De ser eliminada la ciudadanía por nacimiento, como propone Trump, crecería notablemente la población indocumentada en Estados Unidos, dice informe.
Un juez federal ordenó el martes la liberación inmediata del investigador de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri, acusado por la administración Trump de tener vínculos con el grupo terrorista Hamás.
Una niña de dos años se reunió con su familia venezolana el 14 de mayo después de que sus padres, acusados por el Gobierno federal de ser miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua, fueran deportados de Estados Unidos sin ella.
La jueza del circuito del condado de Milwaukee, Hannah Dugan, fue acusada por un gran jurado federal el 13 de mayo, tras ser detenida y acusada de ayudar a un inmigrante ilegal a evadir al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el mes pasado.
Las autoridades de Florida anunciaron que 1800 agentes de la Patrulla de Carreteras del estado son los primeros del país en recibir credenciales federales en virtud de un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que les permite arrestar a inmigrantes ilegales por su cuenta.
El Departamento de Seguridad Nacional emitió una citación al condado de Los Ángeles para los registros vinculados a un programa de asistencia estatal, que el departamento alega que pudo ser utilizado para proporcionar ilegalmente beneficios federales a inmigrantes ilegales.
Las detenciones de inmigrantes ilegales en la frontera de Estados Unidos cayeron un 93 por ciento en abril en comparación con el mismo mes del año pasado, según datos publicados el 12 de mayo.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) especificó qué tipos de migrantes no tendrán que solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) en el país y cuáles sí lo necesitarán.
Un juez federal advirtió a la administración Trump que no utilice una reciente orden ejecutiva sobre las llamadas jurisdicciones santuario para eludir el bloqueo que ya impuso a órdenes similares relacionadas con la financiación de esas jurisdicciones.
Los abogados de la administración Trump presentaron una solicitud de emergencia a la Corte Suprema de Estados Unidos en un intento de revocar el estatus migratorio temporal de cientos de miles de ciudadanos venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses que viven en Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump invocó el privilegio del secreto de Estado mientras una corte federal investiga la información relativa a la deportación de Kilmar Abrego García a El Salvador.
Cinco ciudadanos mexicanos fueron arrestados por presuntas actividades de tráfico de personas en San Diego, las cuales resultaron en la muerte de al menos tres inmigrantes indocumentados, incluyendo un niño de 14 años de la India, cuya hermana de 10 años se encuentra desaparecida en el mar y se presume muerta.
Una jueza federal denegó la solicitud de la administración Trump de revocar una orden que obligaba a devolver a EE. UU. a un venezolano deportado a El Salvador. La respuesta de la jueza alega que la expulsión del hombre violó un acuerdo judicial que protege de la deportación a los menores no acompañados con solicitudes de asilo pendientes.
El 5 de mayo, una corte federal de apelaciones rechazó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional de suspender la sentencia de una corte inferior que bloqueaba la terminación del estatus legal temporal de cientos de miles de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos que residen en Estados Unidos.
Ruanda inició conversaciones para acoger a inmigrantes ilegales deportados de Estados Unidos, según anunció el 4 de mayo el ministro ruandés de Asuntos Exteriores, Olivier Nduhungirehe.
Una inmigrante ilegal guatemalteca que cruzó la frontera de Estados Unidos estando embarazada de ocho meses y dio a luz en Arizona evitó la deportación rápida luego de que intervino la gobernadora del estado, dijeron el 3 de mayo su abogado y un funcionario federal.
La administración Trump presentó el viernes una demanda contra Colorado y la ciudad de Denver, buscando poner fin a las políticas estatales y municipales que obstaculizan a las autoridades federales en la aplicación de las leyes de inmigración.
Estados Unidos anunció el jueves la creación de una segunda zona militar a lo largo de su frontera sur con México, ampliando aún más la presencia militar en la zona.
El Departamento de Justicia (DOJ) comunicó el 1 de mayo que presentó una denuncia contra Illinois y su Departamento de Trabajo, alegando que la Ley de Derecho a la Privacidad en el Lugar de Trabajo del estado interfiere con la autoridad federal en materia de inmigración.
El gobierno federal cambió las reglas sobre el estatus legal de los estudiantes extranjeros en Estados Unidos, permitiendo su deportación acelerada si se les revoca la visa, según un memorando interno de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presentado en un expediente judicial.
