La Corte Suprema dictaminó por 5 votos contra 4 el 26 de junio que el plazo de 30 días para impugnar las órdenes de deportación comienza cuando concluyen los procedimientos administrativos de expulsión, y no cuando se notifica al inmigrante ilegal.
El juez Samuel Alito redactó la opinión mayoritaria en el caso Riley vs Bondi.
Los jueces Clarence Thomas, Brett Kavanaugh, Amy Coney Barrett y el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se sumaron a la opinión mayoritaria en su totalidad.
La jueza Sonia Sotomayor presentó una opinión disidente. A esta se sumaron en su totalidad las juezas Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, y en parte el juez Neil Gorsuch.
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