El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer el lunes los detalles del primer vuelo de deportación a Haití tras la revocación del estatus de protección temporal (TPS) de ese país.
A más de un millón de ciudadanos extranjeros de 13 países que vivían en Estados Unidos con protección frente a la deportación se les han revocado recientemente esas garantías y ahora se les considera extranjeros en situación irregular. Entre las personas expulsadas en el primer vuelo de deportación de la semana pasada se encontraban pedófilos condenados, traficantes de drogas y agresores violentos, según informó la agencia.
"El Estatus de Protección Temporal es precisamente eso: temporal", declaró un portavoz del DHS a The Epoch Times en un comunicado enviado por correo electrónico. "Durante demasiado tiempo se ha permitido que el TPS funcionara como un programa de amnistía de facto, a pesar de que el Congreso nunca tuvo la intención de que fuera permanente".
El vuelo de deportación con destino a Haití partió de Estados Unidos el 20 de agosto con 162 inmigrantes ilegales a bordo.

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El Departamento de Seguridad Nacional detalló en un comunicado de prensa quiénes eran varias de esas personas.
McGuyverson Jetin, presunto miembro de la banda Zoe Pound, entró en Estados Unidos por Florida en junio de 2006 y al año siguiente se le concedió la residencia permanente legal. Fue condenado por un delito de agresión sexual y cuatro delitos de conducta lasciva con un menor.
Tras sus condenas, un juez de inmigración dictó contra Jetin una resolución definitiva de expulsión en junio de 2018, pero este permaneció en Estados Unidos hasta su deportación a Haití la semana pasada.
Según el DHS, Davidson Athis, presunto miembro de la banda "88 Crush Mob", entró en el país en una fecha y lugar desconocidos. Tenía varias condenas por múltiples delitos de agresión, robo con allanamiento de morada, fraude, posesión de drogas, conducta temeraria, allanamiento de propiedad ajena y alteración del orden público.
La orden definitiva de expulsión de Athis se dictó en mayo de 2023.
Otro hombre, Jean Daniel Henry, había sido condenado por allanamiento de morada, hurto, múltiples delitos relacionados con drogas, posesión de bienes robados, fraude, porte de arma oculta, intrusión y destrucción de pruebas. Llegó a Estados Unidos en 1982 como residente permanente legal.
El pasado mes de septiembre, un juez de inmigración dictó una orden definitiva de expulsión contra Henry.
En el comunicado de prensa se describía a otros ciudadanos extranjeros deportados, cuyas condenas incluían agresión a una mujer embarazada, delitos sexuales contra menores, robo con allanamiento de morada, delitos relacionados con las drogas, tráfico de personas, conducción bajo los efectos del alcohol y otros.
Un portavoz del DHS declaró a The Epoch Times que su mensaje para las personas pendientes de expulsión sigue siendo el mismo: "Lo que diríamos ahora es que se acaba el tiempo, lo que significa que no tienes que irte a casa, pero tampoco puedes quedarte aquí".
Según la agencia, los extranjeros que opten por la autodeportación podrían recibir un cheque de 2600 dólares y un vuelo gratuito de regreso a su país de origen.
Aunque más de un millón de personas se enfrentan ahora a la expulsión tras el fin de las protecciones contra la deportación para 13 países, siguen sin estar claras las formas en que la Administración Trump pretende aplicar las rescisiones del TPS a tantos extranjeros.
Entre los países que han perdido su designación de TPS se encuentran Haití, Siria, Yemen, Afganistán, Camerún, Nepal, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Sudán del Sur, Birmania (también conocida como Myanmar), Somalia y Etiopía.
En junio, la Corte Suprema autorizó al gobierno federal a poner fin al TPS para Haití y Siria, concretamente. El razonamiento de los magistrados se aplicó a otros casos relacionados con las demás nacionalidades.
El último obstáculo judicial para poner fin a las protecciones de los etíopes se superó el 18 de agosto.
A los extranjeros que intentan impugnar su expulsión les quedan pocas opciones, según declaró anteriormente a The Epoch Times Neama Rahmani, un exfiscal federal que trabajó en asuntos de inmigración.
"Pueden presentar una demanda, pero probablemente la perderán", dijo. "Ha quedado bastante claro que el poder ejecutivo puede eliminar estas protecciones".
La aplicación de la supresión del TPS podría llevar tiempo, señaló Rahmani.
"Preveo que muchas personas que carecen de estatus legal para estar aquí seguirán permaneciendo en el país, viviendo en Estados Unidos de forma irregular", dijo. "Dependerá del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) localizarlas, detenerlas y expulsarlas".

























