¿A qué le teme el gobierno mexicano?

Opinión

El anuncio de que Ovidio Guzmán del Cártel de Sinaloa, uno de los grandes jefes del narcotráfico mexicano, va a colaborar con las autoridades estadounidenses causó conmoción en el gobierno mexicano.

Por tal motivo, el gobierno mexicano no ha cuidado las formas diplomáticas y compromete incluso la imagen de la investidura presidencial, cuando antes de tiempo la presidente Sheinbaum lanza advertencias por un asunto criminal que compromete por ahora solo a un reconocido delincuente.

La presidente Claudia Sheinbaum advirtió que las declaraciones del delincuente sinaloense deben ser acompañadas de "pruebas". Y urbi et orbi mostró un temor que solo se explica de manera negativa.

¿Cuál es el fondo del temor a las declaraciones de Ovidio Guzmán? El consenso es el miedo a que esas declaraciones impliquen directamente en protección o complicidad de actividades criminales a políticos de Morena de primer nivel y a jefes policiacos o militares de alta jerarquía.

El acuerdo de Ovidio Guzmán con las autoridades judiciales estadounidenses para testificar en su juicio sobre sus actividades criminales, provoca el temor gubernamental mexicano de que sus señalamientos envuelvan en un proceso judicial, tal como se ha difundido en los rumores, al propio expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su hijo Andy, quien hoy controla al Partido gobernante. Y de ahí a un grupo de actuales gobernadores, secretarios de Estado y autoridades de seguridad.

El impacto que esto tendría para el gobierno sería monumental y esto implica la reacción presidencial para curar en salud lo que al parecer viene, como ese tipo de tormentas que oscurecen los cielos en el horizonte antes de desatarse con toda su fuerza.

En el sistema judicial estadounidense este tipo de declaraciones se inscriben en lo que se conoce como "plea bargaining" y corresponden a un proceso de derecho hablado con jurado ante quien el fiscal trata de demostrar la veracidad de las declaraciones juradas que favorecen su proceso en contra de culpables; uno que reconoce su culpabilidad puede lograr algunas condiciones favorables en su condena si delata a culpables de mayor interés para el fiscal.

El sistema de derecho escrito mexicano no funciona de esa manera, pero el estadounidense sí, por lo que la advertencia de la presidente cae en el vacío.

Y en un juicio por narcotráfico la DEA, a quien despreciaba públicamente el expresidente López Obrador, tiene más injerencia que la CIA, es decir prevalece más lo policiaco que lo político, es decir, que el Departamento de Estado, es más moderado en su trato con el gobierno mexicano.

Y desde el asesinato del agente Kiki Camarena, la DEA tiene cuentas pendientes en México. Y Manuel Bartlett, señalado como cómplice en aquel crimen, es ahora miembro de Morena y ligado de manera estrecha al expresidente López Obrador.

Toda la familia de Ovidio Guzmán ya está en Estados Unidos. Y en la guerra interna contra la facción del Mayo Zambada, también preso en Estados Unidos, las delaciones de Ovidio Guzmán entran en el juego. Quizás el contexto no era tan complejo cuando las declaraciones de narcotraficantes mexicanos presos en Estados Unidos provocaron la condena de Genaro García Luna, quien fuera un poderoso secretario de seguridad.

El Pentágono señaló en el Congreso estadounidense que los Cárteles de la droga controlan ya el 35 por ciento del territorio mexicano. Ya se habla de que este control corresponde a más del 40 por ciento y sigue avanzando.

La creciente lumpenización ya de la Ciudad de México está creando las condiciones para un predominio directo de los criminales y los Cárteles de la droga en la capital del país.

De manera abierta se vende droga afuera del Metro Hidalgo en la Alameda, junto con los puestos de venta de productos chinos de contrabando, los puestos de fritangas en Reforma y la destrucción del tradicional Paseo Colón, así como los recientes asesinatos en la Condesa y los disturbios provocados en el Corredor Roma Norte, Condesa, Polanco son un síntoma de que la descomposición en México se quiere imponer en favor de los Cárteles en la capital del país que había estado a salvo.

La ejecución en público de dos colaboradores de alto nivel de la jefa de gobierno Clara Brugada sigue impune, como un signo ominoso, parte de la sombra amenazante que se cierne sobre la Ciudad de México, una de las grandes ciudades del mundo.

Esto debería alarmar más a la presidente de México, que las declaraciones de un criminal confeso contra otros presuntos criminales, lo que corresponde a un juicio en Estados Unidos donde finalmente todo acusado tiene derecho a defenderse. Por eso ella misma celebró que un juicio estadounidense condenara a Genaro García Luna. ¿Cuál es la diferencia ahora?

México está llegando a un límite, a punto de convertirse en un Estado fallido donde el poder ejerce el control social en medio de la descomposición y la miseria, mientras grupos criminales en asociación con políticos y gobernantes controlan el país.

La presidente Claudia Sheinbaum debe saber que además de ser jefa de gobierno es jefa de Estado, quizás los domingos pueda dedicarlos a Morena, su partido. Los otros días se supone que gobierna para todos los mexicanos incluyendo los que no son de Morena. La popularidad de las encuestas es efímera, el juicio de la historia no lo es.

Las verdaderas prioridades tienen que ver con esto. La amenaza de que la Ciudad de México se convierta en el dominio en disputa de los Cárteles nacionales asociados a los locales como el de Iztapalapa, Tláhuac o Tepito, debería ser ya un tema de primer orden para la presidente que la gobernó. Se debe recordar lo que descubrió Giulani en Nueva York: el deterioro urbano es el primer paso para que florezca la descomposición social y el delito.

Que sea un juicio en Estados Unidos donde se dirima la realidad político-criminal en México es vergonzoso. Pero no debería ser motivo de advertencias presidenciales, ni de intentos para negociar bajo el agua para evitar testimonios de criminales o sus implicaciones.

Y con ello se deben jerarquizar las prioridades presidenciales. En primer término debería ser que el Estado mexicano recupere el control territorial actualmente en manos criminales. Y evitar el riesgo de perder la Ciudad de México, que sería perder al país. Eso es lo grave y preocupante, no que algún político pierda su impunidad.

En realidad la única manera de que la presidente enfrente la posibilidad de que las declaraciones de Ovidio Guzmán destruyan la gobernabilidad mexicana es mediante un deslinde: que políticos presuntamente implicados se defiendan solos en esa posible conmoción y ella mejor defienda a México y a su capital en riesgo.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.