes significa que la posible expulsión de Abrego García de Estados Unidos se retrasará para darle tiempo a considerar sus opciones legales.
Abrego García se enfrenta ahora a un juicio por cargos de tráfico de personas derivados de una parada de tráfico en Tennessee en 2022. El gobierno también alega que Abrego García es miembro de la MS-13, una banda criminal transnacional. Él niega tanto los cargos como su pertenencia a la banda.
Un juez federal, cuya autoridad para dictar determinados tipos de órdenes es limitada, ordenó la puesta en libertad de Abrego García en junio, pero el Departamento de Justicia se opuso. El juez federal de distrito Waverly Crenshaw, con sede en Tennessee, aún no se ha pronunciado sobre la solicitud del gobierno de revocar la orden de puesta en libertad.
En una moción presentada el 20 de julio, el abogado de Abrego García, Sean Hecker, dijo que el Departamento de Justicia ha acordado suspender temporalmente el plan del gobierno de expulsarlo de Estados Unidos, posiblemente antes de que concluya el juicio.
Hecker le dijo a Crenshaw que el gobierno había dicho anteriormente que, si se denegaba su moción de revocación, el Departamento de Seguridad Nacional detendría a su cliente. El DHS seguiría entonces adelante con el proceso de expulsión.
Sin embargo, Hecker dijo que ambas partes ahora están de acuerdo en que, si se deniega la moción de revocación, la liberación de Abrego García debería retrasarse 30 días "para permitir que el Sr. Abrego evalúe sus opciones y determine si es necesario solicitar medidas [legales] adicionales".
"El gobierno no se opone a esta solicitud, y un retraso tan breve no afectará a la capacidad de las partes para consultar sobre una propuesta de calendario o para preparar el juicio", afirmó Hecker.
El gobierno federal deportó a Abrego García a El Salvador el 15 de marzo, una medida que provocó protestas en todo Estados Unidos. Fue recluido en una prisión de máxima seguridad en El Salvador. En junio fue devuelto a Estados Unidos.
El gobierno reconoció que Abrego García estaba sujeto a una orden de suspensión de expulsión, que hubo un "error administrativo" en su deportación y que, por lo tanto, su expulsión a El Salvador fue "ilegal", según declaró el Tribunal Supremo en un dictamen del 10 de abril.
En el fallo, el alto tribunal ordenó al gobierno que acatara la orden de la jueza federal de Maryland Paula Xinis, de 4 de abril, de "facilitar" la puesta en libertad de Abrego García en El Salvador. Los magistrados ordenaron al gobierno que tramitara su caso a su regreso a Estados Unidos, tal y como se habría hecho si no hubiera sido deportado.
Abrego García fue devuelto a Estados Unidos el 6 de junio.
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