Un inmigrante ilegal hondureño fue condenado en Texas por liderar una red de tráfico ilegal de personas durante tres años en la que participaron miles de extranjeros de más de 11 países, entre ellos Afganistán, Yemen, Egipto, India, Pakistán y Colombia.
Enil Edil Mejía-Zúñiga, también conocido como Chino, de 34 años, fue declarado culpable por un juez federal del Distrito Oeste de Texas por participar en el tráfico ilegal de miles de extranjeros hacia Estados Unidos con fines lucrativos.
El 9 de julio fue condenado a 10 años de prisión, más tres años de libertad vigilada y una multa de 4500 dólares, según un comunicado del Departamento de Justicia (DOJ).
Mejía-Zúñiga admitió haber recibido dinero para traficar entre 2500 y 3000 personas a Estados Unidos en solo dos años.
Cada persona debía pagar entre 6500 y 12,000 dólares, y Mejía-Zúñiga recibía 30,000 dólares por cada 10 inmigrantes ilegales que llegaban al Río Grande, y otros 30,000 dólares si esos 10 llegaban a San Antonio, Texas.
«Sus acciones pusieron en peligro nuestra seguridad nacional. Sin embargo, gracias a nuestros numerosos socios federales encargados de hacer cumplir la ley, Mejía-Zúñiga ya no podrá enriquecerse en detrimento de este país», declaró el fiscal federal Justin R. Simmons.
Otros implicados en la red de tráfico de personas son Genyi Arguenta Flores, de 32 años, residente en Honduras, que fue condenado a cinco años de prisión el 12 de mayo; Mónica Hernández Palma, de 33 años, residente en México; y Allyson Elsires Álvarez Zúniga, de 26 años, residente en Honduras.
Los dos últimos se declararon culpables y están a la espera de sentencia, mientras que “un último coacusado se encuentra detenido en México a la espera de una solicitud de extradición de Estados Unidos”, añade el comunicado.
“Mejía-Zúñiga y sus cómplices ganaron millones de dólares a costa de miles de personas a las que introdujeron ilegalmente en Estados Unidos”, afirmó Matthew R. Galeotti, jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.
Galeotti añadió que el caso de Mejía-Zúñiga “representa el epítome de las despiadadas y sofisticadas organizaciones criminales que explotan nuestras fronteras para obtener beneficios económicos personales”.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Del Río declaró que llevó a cabo la investigación junto con varias agencias policiales federales y estatales en el sur de Texas.
La investigación se llevó a cabo a través de declaraciones de testigos y otras pruebas, como transferencias bancarias, libros de contabilidad de clientes, documentos de identificación extranjeros y fotografías de miembros de la red de tráfico de personas de Mejía-Zúñiga con armas de fuego, según un comunicado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del 10 de julio.
“El aprovechamiento por parte de nuestro equipo de las citaciones judiciales y la identificación de patrones financieros clave ayudó a llevar a estos traficantes ante la justicia”, afirmó Scott Good, jefe de la Dirección de Operaciones Policiales del Grupo de Trabajo de Inteligencia e Información de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP).
Good declaró que “la USBP seguirá colaborando con las fuerzas del orden nacionales e internacionales para desmantelar las redes criminales y proteger las fronteras de nuestra nación”.
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