Un juez federal ordenó a la administración del presidente Donald Trump que deje de intentar cerrar Voz de América (VOA) y que vuelva a poner en marcha este servicio de noticias federal que lleva décadas funcionando.
En un dictamen emitido el 22 de abril, el juez Royce Lamberth, de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, se puso del lado de las personas que demandaban a la administración y a la dirección de la Agencia de Estados Unidos para los Medios de Comunicación Globales (USAGM), diciendo que probablemente habían violado la ley al apresurarse a desmantelar la VOA y otros grupos de medios de comunicación afiliados al gobierno federal, en línea con una orden ejecutiva del 14 de marzo.
"[Los demandados] tomaron medidas inmediatas y drásticas para recortar la USAGM, sin tener en cuenta sus funciones estatutarias o constitucionales... y sin tener en cuenta el daño infligido a los empleados, contratistas, periodistas y consumidores de medios de comunicación de todo el mundo", escribió Lamberth.
Concedió una medida cautelar a los demandantes ordenando que los empleados de VOA, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Network fueran readmitidos y devueltos a su situación anterior, señalando que algunos empleados se encontraban en peligro o corrían el riesgo de ser deportados por el repentino cambio de política.
VOA depende de la USAGM, que supervisa a VOA y otros grupos mediáticos, incluidos varios que operan en países o regiones con libertad de prensa limitada. Entre ellos se encuentran Radio Free Europe, Radio Free Asia, Middle East Broadcasting Network, la Oficina de Radiodifusión de Cuba y el Open Technology Fund.
El USAGM se ha considerado históricamente un brazo de la diplomacia estadounidense.
En la Orden Ejecutiva 14238, titulada "Continuación de la reducción de la burocracia federal", Trump pidió que la USAGM y sus filiales fueran "eliminadas en la medida máxima compatible con la legislación aplicable".
El 15 de marzo, al día siguiente de la orden ejecutiva, 1042 empleados de la USAGM fueron puestos en licencia administrativa. Actualmente, todos los empleados de la VOA siguen en licencia administrativa "sin indicios de volver", según el dictamen.
"Como resultado de las acciones de los demandados, la VOA no está informando de las noticias por primera vez en sus 80 años de existencia", dice el resumen fáctico. "Su sitio web no se ha actualizado desde el 15 de marzo de 2025, y las emisoras de radio en el extranjero que dependen de la programación de la VOA han dejado de emitir o solo emiten música".
En la orden judicial, Lamberth señaló el requisito legal de que la VOA "sirva como fuente de noticias fiable y autorizada en todo momento".
La demanda también señalaba los posibles perjuicios para los contratistas de la USAGM afectados que se encuentran actualmente en Estados Unidos con un visado J1, que "se enfrentan a la posibilidad de ser deportados a sus países de origen, en algunos casos con regímenes autoritarios hostiles a la libertad de prensa".
El 22 de marzo, los demandantes afectados por la decisión presentaron una demanda contra Kari Lake, asesora principal de la administración del director ejecutivo de la USAGM, y contra los agentes de la USAGM que habían trabajado para aplicar la orden ejecutiva.
Los demandantes alegaron que, en la práctica, los funcionarios del Gobierno procedieron a "despedir y amenazar con despedir a la mayoría del personal de la USAGM, poner fin a las subvenciones a sus filiales y silenciar la programación", lo que, según ellos, violaba la Primera Enmienda, la separación de poderes, la cláusula de diligencia de la Constitución y múltiples leyes del Congreso.
Solicitaron la reincorporación de todos los empleados y personal despedidos en cumplimiento de la orden ejecutiva de Trump de las seis filiales de medios de comunicación afectadas.
En su decisión, Lamberth solo concedió parcialmente la solicitud de los demandantes, ordenando la reincorporación de los "empleados, contratistas y beneficiarios" afectados de VOA, Radio Free Asia y Middle East Broadcasting Network. Quedaron excluidos otros grupos dependientes de la USAGM.
Dado que se trata de una resolución preliminar, estará sujeta a examen a medida que avance el juicio o se presente un recurso por parte del Gobierno.
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