Meta Platforms negó el 18 de agosto las acusaciones de 29 estados de que intentó deliberadamente generar adicción entre los menores a sus plataformas Facebook e Instagram, durante un juicio federal que comenzó en California.
Meta ha estimado que podría enfrentar multas de hasta 1.4 billones de dólares, aunque los fiscales generales estatales han señalado que la cifra podría estar más cerca de los 200 mil millones de dólares. Actualmente, Meta cuenta con una capitalización bursátil total de aproximadamente 1.39 billones de dólares.
Los estados dicen que Meta engañó a los consumidores y diseñó Facebook e Instagram de tal manera que engancharan a los usuarios jóvenes, lo que provocó un aumento de la ansiedad, la depresión e incluso el suicidio.
Los 29 estados alegan que Meta ha violado la Ley federal de Protección de la Privacidad en Línea de los Niños (COPPA) al recopilar información personal de niños menores de 13 años sin obtener el consentimiento adecuado de los padres.
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En una segunda serie de reclamaciones, California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey acusan a Meta de violar las leyes de protección al consumidor. Alegan que la empresa realizó declaraciones engañosas que podían inducir a error a los consumidores sobre la seguridad de Facebook e Instagram y que incurrió en prácticas comerciales desleales relacionadas con el diseño de las plataformas.
Meta dijo que cumplió con la COPPA y ha negado las acusaciones de los estados en materia de protección al consumidor. La empresa sostiene que la "adicción a las redes sociales" no es una afección psiquiátrica reconocida y que, por lo tanto, sus declaraciones anteriores en las que negaba el carácter adictivo de las plataformas no podían ser falsas.
Meta y otras empresas de redes sociales, entre ellas Snap, Alphabet (matriz de YouTube) y ByteDance (matriz de TikTok), se enfrentan por separado a miles de demandas presentadas por gobiernos estatales y locales, distritos escolares y particulares, quienes alegan que sus productos causan daño a los usuarios jóvenes.
Los expertos han señalado que el juicio actual, que comenzó el 18 de agosto en Oakland, California, constituye la mayor prueba legal hasta la fecha sobre los efectos de las redes sociales en los usuarios jóvenes.
La fiscal general adjunta de California, Megan O’Neill, declaró ante la corte federal de distrito que el modelo de negocios de Meta consistía en “enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y, luego, ocultar la verdad al público”.
“Funcionó especialmente bien con los niños”, dijo. “Meta necesitaba a los niños y necesitaba tranquilizar a las personas que se preocupaban por ellos asegurándoles que estaban a salvo”.
O’Neill señaló que la empresa se basó en investigaciones sobre el desarrollo infantil, incluyendo cómo los niños buscan continuamente recompensas, responden a la retroalimentación social y “cómo aún están desarrollando su capacidad para controlar los impulsos tal como lo hacen los adultos”.
“‘Los más jóvenes son los mejores’ es el título de un estudio de Meta que les mostraremos”, dijo ante la corte, y agregó que, para Meta, “los niños son el producto”.
La empresa sabía que niños menores de 13 años utilizaban sus productos, a pesar de que esto violaba la política de la empresa, y Meta "no tomó las medidas más simples y obvias para impedirles el acceso", dijo O’Neill.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, reconoció que algunas personas tienen dificultades con las redes sociales, pero señaló que las investigaciones no han demostrado una relación clara entre el uso de las redes sociales por parte de los adolescentes y la falta de bienestar.
Schmidt señaló que la empresa y su director ejecutivo, Mark Zuckerberg —quien se espera que testifique— tienen como objetivo mejorar sus servicios sin que estos se vuelvan peligrosos.
Mencionó que la empresa se enfrenta constantemente a desafíos relacionados con contenido negativo en Facebook e Instagram, así como con niños pequeños que mienten sobre su edad para obtener acceso.
"Gran parte de esta demanda se basa en que los abogados del gobierno y sus testigos dicen que, al intentar mejorar, nosotros lo haríamos de manera un poco diferente", dijo el abogado. "Al hablar de cómo mejorar, no estamos de acuerdo con la forma en que ustedes lo plantean. Es significativo, y la evidencia lo demostrará, que Meta haya realizado estos esfuerzos para mejorar".
Una vez concluidas las declaraciones iniciales de los abogados, el exingeniero de seguridad de Meta, Arturo Bejar, testificó como primer testigo en representación de los estados.
Dijo que "avanzar rápido y romper moldes" era una forma de pensar en Meta, la cual adoptó un enfoque de "no preguntes, no digas" para impedir que los menores de 13 años accedieran a las plataformas.
"Se lanzaron muchos productos al mercado… y la seguridad no fue una consideración en la forma en que se implementaron inicialmente", dijo Bejar.
La corte de distrito está adoptando un enfoque inusual al llevar a cabo el juicio con un juez y un jurado consultivo que puede presentar conclusiones no vinculantes.
Después de que Meta manifestara que prefería un juicio sin jurado —es decir, un juicio en el que un juez decide sin la participación de un jurado— y los estados indicaran que deseaban un juicio tradicional con jurado, la jueza federal de distrito Yvonne González Rogers llegó a un término medio.
Esto significa que un jurado consultivo de ocho personas responderá preguntas sobre la responsabilidad y ciertos hechos, y presentará sus conclusiones. La jueza señaló que contar con un jurado consultivo —una herramienta legal de uso poco frecuente que se invoca a discreción del juez de primera instancia— le ayudaría a evaluar los estándares de la comunidad en temas que afectan a millones de jóvenes.
Al final del juicio, la jueza puede estar de acuerdo con el jurado, en desacuerdo con él o modificar sus respuestas. La sentencia definitiva, que incluirá medidas cautelares, órdenes de rediseño, sanciones civiles y la restitución de ganancias ilícitas, la dictará la jueza. La restitución de ganancias ilícitas es un recurso legal que obliga al demandado a renunciar a las ganancias obtenidas mediante actos ilegales o ilícitos.
Si la jueza González Rogers determina que Meta es responsable, podría imponer sanciones civiles y ordenar a la empresa que realice cambios en Facebook e Instagram.
El juicio continúa.
Con información de Bill Pan, Reuters y The Associated Press
