La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este 10 de noviembre la reforma de la ley eléctrica para atraer la inversión privada y extranjera en el sector, cuya prolongada crisis se ha agravado este año con el crecimiento de la demanda, en medio de la apertura petrolera del gobierno venezolano.
La nueva Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que se agrega a otras modificaciones del marco legal del país para abrir sectores estratégicos al capital extranjero, establece que la actividad de generación "será ejercida por la empresa operadora del Estado, así como por empresas mixtas y privadas que cuenten con la habilitación correspondiente".
Las concesiones a las empresas privadas podrán ser otorgadas hasta por un máximo de 25 años, según la nueva ley, que fue aprobada por unanimidad, después de tres aplazamientos.
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El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, dijo durante la discusión, que esta ley "no promueve en modo alguno la privatización" del sector, pero que permitirá "la apertura para que sectores privados puedan incorporarse a la generación y a la autogeneración de electricidad".
Las concesiones serán otorgadas por el Ministerio de Energía Eléctrica para una generación que supere los 50 megavatios (MW) o que involucre o afecte "bienes de dominio público, sistemas de transmisión troncal, distribución y comercialización en áreas de servicio exclusivo o sistemas integrados de escala regional", según el texto.
Una vez concluida la habilitación, la empresa operadora deberá restituir y transferir a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), o a "quien se designe, libres de gravámenes, todos los bienes incorporados, construidos o adquiridos durante su vigencia".
También señala que las dudas y controversias de cualquier naturaleza que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes podrán ser decididas por los tribunales venezolanos o "mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitraje".
La ley establece que las empresas deben "asegurar y garantizar el suministro continuo, regular, confiable, suficiente y estable de energía eléctrica para la ejecución de las actividades primarias, mediante modelos de autogeneración, cogeneración o contratación de terceros, dirigidos a asegurar su autonomía operativa".
Las compañías petroleras y las sociedades de generación eléctrica independiente no requieren la autorización del Estado "para generar energía destinada a sus redes internas, salvo cuando se interconecten" a la red nacional.
Tras la votación de la ley, el también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, calificó de "necesaria" la apertura del sector, nacionalizado en 2007 por el entonces mandatario Hugo Chávez (1999-2013).
Explicó que la reforma permitirá que el sector privado "también pueda proporcionar el servicio, (...) sobre todo a los grandes consumidores, a las industrias, a los centros comerciales".
Venezuela sufre una crisis eléctrica desde hace más de una década, y en el último año los apagones se han incrementado, con protestas en distintos estados del país.
La oposición y expertos argumentan que las fallas en el sistema eléctrico se deben a la corrupción y falta de mantenimiento, y el gobierno dice que el problema es ocasionado por las sanciones, los fenómenos climáticos y sabotajes.
La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, prometió recientemente que "pronto" llegará el alivio a la crisis.
