De ser eliminada la ciudadanía por nacimiento, como propone Trump, crecería notablemente la población indocumentada en Estados Unidos, dice informe.
El estudio del Instituto de Políticas Migratorias (MPI por sus siglas en inglés) y el Instituto de Investigación Poblacional de Penn State, dice que la eliminación del derecho de ciudadanía por nacimiento “aumentaría significativamente el tamaño de la población no autorizada, ahora y por generaciones futuras”.
Ambos institutos señalan que sus nuevas estimaciones muestran que poner fin a la ciudadanía por nacimiento a personas nacidas en EE. UU. de padres que estén de manera ilegal en Estados Unidos o de inmigrantes con un estatus legal temporal “aumentaría la población no autorizada en 2.7 millones adicionales para 2045 y en 5.4 millones para 2075”.
El estudio destaca que durante los próximos 50 años, por cada año un promedio de 255,000 niños nacidos en Estados Unidos iniciarán una vida sin ciudadanía estadounidense debido al estatus legal de sus padres.
Además de este significativo aumento en la población indocumentada en el país, el MPI señala que de ser implementada la orden ejecutiva del presidente Trump, crearía “una subclase multigeneracional y autosostenida en la que residentes nacidos en EE. UU. heredarían las desventajas sociales de sus padres e incluso, con el tiempo, de sus abuelos y bisabuelos”.
El informe señala que para 2075 habría 1.7 millones de personas nacidas en Estados Unidos sin ciudadanía ni estatus legal, con padres que también nacieron en el país, pero que de igual manera no cuentan con la ciudadanía o un estatus legal.
“La creación de una clase de residentes nacidos en EE. UU. privados de los derechos que la ciudadanía otorga a sus vecinos, compañeros de clase y colegas de trabajo podría sembrar las bases para una importante disrupción en la movilidad económica y la cohesión social en los años y décadas venideros”.
El 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva en la que el gobierno federal no reconoce la ciudadanía por derecho de nacimiento automática a los hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos.
La orden ejecutiva señala que, aunque la Decimocuarta Enmienda repudió el fallo Dred Scott en 1857 al reconocer la ciudadanía de personas nacidas en EE. UU., nunca se ha interpretado como una garantía de ciudadanía universal para todos los nacidos en el país.
No obstante, la orden ejecutiva de Trump que debió entrar en vigor el 19 de febrero, fue bloqueada a nivel nacional por diversas ordenes emitidas por jueces federales de los estados de Washington, Massachusetts y Maryland señalando que la directiva probablemente violaba el lenguaje de la Constitución de Estados Unidos sobre la ciudadanía de los bebés nacidos en Estados Unidos.
Los detractores de la orden de Trump citan la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en la que la corte sostuvo que la 14.ª Enmienda otorgaba la ciudadanía por nacimiento a un hombre chino cuyos padres se encontraban legalmente en Estados Unidos.
En marzo, la administración Trump solicitó a la Corte Suprema la intervención y revocación, al menos parcialmente, de las múltiples medidas cautelares que los tribunales han dictado contra su orden ejecutiva para restringir la ciudadanía por nacimiento.
El 15 de mayo la Corte Suprema estará escuchando los argumentos orales de esta audiencia.
En los documentos presentados para la apelación, el Departamento de Justicia no pidió a la Corte Suprema que evaluara la constitucionalidad de la orden ejecutiva de Trump, pero sí propuso limitar el alcance de las medidas cautelares, para que solo afecten a quienes están directamente involucrados en las demandas.
Con información de Reuters.
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