Comentario
Este mes se cumple el 26.º aniversario de la brutal persecución del régimen comunista chino contra la práctica espiritual Falun Gong.
El grupo de derechos humanos Safeguard Defenders publicó recientemente datos sobre la detención y condena de practicantes de Falun Gong entre 2008 y 2022. Esta información ilustra de manera cruda la persecución que sigue sufriendo esta práctica, más de dos décadas después de que fuera tipificada como delito en virtud del artículo 300 de la ley "anticultos", destinada a desacreditar al grupo.
El artículo 300 del Código Penal ha sido la principal herramienta para perseguir a los practicantes de Falun Gong. Esta ley criminaliza "organizar o explotar sectas místicas u organizaciones de culto, o utilizar la superstición para socavar la aplicación de las leyes y disposiciones administrativas de la nación". Las condenas en virtud de este artículo pueden acarrear una pena máxima de siete años, sin límite para los casos "graves".
El estudio de Safeguard Defenders reveló que la pena media de cárcel para una persona condenada en virtud del artículo 300 era de más de cinco años, más del doble de la media de 2.3 años por el delito de provocar peleas y alterar el orden público, un cargo que se utiliza con frecuencia para perseguir a disidentes y defensores de los derechos humanos en China.
Los antecedentes de la persecución se remontan a los acontecimientos del 22 de julio de 1999, cuando el Partido Comunista Chino (PCCh) prohibió oficialmente Falun Gong y lo declaró "una amenaza para la estabilidad social y política" tras una protesta pacífica en Beijing. El gran número de practicantes, estimado en decenas de millones en ese momento, y su capacidad para organizar grandes manifestaciones, alarmaron al Partido, lo que provocó la prohibición. El PCCh utilizó el artículo 300 para perseguir a los practicantes de Falun Gong, lo que condujo a su detención, encarcelamiento y condenas prolongadas.
Los datos recopilados por Safeguard Defenders revelan un panorama desolador. Muchos practicantes murieron bajo custodia y otros fueron sacrificados para extraerles sus órganos, perseguidos al margen del sistema judicial y sometidos a detención en campos de trabajo o centros psiquiátricos. La Oficina 610, una organización secreta del Partido establecida en junio de 1999 para supervisar la erradicación de Falun Gong, probablemente desempeñó un papel en la determinación de la duración de las penas para los acusados de delitos del artículo 300. Aunque la Oficina 610 parece haber sido disuelta en 2018, la persecución de Falun Gong continúa.
Recientemente, Safeguard Defenders recopiló datos sobre unos 1400 casos de persecución a Falun Gong, documentando los nombres, el sexo, la ubicación, los presuntos delitos por los que fueron acusados y la duración de las penas. Las conclusiones ponen de relieve la persecución continua a los practicantes de Falun Gong y facilitan la comparación con otros casos relacionados con los derechos humanos.
Los datos se dividieron en tres épocas políticas en función del líder del PCCh en ese momento: el segundo mandato de Hu Jintao (2008-2012), el primer mandato de Xi Jinping (2013-2016) y el segundo mandato (2017-2022). Más de la mitad de los casos se basaron en el artículo 300, lo que subraya la determinación del PCCh de castigar a los practicantes de Falun Gong.
Los datos también muestran que el artículo 300 se ha utilizado para criminalizar a docenas de otras creencias prohibidas, como la Iglesia de Dios Todopoderoso. De hecho, los creyentes cristianos de China, en particular los que forman parte de iglesias clandestinas, son cada vez más objeto de persecución en virtud de este artículo, en una tendencia relativamente nueva que pone de manifiesto una vez más cómo el PCCh considera la espiritualidad como una amenaza potencial para su control del poder.
Geográficamente, la mayoría de los casos se registraron en el noreste de China, siendo Heilongjiang la provincia con el mayor número de casos. Los datos también revelan una disparidad de género, con un 50% más de mujeres que de hombres condenados por delitos tipificados en el artículo 300 entre 2008 y 2022.
La comparación de los casos del artículo 300 con los de otros delitos relacionados con los derechos humanos, como el artículo 293 (provocar peleas y disturbios) y el artículo 105 (subversión del Estado e incitación a la subversión del Estado), pone de relieve la severidad de las penas a las que se enfrentan los practicantes de Falun Gong. La duración media de las condenas por delitos tipificados en el artículo 300 fue de 5.2 años, significativamente superior a la media de 2.3 años de las condenas por delitos tipificados en el artículo 293.
En resumen, los practicantes de Falun Gong siguen siendo, a día de hoy, objeto de castigos mucho más severos que casi cualquier otro grupo en China, a menudo simplemente por sus creencias, y no por acciones específicas.
A pesar de los cambios en el liderazgo político y del paso del tiempo, la persecución del PCCh contra Falun Gong sigue siendo inquebrantable. Los datos sirven como un claro recordatorio de los continuos abusos contra los derechos humanos en China y de la urgente necesidad de que la comunidad internacional preste atención y tome medidas para poner fin a estas injusticias.
Las opiniones expresadas en dicho artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
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