El director de la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos, Terry Cole, señaló que "hay funcionarios de alto nivel en México" trabajando con los cárteles de la droga.
"De acuerdo con la acusación recientemente hecha pública, hay corrupción gubernamental en México, con funcionarios de alto nivel que están trabajando directamente con los cárteles", dijo Cole en una entrevista para Univisión NMás que se hizo pública el 23 de agosto.
Cole hizo referencia a la acusación de abril pasado en contra de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos que incluyen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, y el exsecretario de seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida, quien se entregó a las autoridades estadounidenses.
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Los otros mexicanos incluidos en la acusación son: Enrique Diaz Vega, Damaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Aviles, Alberto Jorge Contreras Nunez, A/K/A “Cholo”, José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, Juan de Dios Gamez Mendivil y Juan Valenzuela Millan, Alias “Juanito”.
Autoridades estadounidenses sostienen que estos funcionarios y exfuncionarios habrían mantenido presuntos acuerdos con líderes del Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia Estados Unidos.
En una comunicación enviada a The Epoch Times en Español, el Departamento de Justicia afirmó que la acusación formal continúa vigente y aseguró que durante el juicio presentará "pruebas claras" vinculadas con el expediente.
Durante su entrevista Cole dijo que estos funcionarios están en la lista de prioridades de la agencia.
"Los funcionarios de gobierno incluidos en la acusación también están en la lista", dijo y señaló que "cualquiera que dañe o asesine a los estadounidenses está en nuestro radar".
El caso de Rocha Moya y los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses volvió al debate público luego de que el 21 de agosto Rocha Moya retomó sus funciones y pidió licencia al Congreso local por segunda ocasión.
Ante el regreso momentáneo de Rocha Moya, el Partido Acción Nacional (PAN) pidió la desaparición de poderes en Sinaloa y el juicio político contra el gobernador, en un comunicado publicado el 23 de agosto.
"Primero regresa como si nada hubiera ocurrido y ahora vuelve a pedir licencia. Pero una licencia no borra las acusaciones ni sustituye a la justicia. Desde Acción Nacional lo hemos dicho con absoluta claridad: lo que procede es el juicio político contra Rubén Rocha Moya y avanzar en la desaparición de poderes en Sinaloa", afirmó Jorge Romero, presidente del PAN.
Un día antes, la presidenta de la Cámara de Diputados de México, Kenia López Rabadán, pidió activar los mecanismos legales y parlamentarios para declarar la desaparición de los poderes en Sinaloa.
"Es una decisión trascendente, pero necesaria", dijo.
Hasta el momento, Sheinbaum descartó este escenario y pidió a los diputados de Sinaloa elegir a un gobernador interino honesto.
"Que sea una persona con la capacidad, la honestidad, el profesionalismo y la entrega al pueblo de Sinaloa que se requiere, esa es mi única posición", dijo este 24 de agosto.
La Legislatura aprobó un periodo extraordinario a partir del 24 de agosto para discutir y, en su caso, aprobar el dictamen para designar al gobernador o gobernadora interina.
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