Una coalición de 20 fiscales generales estatales presentó el 1 de julio una demanda contra la administración Trump, impugnando su decisión de entregar los datos personales de algunos afiliados a Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La denuncia, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, se presentó en el Tribunal del Distrito Norte de California y alega que la transferencia masiva de datos viola las leyes federales de protección de la privacidad sanitaria, incluida la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPAA), así como la Ley Federal de Modernización de la Seguridad de la Información y la Ley de Privacidad.
Los fiscales generales solicitan al tribunal que declare que la transferencia de datos de Medicaid por parte de la administración fue ilegal y no estaba autorizada por la legislación federal, incluida la Ley de Procedimiento Administrativo. Pretenden impedir que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) realice nuevas transferencias de dichos datos al DHS, al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) o a cualquier otra agencia federal.
Los fiscales generales también solicitaron al tribunal que impida a cualquier agencia federal utilizar los datos de Medicaid para la aplicación de la ley de inmigración, la vigilancia de la población o fines similares, y que ordene la destrucción de cualquier dato que ya haya sido transferido.
«La Administración Trump ha trastocado las protecciones de la privacidad que existían desde hace mucho tiempo con su decisión de compartir ilegalmente datos sanitarios personales y sensibles con el ICE. Al hacerlo, ha creado una cultura del miedo que hará que menos personas soliciten atención médica de urgencia vital», afirmó Bonta en un comunicado el 1 de julio.
«Vamos a acudir a los tribunales para impedir que se sigan compartiendo los datos de Medicaid y para garantizar que los datos que ya se han compartido no se utilicen con fines de control de la inmigración».
Según la demanda, en enero de 2025, 78.4 millones de personas estaban inscritas en Medicaid y en el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) en todo Estados Unidos.
La demanda señala que los estados y el gobierno federal intercambian habitualmente una cierta cantidad de datos personales con el fin de verificar la elegibilidad para Medicaid.
En junio, California, Illinois y el estado de Washington se enteraron de que el HHS había revelado «en masa» al DHS archivos privados de Medicaid que representaban a millones de personas, según la demanda.
Todos esos estados permiten a los inmigrantes ilegales inscribirse en los programas de Medicaid, que pagan sus gastos utilizando únicamente el dinero de los contribuyentes estatales.
Los datos eran «personalmente identificables, no anónimos ni cifrados, e incluían el estatus migratorio y las direcciones de los beneficiarios de Medicaid, entre otros detalles», afirma la demanda.
Los demandantes señalan que el HHS afirmó que entregó la enorme cantidad de datos personales al DHS «para garantizar que las prestaciones de Medicaid se reservaran a las personas que tienen derecho a recibirlas legalmente».
En mayo, el Dr. Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), dijo que su agencia y el DOGE habían identificado al menos 14,000 millones de dólares en fraudes, despilfarros y abusos de Medicaid, incluyendo a personas que se habían inscrito indebidamente en el programa en varios estados.
Sin embargo, el contexto en el que se compartieron los datos con el ICE «pone seriamente en duda la explicación del gobierno sobre sus acciones», escribieron los fiscales generales en su demanda.
Afirman que el gobierno federal está creando una gran base de datos con fines de «deportaciones masivas» y otras medidas de control de la inmigración a gran escala y de vigilancia masiva.
«Los demandantes interponen esta demanda para proteger los programas estatales de Medicaid y evitar que se utilicen en una cruzada contra los inmigrantes o para otros fines ajenos a la administración de dichos programas», reza la demanda.
Los estados de Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Massachusetts, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington se unieron a California en la demanda.
El portavoz del HHS, Andrew Nixon, dijo en un comunicado el mes pasado que el departamento está «tomando medidas enérgicas contra los estados que puedan estar haciendo un uso indebido de los fondos federales de Medicaid».
Nixon también afirmó que el intercambio de datos era legal.
«El HHS actuó dentro de su autoridad legal, y en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables, para garantizar que las prestaciones de Medicaid se reservaran a las personas que tienen derecho a recibirlas», afirmó.
The Epoch Times se puso en contacto con el HHS y el DHS para obtener más comentarios, pero no recibió respuesta antes de la publicación.
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