Cuatro personas sin la ciudadanía estadounidense que votaron ilegalmente en las elecciones, o se trasladaron para votar, han sido imputadas, según informaron las autoridades federales el 24 de septiembre.
Dilea Ochoa-Pérez, de 43 años, de México, y Cliff Sanon, de 39, de Haití, ambos en situación irregular en Estados Unidos y residentes en Pensilvania, se encuentran entre los imputados. Ochoa-Pérez votó en las elecciones generales federales de 2022 y 2024, según informaron fiscales del Departamento de Justicia. Si es declarada culpable, se enfrenta a una pena de hasta dos años de prisión, un año de libertad vigilada y una multa de hasta 200,000 dólares.
La ley federal prohíbe a los no ciudadanos votar en las elecciones federales. Cada infracción conlleva una pena de hasta un año de prisión.
Sanon está acusado de votar ilegalmente en las elecciones de noviembre de 2022 y de presentar una solicitud de inscripción en el censo electoral en febrero de este año, antes de las elecciones primarias de mayo. Además, según las autoridades, presentó otras siete solicitudes fraudulentas de inscripción en el censo electoral.
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Sanon se enfrenta a una pena de hasta cinco años de prisión si es declarado culpable, así como a un año de libertad vigilada y a una multa de hasta 250,000 dólares.
Sade Guppy, de 37 años, originaria de Trinidad y Tobago y residente permanente legal en Estados Unidos, votó en las elecciones generales de 2022 a pesar de no ser ciudadana estadounidense, según la fiscalía. Se enfrenta a una pena de hasta un año de prisión, un año de libertad vigilada y una multa de hasta 100,000 dólares si es declarada culpable.
Eduardo Gallardo Maldonado, de 66 años, de México, otro residente permanente legal, está acusado de votar ilegalmente en las elecciones generales de noviembre de 2024. Si es declarado culpable, se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel, un año de libertad vigilada y una multa de hasta 100,000 dólares.
No está claro si los acusados han contratado a abogados.
"Nuestra soberanía como nación pertenece al pueblo estadounidense y a nadie más", afirmó en un comunicado el fiscal federal del Distrito Este de Pensilvania, David Metcalf. "Cualquier persona, incluidos los extranjeros en situación irregular, que vote ilegalmente en nuestras elecciones será procesada por corromper nuestra democracia".
Los investigadores del Departamento de Seguridad Nacional llevaron a cabo investigaciones sobre estas personas, según informó el Departamento de Justicia.
"El voto de los no ciudadanos es ilegal y tiene consecuencias reales para la ciudadanía estadounidense", afirmó en un comunicado Nathan Abel, agente especial al mando de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Filadelfia. "Cada voto ilegal puede socavar la confianza en el proceso electoral y restar peso a las voces de los ciudadanos estadounidenses. HSI Filadelfia mantiene su compromiso de colaborar con nuestros socios de las fuerzas del orden para investigar el fraude electoral y ayudar a proteger la integridad de las elecciones estadounidenses".
