30 fiscales de California piden frenar conmutaciones de penas de muerte de Newsom

Grupos de defensa de las víctimas y los fiscales de distrito de 30 de los 58 condados de California impugnaron la mayor medida de clemencia en la historia de California

Un guardia penitenciario escolta a un recluso en la prisión estatal de San Quentin, en San Quentin, California, el 15 de agosto de 2016. (Justin Sullivan/Getty Images).
Un guardia penitenciario escolta a un recluso en la prisión estatal de San Quentin, en San Quentin, California, el 15 de agosto de 2016. (Justin Sullivan/Getty Images).
Cynthia Cai
19 de noviembre de 2026, 9:46 p. m.

Los fiscales de distrito de todo California están solicitando al gobernador Gavin Newsom que detenga los planes de conmutar las sentencias de muerte de los 548 reclusos que actualmente enfrentan la ejecución en el estado.

Representantes de organizaciones que defienden los derechos de las víctimas y los fiscales de distrito de 30 de los 58 condados de California presentaron la demanda el 15 de noviembre, impugnando la mayor acción de clemencia en la historia del estado.

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Entre los condados que respaldan la demanda se encuentran entre los más poblados del estado, como Los Ángeles, San Diego, Riverside y Sacramento.

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Los demandantes sostienen que el gobernador Gavin Newsom no proporcionó notificaciones individuales a las fiscalías de distrito, negando a los fiscales locales la oportunidad de contactar a los familiares de las víctimas para que pudieran aportar su opinión sobre las decisiones de clemencia.

"El gobernador Newsom decidió que sus opiniones personales debían prevalecer sobre las de todos aquellos que participaron en el proceso, siguieron y aplicaron la ley. No hizo nada de eso, como él mismo admite abiertamente. Eso, por sí solo, constituye un abuso de poder que no puede tolerarse", señala la demanda.

Sin embargo, la oficina de Newsom dijo en un comunicado que solo está obligado a notificar a los fiscales locales cuando los presos solicitan la conmutación de su pena. Según el comunicado, la ley estatal "no restringe la forma en que el Gobernador puede ejercer su amplia autoridad constitucional para conceder el indulto".

Según la constitución estatal, las personas condenadas por dos o más delitos graves solo pueden obtener la conmutación de su pena si la Corte Suprema de California también la aprueba. Newsom señaló en una carta a la corte que 382 de los 548 reclusos en el corredor de la muerte se encuentran en esa situación.

Según una carta abierta de Newsom del 5 de noviembre, el plan para conmutar las sentencias de los presos cambiaría la pena de muerte por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Los fiscales de distrito y los defensores de las víctimas que se oponen a la medida solicitan a la corte que determine si Newsom siguió o no los procedimientos correctos, tal como lo establece la ley estatal, al otorgar el indulto de forma masiva y si esto constituyó o no un abuso del poder ejecutivo.

La demanda también solicita a la corte que conceda una suspensión inmediata para impedir el proceso de clemencia para los condenados a muerte mientras la corte revisa el caso.

Oposición y respaldo a la pena de muerte

Los planes para conmutar las penas de muerte han recibido el apoyo del grupo de defensa Prosecutors Alliance Action y del fiscal de distrito del condado de Santa Clara, Jeff Rosen.

En una rueda de prensa celebrada el 17 de noviembre junto con Prosecutors Alliance Action, Rosen se pronunció a favor del anuncio de clemencia de Newsom.

"Si alguien está en prisión, el público está protegido", dijo. "Si no necesitamos matar a nadie, entonces no deberíamos hacerlo".

Cristine Soto DeBerry, directora ejecutiva de Prosecutors Alliance Action, también emitió un comunicado en apoyo de los indultos.

"El sistema de pena de muerte de California es inhumano, ineficaz y enormemente derrochador", dijo DeBerry. "Sabemos que personas inocentes han sido condenadas a muerte. Sabemos que el proceso de apelaciones puede prolongarse durante décadas, extendiendo la incertidumbre y revictimizando a las víctimas y supervivientes sin garantizar la sanación ni la rendición de cuentas".

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Añadió que el estado ha gastado alrededor de 6000 mdd para mantener su sistema de corredor de la muerte desde 1978, pero no ha llevado a cabo ninguna ejecución en 20 años.

"Esos recursos se invertirían mucho mejor en lo que sabemos que hace que las comunidades sean más seguras: apoyo significativo para las víctimas y los supervivientes, servicios de salud mental y programas de rehabilitación que creen prisiones y comunidades más seguras", dijo DeBerry.

California estableció su sistema de pena de muerte en 1872. Llevó a cabo más de 700 ejecuciones antes del año 1976, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.

En 1976, el sistema sufrió cambios debido a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Desde entonces, el estado ha presenciado 13 ejecuciones, la última de las cuales tuvo lugar en 2006.

Desde 1976, el estado ha revocado las sentencias de muerte de ocho personas que posteriormente se demostró que habían sido condenadas injustamente.

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