Cuando Nayib Bukele llegó a la presidencia de El Salvador en 2019, la violencia de las pandillas era una de las principales preocupaciones de la población. Desde entonces, convirtió la seguridad en el eje central de su gobierno y hoy sostiene que el país “es el más seguro del hemisferio”. ¿Cuáles son los resultados que muestra su gobierno y qué cuestionan sus críticos?
El Plan Control territorial
El 20 de junio de 2019 Nayib Bukele lanzó el Plan Control Territorial, la principal estrategia de seguridad de su gobierno para combatir a las pandillas y recuperar territorios controlados por estructuras criminales. El plan combinó despliegues policiales y militares, control, inteligencia y fortalecimiento penitenciario.Tras el primer año de operativos, el gobierno sostuvo en una evaluación oficial que las incautaciones de droga habían aumentado, lo que estaba golpeando directamente las finanzas de las estructuras criminales y del narcotráfico que operaban en el país. Dos años después, Bukele celebró que su estrategia había permitido a El Salvador salir de la lista de los países más violentos del mundo.
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Régimen de excepción
Imagen de archivo del 27 de enero de 2025 de internos en una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en Tecoluca, El Salvador. (Marvin Recinos / AFP vía Getty Images)La siguiente etapa comenzó en marzo de 2022, después de que las pandillas reaccionaran a las medidas de seguridad impulsadas por Nayib Bukele con una ola de homicidios. La respuesta del gobierno salvadoreño fue inmediata y la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó un régimen de excepción tras el aumento de la violencia.
Del 25 al 27 de marzo de ese año, miembros de las pandillas Barrio 18 y MS-13 asesinaron a 92 personas en El Salvador. El episodio fue destacado posteriormente por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (DNI) de Estados Unidos en un perfil sobre Barrio 18, donde describió a la pandilla como una de las organizaciones criminales más violentas del hemisferio occidental. Junto con MS-13, es considerada una de las principales amenazas de seguridad de la región.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 26 de marzo un régimen de excepción que suspendió varias garantías constitucionales y amplió las facultades de detención de las fuerzas de seguridad. La medida permitió, entre otras cosas, extender los plazos de detención administrativa y facilitar operativos contra pandillas en todo el país. Desde entonces, el Congreso salvadoreño ha prorrogado de forma consecutiva el decreto como parte de la estrategia de seguridad impulsada por el Gobierno.
En mayo de 2022, al justificar una nueva prórroga del régimen de excepción, la Asamblea aseguró que durante los primeros meses de aplicación habían sido detenidos cerca de 35 mil presuntos pandilleros, mientras las autoridades reportaban 28 días sin homicidios bajo el régimen y 35 jornadas sin muertes violentas en el marco del Plan Control Territorial.
En contraste con políticas anteriores, el parlamentario oficialista Caleb Navarro sostuvo en esa fecha que durante los gobiernos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, exfuncionarios habrían entregado 433 mil dólares a las pandillas.
En un informe remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y publicado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) en julio de 2022, el gobierno de El Salvador defendió el Plan Control Territorial y aseguró que existía “abundante evidencia” de su impacto en la reducción de homicidios y delitos.
Al tercer año, el Ministerio de Seguridad destacó que tras su implementación, "el país inició una etapa histórica en la reducción de indicadores de violencia" y señaló que ya son "más de 41 mil terroristas detenidos en el marco del Régimen de Excepción". El promedio diario de homicidios se redujo a 0.5.
Presuntos pandilleros esperan un examen médico en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) el 15 de diciembre de 2025 en Tecoluca, El Salvador. (John Moore/Getty Images)Al cuarto año, al prorrogar por vigésima octava vez el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa de El Salvador afirmó que “El Salvador se ha posicionado como uno de los países más seguros del hemisferio occidental y ha desaparecido de las listas de los países más peligrosos del mundo”.
Durante la sesión, la diputada Ana Figueroa declaró que el régimen “ha sido una herramienta eficaz para combatir ese cáncer de la delincuencia que por tantas décadas nos hizo derramar sangre” y lo describió como “una estrategia de seguridad fabricada 100 % en El Salvador”.
La legisladora también aseguró que la imagen internacional del país había cambiado.
“Antes éramos tachados como el país más peligroso del mundo”, señaló, al afirmar que la violencia afectaba las inversiones, el turismo y las oportunidades económicas. Según Figueroa, el nuevo escenario de seguridad comenzó a atraer turismo, inversiones y abrió la posibilidad de que parte de la diáspora salvadoreña regresara al país.
Como respaldo, la Asamblea informó que El Salvador acumulaba 24 días sin homicidios en 2024, de los cuales 19 fueron consecutivos. Además, sostuvo que el gobierno proyectaba cerrar el año con una tasa de homicidios de 1,8 por cada 100,000 habitantes, la más baja del hemisferio occidental.
Amnistía International ha sido una de las organizaciones más críticas del modelo de seguridad con régimen de excepción permanente. En su informe de 2025, calificó el sistema como un “modelo represivo” y advirtió que más de 90 mil personas permanecían detenidas “sin pruebas suficientes”.
La ONG también cuestionó reformas que ampliaron hasta dos años la detención provisional y señaló que El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, con unas 1650 personas privadas de libertad por cada 100 mil habitantes. Además, sostuvo que al menos 470 personas murieron bajo custodia estatal desde el inicio del régimen de excepción.
Megacentro de confinamiento
Tras el aumento de número de reclusos, El Salvador inició en 2022 la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megapenitenciaría presentada por el gobierno como una pieza central de la llamada “Guerra Contra Pandillas” y descrita como un gigantesco complejo penitenciario destinado a recluir a miles de presuntos pandilleros capturados bajo el régimen de excepción.
Imagen de archivo del 15 de marzo de 2023 del traslado de un segundo grupo de 2 mil detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en Tecoluca, El Salvador. (Presidencia de El Salvador vía Getty Images)“Ahora debemos construir un centro penitenciario para internar a las decenas de miles de terroristas que acechaban nuestro país. Son muchos los factores que deben salir bien y a tiempo para poder ganar la Guerra Contra Pandillas y la construcción de un gigantesco Centro Penitenciario es uno de esos factores”, expresó entonces Bukele.
El entonces ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informó que el complejo, construido en Tecoluca, bajo estándares internacionales de máxima seguridad, incluiría bloqueadores de señal telefónica, sistemas contra drones, múltiples anillos de seguridad y 37 torres de vigilancia.
El complejo fue diseñado sobre 231 manzanas de terreno y tendría capacidad para ocho pabellones con capacidad para 2500 internos cada uno, es decir, hasta 20,000 reclusos.
El gobierno de Estados Unidos utilizó la Alien Enemies Act de 1798, una ley de guerra del siglo XVIII, para deportar en marzo de 2025 a 238 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua hacia El Salvador, donde fueron trasladados al CECOT.
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Reuters reportó posteriormente que Washington acordó pagar aproximadamente 6 millones de dólares para que El Salvador encarcelara hasta 300 presuntos miembros de la organización criminal venezolana.
Para Bukele es solo el inicio
Durante un discurso del 19 de mayo, durante la inauguración de un complejo de oficinas de la Fiscalía General de la República de El Salvador, Nayib Bukele afirmó que “acabar con el crimen tiene cuatro grandes áreas”. Según el mandatario, la primera etapa —el combate al delito— ya se logró y ahora el objetivo es que El Salvador se convierta en “un país con la mayor ley y orden del hemisferio” y, “en un futuro, uno de los países con mayor respeto a la ley y al orden en el mundo”.“La gente ya entendió que nuestro país pasó de eliminar el crimen violento a una etapa donde se deben eliminar todos los delitos”, dijo Bukele. “Ya no asesinan, gracias a Dios. Ya no extorsionan, gracias a Dios. Ya no violan, gracias a Dios. Pero todavía hay raterismo, contrabando y corrupción”.
“Vamos a una nueva etapa donde nuestro país debe construir no solo el país más seguro del hemisferio —que ya lo somos— sino el país con mayor ley y orden de todo el hemisferio”.
¿Se puede replicar el modelo en Latinoamérica?
Un estudio de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno concluyó que el éxito del modelo de seguridad implementado en El Salvador responde en gran medida a las condiciones históricas y sociales particulares del país, por lo que advirtió que replicarlo en otras naciones de América Latina presenta “limitaciones significativas”.
Imagen de archivo del 23 de abril de 2026 de internos durante una audiencia masiva contra presuntos pandilleros y criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador. (lex Peña / Getty Images)Como resultado del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, indica que las autoridades salvadoreñas reportaron hasta el año 2025 la detención de 87 mil personas, además del decomiso de 4565 armas, 1451 vehículos y 21,630 teléfonos celulares.
El análisis, que cita datos recopilados por la prensa y fuentes oficiales salvadoreñas, sostiene además que la tasa de homicidios en El Salvador cayó de 38.2 por cada 100 mil habitantes en 2019 a 1.9 en 2024.
Sobre el régimen de excepción explica que puede analizarse desde tres dimensiones: la fáctica, relacionada con los hechos que originan la crisis; la normativa, vinculada con las reglas y mecanismos legales aplicados; y la axiológica, asociada a los valores que justifican la medida.
A partir de ello, los investigadores identifican dos grandes posturas sobre este tipo de regímenes. Una visión “máxima” o antidemocrática sostiene que el estado de excepción permite al gobernante ampliar su poder y priorizar el orden por encima de los límites jurídicos.
La otra, denominada “mínima” o democrática, considera que puede ser una herramienta legítima para proteger derechos en situaciones extraordinarias, siempre que existan proporcionalidad, controles institucionales y límites temporales claros.
El estudio concluye que, para aplicar un modelo similar en otros países, sería necesario establecer límites estrictos de duración, controles legislativos y judiciales efectivos, supervisión independiente en materia de derechos humanos y políticas sociales complementarias. De lo contrario, advierte, existe el riesgo de erosionar las garantías constitucionales y debilitar las instituciones democráticas.
La investigación señala que “la prolongación reiterada de un estado de excepción corre el riesgo de convertirlo en una ‘técnica de gobierno’ permanente”.
Según el análisis, “la población vive en un contexto de reducción de criminalidad, pero con un marco legal restringido, lo que genera una percepción ambivalente entre seguridad y pérdida de libertades”.
En México, donde la tasa de homicidios en 2024 fue de 25.4 por cada 100 mil habitantes, según datos del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la violencia sigue muy por encima de los niveles de homicidio reportados por El Salvador el mismo año.
Aunque el modelo Bukele se ha hecho popular en América Latina, el gobierno de Claudia Sheinbaum optó por una línea distinta para el periodo 2024-2030.
Imagen de archivo del 23 de febrero de 2026 de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, en Ciudad de México. Foto de Cristopher Rogel Blanquet / Getty ImagesLa estrategia mexicana se basa en cuatro ejes: atención a las causas mediante programas sociales, fortalecimiento de la Guardia Nacional, uso de inteligencia e investigación para desarticular redes criminales y coordinación entre el Gabinete de Seguridad Federal, fiscalías y gobiernos estatales.
