Muchos centros de formación profesional de California estarán obligados a proporcionar píldoras abortivas en virtud de una ley recién firmada por el gobernador Gavin Newsom que amplía los servicios existentes en los campus de los sistemas de la Universidad Estatal de California (CSU) y la Universidad de California (UC), siempre que se disponga de financiación estatal para dichos centros.
El proyecto de ley 2540 de la Asamblea, firmado el 27 de septiembre junto con otros proyectos de ley relacionados con la salud reproductiva, exige que los centros de salud para estudiantes de la CSU y la UC "promuevan el conocimiento de los servicios de aborto mediante técnicas farmacológicas que ofrecen dichos centros" a partir del 1 de enero de 2028.
Además, cualquier centro de formación profesional que cuente con un centro de salud para estudiantes deberá "ofrecer acceso al aborto mediante técnicas farmacológicas" a más tardar en enero de 2029, así como dar a conocer estos servicios y publicar información al respecto en las páginas web de los centros.
Para enero de 2030, la Comisión de California sobre la Situación de las Mujeres y las Niñas deberá presentar a la Asamblea Legislativa estatal datos sobre el número de centros de salud de los centros de formación profesional que ofrecen servicios relacionados con la píldora abortiva y el número de abortos de este tipo que se practican en dichos centros o con la ayuda de los mismos.
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"Estamos subsanando una carencia fundamental y garantizando que los estudiantes de los centros de formación profesional —una de las poblaciones más diversas y económicamente vulnerables de nuestro estado— tengan el mismo acceso a la atención sanitaria que sus compañeros de las instituciones de cuatro años", dijo la autora del proyecto de ley, la diputada Catherine Stefani, en un comunicado de prensa publicado en abril.
El proyecto de ley AB 2540 incluye una financiación de 200,000 dólares por cada campus de la CSU y la UC para ayudar a cubrir gastos como equipamiento, mejoras en las instalaciones, formación del personal y telesalud.
Las fechas de aplicación tardías mencionadas en el proyecto de ley se deben a una cláusula restrictiva relativa a la financiación.
La obligación de que los centros de formación profesional ofrezcan servicios de aborto está "supeditada a que se asigne una partida presupuestaria para tal fin en la Ley de Presupuestos anual", según el proyecto de ley. Esto significa que el proyecto de ley AB 2540 no podrá entrar en vigor a menos que el presupuesto estatal incluya una partida específica para ello.
Los detractores cuestionaron la necesidad del proyecto de ley, calificándolo de carga económica.
"El aborto ya es ampliamente accesible en California. El estado cuenta con 180 clínicas de aborto, la dispensación legal de medicamentos por correo y ninguna restricción al aborto farmacológico", escribió Michelle Buenrostro, una estudiante y madre que asiste a un centro de formación profesional de California, en un artículo de opinión publicado por National Right to Life.
"La financiación parece ser una idea de última hora para un proyecto tan ambicioso y costoso", escribió Buenrostro. "¿Supondrá esto un aumento de la matrícula o de las cuotas sanitarias de los estudiantes? ¿Seremos nosotros, como contribuyentes, quienes corramos con los gastos?".
Pidió que, en su lugar, los centros educativos ofrecieran más apoyo a los estudiantes con hijos para que puedan cuidar de ellos mientras estudian.
El proyecto de ley AB 2540 sigue los pasos de una ley que Newsom firmó en su primer año como gobernador para exigir a los campus de la CSU y la UC que ofrezcan servicios de aborto con píldoras.
Dicha ley, el proyecto de ley del Senado n.º 24, asignó fondos a la CSU y la UC para cubrir los costos relacionados con los servicios de aborto para estudiantes. Desde su entrada en vigor en 2023, estas universidades gastaron millones de dólares de subvenciones estatales, según los datos presentados en un análisis del proyecto de ley realizado por los legisladores.
Las universidades de la UC registraron 72 abortos realizados en todos sus campus durante el curso 2021-2022, cifra que aumentó hasta los 297 abortos en el curso 2024-2025. Esto supuso un gasto de unos 657,000 dólares de fondos estatales en 2022, que aumentó anualmente hasta alcanzar aproximadamente 1.3 millones de dólares en 2025.
De manera similar, los campus de la CSU notificaron un total de 162 abortos practicados durante el curso académico 2022-2023, cifra que aumentará hasta los 349 abortos en el curso 2024-2025. Estos campus destinaron entre 1.6 y 3.3 millones de dólares a cubrir los costos.
El número total de abortos representa menos de una décima parte del uno por ciento del total de estudiantes matriculados en todos los campus de cada sistema universitario.
Además del proyecto de ley AB 2540, el gobernador también firmó proyectos de ley que ampliarán la capacidad de las comadronas tituladas, las enfermeras especializadas y los auxiliares médicos para practicar abortos; permitirán a los veteranos y a las familias de militares un mayor acceso al aborto en el estado; y aumentarán la duración del permiso de maternidad remunerado para las bomberas.
"La libertad significa poder tomar decisiones profundamente personales sin que los cargos electos se entrometan en pos de una agenda política", dijo Newsom en un comunicado de prensa.
La oficina del gobernador dice que los proyectos de ley recién firmados se basan en "las leyes y programas existentes que convirtieron California en líder a nivel nacional en la protección de los derechos reproductivos"
Newsom debe firmar o vetar los proyectos de ley aprobados durante esta sesión legislativa antes del 30 de septiembre. Cualquier proyecto de ley sobre el que el gobernador no se pronuncie antes de la fecha límite se convierte automáticamente en ley sin la firma del gobernador.
