Tras siete años al frente de El Salvador, Nayib Bukele llega a la antesala de las elecciones de 2027 con una carta central: la seguridad. Su gobierno defiende una caída histórica en las cifras de homicidios y la recuperación del control territorial frente a las pandillas, mientras sus críticos advierten que ese resultado ha sido construido sobre un régimen de excepción prolongado, detenciones masivas y un alto coste institucional.
El nuevo paso electoral fue anunciado el 29 de junio de 2026 por Xavi Zablah Bukele, el presidente del partido Nuevas Ideas y primo del mandatario, con una frase breve: “Estamos listos”. El mensaje fue republicado después por el partido oficialista.
En el plano regional, el presidente Bukele ha pasado a ser referente de un modelo político que lleva su nombre y que ha sido reforzado por su partido. Nuevas Ideas publicó en X el 28 de junio: “En un año volveremos a hacer historia”, en referencia a las elecciones de 2027.
El presidente, por su parte, centra sus publicaciones en el despliegue de unos 300 rescatistas salvadoreños enviados a Venezuela, a quienes ha presentado como parte de una misión de ayuda capaz de llevar esperanza y rescatar con vida a personas atrapadas entre los escombros.
Bukele llegó por primera vez a la presidencia de El Salvador en 2019 y fue reelegido en 2024 con el 84 % de los votos. Su segundo mandato debía concluir en 2029, pero una reforma constitucional aprobada en 2025 lo recortó al 1 de junio de 2027 para sincronizar las elecciones presidenciales, legislativas y municipales.
La misma reforma habilitó la reelección indefinida, elevó de cinco a seis años el periodo presidencial y eliminó la segunda vuelta presidencial. Eso significa que la presidencia puede definirse por mayoría simple, sin necesidad de superar el 50 % en una segunda ronda.
Durante su primer gobierno, Bukele lanzó el Plan Control Territorial, y en marzo de 2022, ante una ola de violencia, la Asamblea Legislativa aprobó un régimen de excepción impulsado por su gobierno, que suspendió varias garantías constitucionales y amplió las facultades de detención de las fuerzas de seguridad. La medida permitió, entre otros efectos, ampliar los plazos de detención sin control judicial inmediato y facilitar operativos contra pandillas en todo el país.
En junio de 2022, el Ministerio de Seguridad destacó que tras su implementación, "el país inició una etapa histórica en la reducción de indicadores de violencia". Las cifras indicaban "41,000 terroristas detenidos bajo el régimen de excepción".
Tras el aumento de número de reclusos, El Salvador inició ese mismo año la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megapenitenciaría presentada por el gobierno como una pieza central de la llamada “guerra contra pandillas”.
El Salvador aceptó encarcelar en el CECOT a deportados enviados desde Estados Unidos, incluidos venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua. Esa decisión convirtió el modelo penitenciario salvadoreño en una herramienta de la política migratoria estadounidense.
Imagen de archivo del 15 de marzo de 2023 del traslado de un segundo grupo de 2 mil detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en Tecoluca, El Salvador. (Presidencia de El Salvador vía Getty Images)Según Reuters, más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos fueron enviados al CECOT y en 2025 formaron parte de un intercambio con Venezuela por estadounidenses detenidos y presos políticos.
Tras siete años en el poder: lo que defiende Bukele
Bukele defiende su gestión apoyado en sus resultados en seguridad: la caída de los homicidios, la pérdida de control territorial de las pandillas y la percepción de mayor seguridad. En la discusión legislativa más reciente, el 24 de junio se habló de más de 91,000 capturas, una tasa de homicidios de 1.3 por cada 100,000 habitantes y más de 1251 días con cero asesinatos desde el inicio del régimen de excepción, según datos oficiales citados durante la prórroga.Un análisis que cita datos recopilados por la prensa y fuentes oficiales salvadoreñas sostiene que la tasa de homicidios en El Salvador cayó de 38.2 por cada 100,000 habitantes en el año 2019 a 1.9 en el 2024.
A modo comparativo, en México la tasa de homicidios en 2024 fue de 25.4 por cada 100,000 habitantes, según datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y no hay informes de una fuerte disminución.
En sus discursos recientes, el presidente sostiene que la guerra contra las pandillas quedó atrás y presenta una nueva fase para llegar a tener un país de “ley y orden”. En esta nueva fase El Salvador combate delitos como el raterismo, el contrabando, la evasión fiscal, la corrupción y la contaminación ambiental, expresó Bukele el 19 de mayo de 2026, en la inauguración del nuevo complejo de la Fiscalía General.
“Vamos a una nueva etapa donde nuestro país debe construir, no el país más seguro del hemisferio —que ya lo somos— sino el país con mayor ley y orden de todo el hemisferio”.
“Y en un futuro, uno de los países con mayor respeto a la ley y al orden en el mundo”.
El presidente salvadoreño también defiende el desarrollo del sistema penitenciario para ofrecer programas de rehabilitación a los reos, avanzar con proyectos de prevención en escuelas y apoyar a la justicia para llevar a los culpables a prisión.
“Un 50 % de los reos están en programas de rehabilitación. Porque van a salir de la cárcel y queremos que salgan reinsertados en la sociedad”, dijo Bukele.
“Es el programa de reinserción porcentualmente más grande de Latinoamérica. Es un componente importante, sobre todo en el combate al crimen”.
Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) asisten a una audiencia judicial remota por videoconferencia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. (Marvin Recinos/AFP via Getty Images)El Overseas Security Advisory Council (OSAC), un órgano de cooperación en seguridad del Departamento de Estado de EE. UU. con el sector privado estadounidense en el exterior, dijo en febrero de este año que la capacidad de las pandillas salvadoreñas para coordinarse e imponerse sobre la sociedad quedó ampliamente erosionada tras el nuevo modelo de gobierno salvadoreño.
El Banco Mundial, por su parte, afirma que desde 2022 las medidas de seguridad reforzadas del país “han reducido drásticamente la delincuencia, impulsando la confianza del mercado”.
"El desempeño del programa ha sido sólido y la economía continúa expandiéndose", indicó el Fondo Monetario Internacional (FMI) a mediados del año pasado en su reporte sobre la liberación de fondos para El Salvador.
Un guardia penitenciario vigila el perímetro interior del CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), donde permanecen encarcelados miles de presuntos pandilleros, el 15 de diciembre de 2025, en Tecoluca, El Salvador. El CECOT ganó notoriedad en 2025, cuando la Administración Trump comenzó su controvertida política de deportar a El Salvador a personas que afirmaba eran miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13), una pandilla cuyos integrantes han sido históricamente salvadoreños. (John Moore/Getty Images)Por su parte, WOLA, una organización de investigación sobre derechos humanos y democracia en América Latina, critica el régimen de excepción salvadoreño instaurado en 2022, que ha continuado renovándose hasta la fecha. Según la organización, éste dejó de ser una medida extraordinaria y se convirtió en una política permanente. Para WOLA, la concentración de poder, la falta de independencia judicial y las detenciones masivas han debilitado el Estado de derecho.
Sin embargo, el informe del OSAC sostiene que el régimen de excepción ha dado como resultado una drástica disminución de la delincuencia violenta y ha transformado por completo el entorno de seguridad en el país.
Human Rights Watch, a su vez, advierte que el gobierno de Bukele ha continuado “eliminando contrapesos al poder ejecutivo”, y que intensificó la represión contra defensores y críticos de los derechos humanos.
El régimen de excepción sigue sin una fecha de cierre. Formalmente se prorroga por períodos de 30 días. La prórroga vigente, aprobada por la Asamblea Legislativa, va del 30 de junio al 29 de julio de 2026.
Bukele dijo en una entrevista con Time al respecto que “cada país debe evaluar su propia realidad y lo que enfrenta”.
En otra entrevista anterior, aclaró que esperaba levantarlo “en el futuro cercano” y volver a procesos constitucionales normales, manteniendo la paz con herramientas policiales y judiciales ordinarias.
Imagen de archivo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un discurso ante estudiantes en San Salvador. (Marvin Recinos / AFP vía Getty Images)En el plano regional, Bukele ha pasado a ser un referente político. Su política de seguridad basada en el régimen de excepción, las detenciones masivas y el uso del Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha sido observada por gobiernos, candidatos y sectores políticos de otros países latinoamericanos que buscan respuestas rápidas frente al crimen organizado.
Ese fenómeno suele describirse como el “modelo Bukele”. Sus defensores lo presentan como una fórmula eficaz para reducir homicidios y recuperar territorios controlados por pandillas. Sus críticos advierten que replicarlo puede normalizar estados de excepción prolongados, encarcelamientos masivos y restricciones de derechos fundamentales como respuesta regional a la inseguridad.
Un estudio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno concluyó que el éxito del modelo de seguridad implementado en El Salvador responde en gran medida a las condiciones históricas y sociales particulares del país, por lo que advirtió que replicarlo en otras naciones de América Latina presenta “limitaciones significativas”.
