El 24 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el presidente Donald Trump puede, por el momento, hacer cumplir su orden ejecutiva que restringe el voto por correo antes de las elecciones de medio término de noviembre, que determinarán el control del Congreso.
La orden no firmada de la Corte Suprema, a favor de la administración Trump, permite al gobierno federal hacer cumplir la Orden Ejecutiva 14399 del presidente, con fecha del 31 de marzo, cuyo objetivo era endurecer las normas del voto por correo en 23 estados gobernados por demócratas y el Distrito de Columbia, que la impugnaron ante las cortes.
La Corte Suprema declaró que su nueva orden "no significa que cualquier medida tomada por el Gobierno para implementar la Orden sea necesariamente legal... pero la [orden ejecutiva] en sí misma no perjudica a los estados, por lo que el corte de Distrito carecía de jurisdicción para impedir que el Gobierno intentara implementarla".
No leas más noticias. Entiéndelas.
En Epoch Times Español queremos estar en contacto directo contigo
Seleccionamos para ti lo que de verdad importa, sin ruido ni agendas. Es un canal abierto: si nos escribes, te respondemos.
En otras palabras, cualquier perjuicio concreto que puedan sufrir los estados litigantes provendría de acciones posteriores de las agencias que implementen la orden, y los estados podrían entonces demandar por ese asunto cuando surja.
La orden ejecutiva exige a las agencias federales que elaboren listas, estado por estado, de ciudadanos estadounidenses verificados en edad de votar. Ordena al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) que inicie el proceso de creación de nuevas regulaciones gubernamentales sobre cómo se manejan las boletas de voto por correo y en ausencia, que publique las regulaciones propuestas para permitir comentarios públicos y, finalmente, que publique las regulaciones finales y vinculantes.
La orden ejecutiva prohíbe al servicio postal enviar boletas de voto por correo a cualquier persona que no figure en las listas de ciudadanos verificados. También exige al USPS que imponga nuevos estándares de diseño de sobres y códigos de barras para el correo electoral.
Una corte federal de distrito había bloqueado la aplicación de la orden ejecutiva en 23 estados y en la capital del país. El nuevo fallo de la Corte Suprema suspende la orden de la corte inferior mientras se resuelve el proceso.
En su orden del 25 de junio, la juez federal de distrito Indira Talwaní, con sede en Massachusetts, bloqueó la Sección 2 de la orden ejecutiva, que ordena al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. recopilar listas de ciudadanos estadounidenses en edad de votar en cada estado, y la Sección 3, que exige al Servicio Postal de EE. UU. (USPS) proponer estándares para las boletas de voto por correo y de voto en ausencia que se utilizarán en las elecciones federales.
La Sección 2 es un intento de "intimidar a los funcionarios electorales locales para que utilicen las listas, necesariamente incompletas, como recurso, so pena de ser procesados penalmente", declaró Talwani.
El juez afirmó que la Sección 3 era inadmisible porque "ninguna ley promulgada por el Congreso delega al Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS) la autoridad para controlar el voto por correo". El servicio postal no tiene autoridad legal para finalizar "ninguna normativa vinculante sobre el voto por correo".
El 25 de julio, la corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos confirmó la orden de Talwaní al considerar que permitir que la orden ejecutiva entrara en vigor antes de las elecciones de septiembre y noviembre "sembraría confusión y amenazaría con privar del derecho al voto a muchos electores elegibles".
Las juezas de la Corte Suprema Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon del fallo del 24 de agosto.
En su voto particular, al que se unió Kagan, Sotomayor afirmó que es evidente que estados "se enfrentan a un perjuicio suficientemente concreto e inminente como para satisfacer el Artículo III" de la Constitución de los Estados Unidos. Según ella, no se debería exigir a los estados que esperen para "presentar sus serias impugnaciones a la Orden Ejecutiva".
Jackson, en un voto particular aparte, señaló que, por un lado, el gobierno federal argumenta que los cambios en el voto por correo que planea implementar son "demasiado especulativos y lejanos" para ser impugnados ante loas cortes, mientras que, al mismo tiempo, busca "medidas cautelares de emergencia para implementar inmediatamente dichos cambios".
"Este escenario sospechoso parece diseñado para instrumentalizar este caso y desestabilizar los sistemas de voto por correo del país mediante maniobras procesales con ayuda judicial", declaró.
Los magistrados no abordaron una orden separada que Talwani emitió el 11 de agosto en el caso Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts contra Trump.
En ese caso, la juez impidió que el servicio postal implementara la Sección 3. A diferencia de su fallo del 25 de junio, la orden de agosto impide que el USPS aplique las disposiciones de dicha sección con respecto a las próximas elecciones federales en todo Estados Unidos, y no solo en los estados que presentaron la demanda.
Al parecer, la orden judicial sigue vigente.
