El representante republicano al 26.° distrito congresional de Florida ante la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Carlos Gimenez, pidió que se entregue a Diosdado Cabello, ministro del interior de Venezuela, ante la justicia de Estados Unidos.
"Diosdado Cabello debe ser entregado a las autoridades estadounidenses para que enfrente los graves cargos en su contra. El pueblo venezolano —y el mundo— merecen que se rindan cuentas", dijo Gimenez en un posteo en X del 19 de marzo.
"Criminales como Diosdado Cabello siguen operando en los niveles más altos del régimen venezolano, impunes y sin rendir cuentas", añadió Gimenez, quien también es miembro de los comités del Congreso en materia de Seguridad Nacional y Transporte e Infraestructura.
Cabello enfrenta cargos penales en Estados Unidos desde el 26 de marzo 2020, debido a una acusación federal presentada formalmente por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ante la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, por presuntamente conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos y otros cargos relacionados con armas de fuego.
Según las alegaciones contenidas en la acusación formal, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios venezolanos actuaron como líderes y administradores del Cártel de Los Soles desde al menos 1999, y abusaron del pueblo venezolano y corrompieron las instituciones legítimas de Venezuela para facilitar el traslado de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.
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Según el Título 21 del Código de los Estados Unidos, Sección 963, los delitos de conspirar para llevar cocaína hacia Estados Unidos conllevan una pena mínima obligatoria de 10 años.
Los delitos relacionados con posesión de armas de fuego vinculados al narcotráfico acarrearán multas o penas de prisión por un período no superior a diez años, o ambas cosas, según el artículo 924(c) del Título 18 del Código de los Estados Unidos. Ambos cargos conllevan penas consecutivas obligatorias.
Ese mismo día, el 26 de marzo, el Departamento de Estado de EE. UU., en coordinación con el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permitiera el arresto o condena de Cabello.
El representante republicano por Florida Carlos Giménez (R-FL) (2° de Izq.) habla acompañado de (de Izq. a Dcha.) el representante republicano por Florida Mario Díaz-Balart, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy (R-CA), la representante María Elvira Salazar (R-FL) y el representante Alex Mooney (R-WV) frente al Capitolio de los Estados Unidos el Capitolio, el 20 de mayo de 2021 en Washington, DC. McCarthy reconoció el Día de la Independencia de Cuba durante la rueda de prensa. (Alex Wong/Getty Images)El 18 de mayo de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Diosdado Cabello junto a otros altos funcionarios venezolanos por levar a cabo actividades de corrupción dentro del gobierno de Venezuela.
Según la OFAC, por muchos años Cabello ha sido considerado el segundo hombre más poderoso de Venezuela —después de Maduro— y ha mantenido importantes cargos de liderazgo en el gobierno venezolano desde que Chávez lo elevó al puesto de Ministro del Interior y Justicia en 2002.
"Cabello ha abusado de estas posiciones de influencia para llevar a cabo actividades ilícitas y corruptas, controlando y dirigiendo organismos gubernamentales y militares venezolanos como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el servicio de inteligencia interno venezolano", señaló la OFAC.
Más recientemente, el 10 de enero de 2025, el Departamento de Estado de EE. UU. elevó la recompensa a 25 millones de dólares por información que condujera al arresto y/o la condena de Cabello, una de las mayores recompensas por un caso de narcotráfico.
"No puede haber un cambio real ni credibilidad mientras personas acusadas de facilitar la corrupción y el narcotráfico permanezcan en el poder", añadió Gimenez.
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El 3 de enero, Estados Unidos capturó al entonces líder venezolano Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico, porte de armas para usar contra Estados Unidos, y otros.
En respuesta, la vicepresidente Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela el 5 de enero, con el respaldo del Tribunal Supremo y de las Fuerzas Armadas.
Desde entonces, Estados Unidos ha estableció una fuerte influencia en el país sudamericano relajando las sanciones al sector petrolero venezolano, autorizando a empresas estadounidenses y extranjeras operar en Venezuela, y restableciendo las relaciones diplomáticas y consulares.
Sin embargo, organismos internacionales siguen señalando un carácter autoritario y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno venezolano dentro del país.
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