El presidente Donald Trump anunció en las redes sociales que pone fin a "todas" las negociaciones comerciales con Canadá.
En una publicación en Truth Social el 27 de junio, Trump dijo que la decisión se tomó debido al plan de Canadá de imponer un impuesto sobre los servicios digitales (DST), que afectaría a las empresas tecnológicas estadounidenses. El impuesto entrará en vigor el lunes. El presidente calificó el impuesto como un «ataque directo y flagrante» contra Estados Unidos.
La política consiste en un gravamen del 3 por ciento sobre los ingresos obtenidos por los servicios digitales prestados a los usuarios canadienses y se aplica principalmente a empresas como Amazon, Airbnb y Google.
«Debido a este atroz impuesto, por la presente damos por terminadas todas las conversaciones sobre comercio con Canadá, con efecto inmediato», declaró el presidente. "En los próximos siete días comunicaremos a Canadá los aranceles que deberá pagar para hacer negocios con los Estados Unidos de América".
Trump afirmó que Canadá "estaba copiando claramente" a la Unión Europea, la cual también impone este impuesto.
En marzo, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos publicó el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales, en el que se señalaba que "la mayoría de los impuestos digitales sobre los servicios digitales se han diseñado de manera discriminatoria para las empresas estadounidenses, ya que gravan específicamente a las empresas estadounidenses y excluyen de facto a las empresas nacionales que se dedican a actividades similares".
«A través de compromisos bilaterales y multilaterales, Estados Unidos siguió expresando su profunda preocupación por el impuesto digital de Canadá y animando a este país a retirarlo o derogarlo», afirmaba el informe.
El entonces primer ministro canadiense, Justin Trudeau, aplicó el impuesto en junio de 2024, y su gobierno lo promocionó como una forma de igualar las condiciones entre las empresas tecnológicas y generar ingresos para tapar el agujero del presupuesto federal de Ottawa.
Las autoridades estimaron que el impuesto generaría aproximadamente 7000 millones de dólares en cinco años, y que los fondos se destinarían a apoyar los servicios públicos y las infraestructuras.
Otros países, como Francia y el Reino Unido, han introducido impuestos similares.
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