El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó que su gobierno está dispuesto a permitir que cubanos residentes en el exterior y empresarios de otros países participen en la administración y operación de hoteles en la isla, en medio de un escenario marcado por nuevas sanciones del gobierno de Estados Unidos y crecientes presiones económicas sobre el sector turístico cubano.
Díaz-Canel aseguró que La Habana busca nuevas fórmulas para atraer inversiones y mantener la actividad turística, durante una entrevista al medio de noticias elDiario.es publicada este 5 de junio.
Ante una pregunta del reportero sobre las medidas del gobierno cubano tras el retiro de las empresas españolas hoteleras Iberostar y Meliá, así como el cese de operaciones de Visa u MasterCard en la isla, Díaz-Canel dijo que están planteando "modalidades de negocio diferentes. Cubanos que quieran invertir y que quieran administrar hoteles. Estamos abiertos para eso", declaró.
El mandatario agregó que la propuesta también está dirigida a empresarios extranjeros que no mantengan vínculos financieros con Estados Unidos.
"Personas de otros países o entidades de otros países que no tienen ni cuentas en Estados Unidos ni dependencia con Estados Unidos y que están dispuestos a trabajar con Cuba también tienen espacios abiertos", señaló.
Asimismo, indicó que esas oportunidades también han sido presentadas a la comunidad cubana que reside fuera de la isla.
"Hemos ofrecido también estas posibilidades de negocio para los cubanos residentes en el exterior", afirmó.
Las declaraciones se producen mientras este viernes vence el plazo fijado por el gobierno estadounidense para que compañías extranjeras concluyan sus relaciones comerciales y financieras con Cuba y con empresas vinculadas al conglomerado militar Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), si desean evitar posibles medidas punitivas por parte de Washington.
El anuncio de Díaz-Canel también ocurre después de que Estados Unidos impusiera sanciones contra el mandatario cubano, varios de sus familiares y figuras cercanas al liderazgo político de la isla.
Las medidas alcanzan a Díaz-Canel, a su esposa Lis Cuesta y a su hijastro Manuel Anido Cuesta. También incluyen a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y a Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exgobernante cubano.
La decisión estadounidense se extendió además a organizaciones e instituciones vinculadas a la estructura política y militar cubana, entre ellas los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) y la agencia de viajes Amistur Cuba S.A.
Al anunciar las sanciones, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo que estas medidas buscan afectar una red que, según Washington, facilita y financia actividades de influencia y operaciones promovidas por el gobierno cubano.
Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó que su administración busca que Cuba se convierta en un país capaz de sostener a su población, aunque describió a la isla como un "país fallido".
Díaz-Canel rechazó las sanciones y aseguró que forman parte de nuevas acciones coercitivas dirigidas contra Cuba.
"Esta ceguera política se suma a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para perjudicar al pueblo cubano", escribió en la red social X.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también cuestionó las medidas estadounidenses y afirmó que cualquier intento de generar un escenario de confrontación entre ambos países está destinado al fracaso.
Mientras tanto, algunas empresas ya comenzaron a desvincularse de entidades cubanas para evitar posibles sanciones.
El Banco Central de Cuba informó esta semana que los servicios financieros internacionales asociados a Visa y Mastercard dejarían de operar en la isla a partir del sábado, después de que un banco extranjero que gestionaba esas operaciones decidiera poner fin a su relación con Fincimex, entidad perteneciente a GAESA.
Según la autoridad monetaria cubana, la decisión está directamente relacionada con la orden ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo y tendrá un impacto significativo sobre la capacidad de Cuba para recibir pagos internacionales mediante esas plataformas.
La medida representa uno de los golpes más recientes a los vínculos financieros de la isla con el exterior y refleja el efecto que ya están teniendo las nuevas disposiciones estadounidenses sobre empresas y entidades que mantenían relaciones comerciales con Cuba.
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