El Departamento de Seguridad Nacional emitió una citación al condado de Los Ángeles para los registros vinculados a un programa de asistencia estatal, que el departamento alega que pudo ser utilizado para proporcionar ilegalmente beneficios federales a inmigrantes ilegales.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional entregó una citación del Título 8 al Departamento de Servicios Sociales Públicos del condado de Los Ángeles, que administra el Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes de California.
Si bien el programa de asistencia en efectivo es una iniciativa financiada por el estado, la citación federal busca registros desde enero de 2021 hasta el presente para determinar si algún beneficiario recibió beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario pero que no eran elegibles, en función de su estado migratorio.
Los documentos solicitados incluyen solicitudes, registros de estado de inmigración, pruebas de inelegibilidad de Seguridad de Ingreso Suplementario y declaraciones juradas de apoyo, dijo el DHS en un anuncio.
«Los políticos de la izquierda radical de California dan prioridad a los inmigrantes ilegales sobre nuestros propios ciudadanos, incluso dándoles acceso a prestaciones en efectivo», dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
«Si usted es inmigrante ilegal, debe marcharse ya. Se acabó el pago». Aunque esta citación se centra sólo en el condado de Los Ángeles, es sólo el principio».
La medida se produce menos de un mes después de que el presidente Donald Trump firmara un memorando que ordena a las agencias federales tomar medidas enérgicas contra el mal uso de los fondos de la Ley de Seguridad Social. La directiva del 15 de abril, destinada a hacer cumplir la Orden Ejecutiva 14218, pide a los funcionarios federales que identifiquen y eviten los pagos a beneficiarios no elegibles, incluidos aquellos sin estatus migratorio legal.
El memorando de Trump ordena a las agencias federales que investiguen el fraude y den prioridad a la aplicación de la ley en zonas con un elevado número de inmigrantes ilegales. También pide que se amplíen los programas de persecución del fraude a través de fiscales federales adjuntos especiales, particularmente dirigidos al robo de identidad y pagos indebidos de beneficios.
Según el DHS, más de 2 millones de inmigrantes ilegales recibieron números de Seguro Social en el año fiscal 2024 bajo políticas anteriores. El departamento dijo que ahora está trabajando con otras agencias para evitar cualquier desembolso adicional de beneficios a beneficiarios no elegibles.
La Administración de la Seguridad Social expresó anteriormente su apoyo al memorando de la Casa Blanca y esbozó las medidas que está adoptando para evitar futuros fraudes en las prestaciones. En una declaración del 16 de abril, el Comisionado en funciones Leland Dudek dijo que la agencia se compromete a garantizar que las prestaciones «se pagan sólo a quienes deben recibirlas».
La Administración de la Seguridad Social dijo que está revisando los informes de ingresos cuestionables y considerando la posibilidad de reanudar las sanciones monetarias civiles en los casos de fraude. La agencia también confirmó que recientemente reclasificó más de 6300 números de la Seguridad Social como no elegibles tras identificar a beneficiarios que fueron puestos en libertad condicional en EE. UU. a pesar de tener antecedentes penales o problemas de seguridad nacional.
En una declaración enviada por correo electrónico a The Epoch Times, el Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) dijo que está revisando la solicitud federal relacionada con el programa, que es administrado por el condado de Los Ángeles.
CDSS dijo que CAPI es «100 por ciento financiado por el estado» y «no está generalmente disponible para los californianos indocumentados». El departamento agregó que el programa fue creado en 1998 bajo el gobernador Pete Wilson (R) y proporciona apoyo a las personas mayores, ciegos o discapacitados que tienen estatus legal, protecciones legales, o están solicitando para ellos, incluidas las víctimas de la delincuencia y la trata de personas.
El departamento añadió que durante el año fiscal 2024-25, CAPI atendió a más de 16,000 personas en todo el estado.
El gobernador de California Gavin Newsom y el Departamento de Servicios Sociales Públicos del Condado de Los Ángeles no respondieron a una solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la publicación.
Con información de Naveen Athrappully.
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