Opinión
Las investigaciones del Congreso y estudios independientes revelaron que las universidades estadounidenses capacitaron a personal del gobierno y de defensa de China, mientras que los contribuyentes estadounidenses ayudaron a financiar programas que generaron riesgos para la seguridad nacional.
Los demócratas y los administradores universitarios sostienen que los estudiantes chinos son un salvavidas financiero para la educación superior estadounidense, ya que generan casi USD 15 mil millones al año para la economía de EE. UU. Plantean este argumento en un momento en que las universidades se enfrentan a una caída drástica en las inscripciones impulsada por el descenso de la tasa de natalidad posterior a 2008, y se prevé que la población en edad universitaria se reduzca en un 15 por ciento entre 2025 y 2029.
Sin embargo, ese argumento pasa por alto el hecho de que gran parte de este dinero proviene de los contribuyentes estadounidenses. También ignora los riesgos para la seguridad nacional que plantean muchos de estos estudiantes, algunos de los cuales tienen vínculos directos con el Partido Comunista Chino (PCCh) o el Ejército Popular de Liberación (EPL) y han estado implicados en actividades de espionaje.
La Comisión Especial de la Cámara de Representantes sobre el PCCh descubrió que los estudiantes chinos en las principales universidades de investigación se concentran de manera abrumadora en el nivel de doctorado, donde aportan tan solo el 0.2 por ciento de los ingresos por matrícula, al tiempo que obtienen acceso a laboratorios financiados con fondos federales.
En una de las instituciones encuestadas, más del 25 por ciento participaba en investigaciones financiadas con dinero de los contribuyentes, mientras que en otra, la mitad de todos los candidatos chinos a doctorado recibía subvenciones federales. Estos no son los estudiantes de pregrado que pagan la matrícula completa a los que las universidades se refieren para justificar este arreglo. Por el contrario, son investigadores de posgrado en campos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), procedentes en su mayoría de instituciones vinculadas al EPL, y representan a la población que el FBI identificó como el principal vector del espionaje académico.
Un informe de Strategy Risks, una firma estadounidense especializada en riesgos geopolíticos, reveló que la Universidad Estatal de Missouri operó un programa de formación para MBA entre 2001 y 2018 que capacitó a más de 1500 gerentes de empresas estatales chinas y agencias gubernamentales, muchos de los cuales posteriormente ascendieron a puestos de alto nivel en la industria de defensa, las cadenas de suministro estratégicas y el sector de vigilancia de China.
Documentos gubernamentales en chino describieron este acuerdo como un "proyecto de cooperación entre los Estados de China y Estados Unidos". Un programa paralelo se lanzó al mismo tiempo en la Universidad Estatal Wright, en Ohio, lo que sugiere una estrategia más amplia del PCCh en lugar de un caso aislado.
Aunque la Universidad Estatal de Missouri otorgó los títulos, fue el PCCh, y no la universidad, quien seleccionó a los estudiantes. La Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de China y otras instituciones estatales chinas controlaban los criterios de admisión y la composición de cada grupo de estudiantes.
Los documentos de reclutamiento de Sichuan y Shandong exigían confiabilidad política, lo que incluía la afiliación formal al PCCh en los avisos iniciales y un alto nivel de conciencia ideológica y política en un aviso de 2018. Los solicitantes del programa también recibieron un trato preferencial en la admisión, incluyendo exenciones de los requisitos de dominio del inglés.
Entre los exalumnos del programa se encuentran ejecutivos vinculados a la Corporación de la Industria Aeronáutica de China (AVIC, por sus siglas en chino), el mayor conglomerado estatal aeroespacial y de defensa de China. AVIC está designada, en virtud de la Orden Ejecutiva 14032 y la lista de la Sección 1260H del Departamento de Defensa, como una empresa militar china, lo que la somete a restricciones de inversión y prohibiciones de adquisición por parte de Estados Unidos.
El informe también identifica a un vicepresidente de iFlytek, una empresa de inteligencia artificial que el Departamento de Comercio de EE. UU. incluyó en la Lista de Entidades en octubre de 2019 por suministrar tecnología de vigilancia utilizada contra las minorías uigures en Xinjiang.
Se ve el logotipo de la Corporación de la Industria Aeronáutica de China (AVIC) durante el Salón Internacional de la Aeronáutica y el Espacio de París en Le Bourget, Francia, el 25 de junio de 2017. (Eric Piermont/AFP vía Getty Images)El informe señala una brecha en la supervisión de Estados Unidos. La atención del Congreso y del poder ejecutivo se ha centrado en el robo de investigaciones en el ámbito de las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM), el acoso a estudiantes chinos y los candidatos a doctorado afiliados al ejército en programas relacionados con la defensa. Se ha prestado menos atención a las vías de otorgamiento de títulos, a los participantes de la industria de defensa china y a las universidades públicas regionales que albergan estos programas.
Un informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes analizó seis importantes universidades de investigación y descubrió que cada una de ellas matriculó a ciudadanos chinos que anteriormente asistieron a una de las universidades de las "Siete Hijas de la Defensa Nacional" de China, instituciones cuya misión principal es la investigación para el Ejército Popular de Liberación (EPL).
La comisión también descubrió que la administración de Biden no hizo cumplir la Orden Ejecutiva 10043, que prohibía que los ciudadanos chinos involucrados en investigaciones vinculadas al ejército recibieran visas de Estados Unidos. Al mismo tiempo, los contribuyentes estadounidenses ayudaron a financiar este riesgo para la seguridad nacional.
En el caso de la Universidad Estatal de Missouri, los materiales de reclutamiento chinos describían un acuerdo de financiamiento tripartito en el que el gobierno chino cubría la mitad de la matrícula de USD 108 mil, los estudiantes pagaban aproximadamente USD 27 mil y la cuarta parte restante provenía de apoyo del gobierno de EE. UU.
En una universidad, las subvenciones o contratos federales financiaron 402 de los 1139 puestos de posgrado para estudiantes chinos, mientras que los contribuyentes estatales y los programas privados financiaron otros 113. En total, más del 36 por ciento de los puestos de posgrado para estudiantes chinos en esa institución fueron financiados por los contribuyentes estadounidenses a nivel federal o estatal.
En otra, 1115 de los 2580 estudiantes de posgrado chinos —el 43 por ciento— contaban con becas de ayudantía como su principal fuente de financiamiento, y estas becas en las universidades públicas de investigación se financiaban en gran medida con subvenciones federales y asignaciones estatales.
Carteles de universidades estadounidenses, incluida la Universidad de Harvard, se exhiben en una agencia de educación en el extranjero en Beijing el 29 de mayo de 2025. (Jade Gao/AFP vía Getty Images)Los actos de espionaje cometidos por estudiantes vinculados al PCCh han sido bien documentados desde la primera administración de Trump. Sin embargo, el hecho de que muchos de estos investigadores sean financiados por los contribuyentes estadounidenses hace que la situación sea aún más preocupante.
Desde octubre de 2024, el Departamento de Justicia acusó al menos a 12 estudiantes, investigadores y recién graduados de la Universidad de Michigan, todos de nacionalidad china, de delitos contra la seguridad nacional. Entre los casos se incluyen cinco estudiantes de intercambio de la Universidad Jiao Tong de Shanghái que fueron sorprendidos filmando ejercicios militares en Camp Grayling.
En una comparecencia ante el Senado en septiembre de 2025, el director del FBI, Kash Patel, confirmó que 59 agentes de inteligencia extranjeros fueron arrestados por espionaje o contrabando desde enero de 2025 y que se llevaron a cabo investigaciones activas de contrainteligencia china en las 55 oficinas regionales del FBI.
El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes documentó que el 80 por ciento de los procesos judiciales por espionaje económico en EE. UU. alegan conductas destinadas a beneficiar al régimen chino.
El Congreso identificó el problema, pero aún no ha cerrado la vía de acceso. La Ley de Investigación SAFE, redactada por el representante John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes, prohibiría el financiamiento federal en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) a las universidades que colaboren con entidades controladas por adversarios extranjeros y exigiría la divulgación de afiliaciones con el ejército chino. La Cámara de Representantes la aprobó como una enmienda a la NDAA en septiembre de 2025, pero 210 instituciones se opusieron a ella y fue eliminada del proyecto de ley final.
La Ley de Protección de la Educación Superior contra el PCCh, del senador Eric Schmitt, impediría que los miembros del PCCh y sus familias obtengan visas de estudiante o de intercambio.
La Ley de Defensa de la Investigación en Defensa contra el Espionaje del PCCh prohibiría a las universidades que realizan investigaciones financiadas por el Departamento de Defensa (DoD) contratar a entidades chinas que generen preocupación a partir de 2027.
Cada medida aborda solo una parte del problema, y ninguna ha sido aprobada, lo que deja a Estados Unidos vulnerable al espionaje del PCCh.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
