El 30 de junio, la Corte Suprema anuló el decreto presidencial del presidente Donald Trump con el que pretendía poner fin a la ciudadanía por nacimiento, pero tanto él como otros legisladores republicanos se han comprometido a encontrar una forma de eludir la sentencia.

Trump y varios miembros del Congreso han señalado que existe una vía para impedir que los hijos de inmigrantes ilegales y de visitantes temporales legales adquieran automáticamente la ciudadanía estadounidense al nacer.

Los expertos afirman que el presidente podría aplicar un proceso de visas más estricto y medidas de control más rigurosas para combatir el "turismo de maternidad", una práctica mediante la cual ciudadanos extranjeros utilizan documentos falsos, servicios de asesoramiento y intermediarios especializados en visados para entrar en Estados Unidos con el fin de dar a luz.

Sin embargo, según los expertos, sería difícil —si no imposible— lograr cambios legislativos y constitucionales.

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El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó el dictamen mayoritario del caso, conocido como "Trump contra Barbara", en el que afirmaba que la cláusula se aplicaba a los hijos de inmigrantes ilegales y de visitantes temporales legales.

Trump criticó la sentencia, aprobada por 6 votos contra 3, en Truth Social y propuso una vía alternativa para alcanzar sus objetivos en materia de ciudadanía por nacimiento.

"La Corte Suprema confirmó la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una lástima para nuestro país, pero podemos compensarlo fácilmente en el Congreso mediante legislación", escribió Trump en su publicación. "¡No es necesaria ninguna enmienda constitucional larga y complicada!".

Tras la decisión, el senador Eric Schmitt (R-Mo.) propuso una ley denominada Ley de Ciudadanía Estadounidense, que modificaría la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), vigente desde hace décadas.

Su propuesta modificaría la parte de la INA que incorpora el texto de la cláusula de ciudadanía y la garantía de ciudadanía.

El texto diría: "Una persona nacida en Estados Unidos y que no esté sujeta a ninguna potencia extranjera: siempre que se considere que una persona nacida en Estados Unidos está sujeta a una potencia extranjera si ninguno de sus progenitores es ciudadano estadounidense o ha sido admitido legalmente para la residencia permanente en el momento del nacimiento de dicha persona".

Schmitt se refirió al voto concurrente del juez Kavanaugh en la sentencia del 30 de junio. Kavanaugh rechazó la interpretación de la mayoría sobre la 14.ª Enmienda, pero señaló que, no obstante, la orden de Trump debería ser anulada en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

“De conformidad con la 14.ª Enmienda, el Congreso podría modificar [la INA] o promulgar nueva legislación que estableciera excepciones a la ciudadanía por nacimiento para los hijos de ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país de forma ilegal o temporal”, afirmó. "Pero el Congreso aún no lo ha hecho".

El Congreso podría intentar cambiar la ley, pero se enfrentaría a una dura batalla en los tribunales, declaró a The Epoch Times John Shu, experto en derecho constitucional que prestó servicio en ambas administraciones de Bush.

"Eso no va a cuajar", afirmó Shu al referirse a que el Congreso utilizara la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) para modificar la ciudadanía por nacimiento.

"Supongamos que el Congreso fuera capaz de enmendar la INA para eliminar la ciudadanía por nacimiento, lo cual es una suposición muy optimista", señaló Shu. "No creo que superara un recurso de inconstitucionalidad".

Neama Rahmani, un antiguo fiscal federal que trabajó en asuntos de inmigración, declaró a The Epoch Times que no creía que la legislación fuera a funcionar, al menos por ahora. Tanto él como John Malcolm, abogado de Advancing American Freedom, señalaron a The Epoch Times que las perspectivas de los republicanos podrían cambiar en el futuro.

Si uno de los jueces de la mayoría falleciera o se jubilara, su sustituto podría unirse a Kavanaugh y a los tres jueces conservadores disidentes para respaldar la nueva ley.

Para aprobar una nueva enmienda constitucional, los republicanos necesitarían una mayoría cualificada en el Congreso y el apoyo de tres cuartas partes de los estados.

"Hay más que suficientes estados gobernados por demócratas a los que les desagrada profundamente el presidente Trump, por lo que no se alcanzaría el umbral de ratificación de tres cuartas partes", declaró Shu a The Epoch Times.

También afirmó: "El Congreso está tan dividido en este momento que ni siquiera se ponen de acuerdo sobre qué debería haber en los menús de los comedores de la Cámara de Representantes y del Senado".

Carrie Severino, antigua asistente del juez Clarence Thomas, declaró de forma similar a The Epoch Times que una enmienda constitucional, en lugar de una ley, "sería la vía correcta" si los republicanos quisieran cambiar la política.

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"[El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado] sin duda tienen el poder y la autoridad para imponer un escrutinio más minucioso en la concesión de visados o en los puertos de entrada a las mujeres embarazadas procedentes de determinados países con un historial de turismo de nacimiento", afirmó Shu.

Chris Hajec, abogado de la Federación para la Reforma Migratoria Estadounidense, de tendencia conservadora, declaró a The Epoch Times que el gobierno debería centrarse en reforzar la aplicación de la ley.

"El gobierno debería aplicar mejor nuestras leyes de inmigración, para que no tengamos a millones de extranjeros viviendo aquí de forma ilegal", afirmó.

Tras la decisión de la Corte Suprema, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que comenzaría a perseguir enérgicamente las tramas de turismo de maternidad, que "se aprovechan de nuestras leyes de inmigración y, a menudo, violan nuestras leyes penales".

El departamento también hizo público un memorándum del fiscal general adjunto Colin McDonald dirigido a los empleados del DOJ sobre la persecución de las tramas de turismo de maternidad.

"Lamentablemente, el sistema estadounidense es explotado cada año por miles de extranjeros que viajan a Estados Unidos bajo falsos pretextos para dar a luz y asegurar la ciudadanía a su hijo", se lee en el memorándum.

Ordenó a todos los fiscales federales y a la División Penal del Departamento de Justicia que colaboraran con el Departamento de Seguridad Nacional para dar prioridad a la persecución de las tramas de turismo de maternidad.

"Acabaremos con el turismo de maternidad ilegal", afirmó.

Los expertos que hablaron con The Epoch Times comentaron medidas similares que podría adoptar la Administración Trump, como endurecer los programas de visados y reducir la "panoplia de prestaciones sociales" a las que podrían optar los inmigrantes, tal y como lo expresó Shu.

Shu señaló que las agencias federales también podrían colaborar con los fiscales estatales y locales, además de con los fiscales federales. Además, la Administración Trump podría deportar a cualquier persona que participara en el turismo de maternidad, en lugar de encarcelarla en Estados Unidos.

Esto sentaría un fuerte precedente y actuaría como elemento disuasorio para otras personas que pudieran intentar llevar a cabo un plan similar, según los expertos.

“[La administración Trump] debería ser muy estricta con el turismo de maternidad, y si se presenta una mujer embarazada procedente de China, o de cualquier otro país problemático, tanto ella como sus acompañantes deberían ser sometidos a un interrogatorio exhaustivo en la aduana o en el control de pasaportes”, afirmó Shu.

The Epoch Times se puso en contacto con la Casa Blanca para recabar comentarios y se le remitió a las declaraciones de Trump en Truth Social.