El 26 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que Carolina del Sur puede impedir que la organización abortista Planned Parenthood participe en el programa Medicaid del estado.
La opinión mayoritaria en la decisión 6-3 en el caso Medina contra Planned Parenthood South Atlantic fue redactada por el juez Neil Gorsuch.
La decisión revoca una sentencia de una corte federal de apelación que impedía a Carolina del Sur excluir a Planned Parenthood.
Aunque el caso no se centra en el aborto, ha sido objeto de interés porque una sentencia favorable podría animar a más estados a expulsar a la organización de sus redes de Medicaid. Misuri, Arkansas, Misisipi y Texas ya han eliminado a Planned Parenthood de las redes estatales de Medicaid, según informó la organización.
Medicaid es un programa conjunto del gobierno federal y los estados que ofrece cobertura de seguro médico a los estadounidenses con bajos ingresos.
El caso se produce después de que la Corte Suprema dictaminara en una apelación separada, Health and Hospital Corp. of Marion County vs Talevski, en junio de 2023, que los afiliados a Medicaid tienen derecho a demandar cuando los funcionarios estatales violan sus derechos.
La demandante en el caso actual, Eunice Medina, es la directora del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Sur.
Aunque la demandada, Planned Parenthood, es un importante proveedor de servicios de aborto, también ofrece otros servicios, como control de la natalidad y pruebas de embarazo.
El caso se remonta a julio de 2018, cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó la Orden Ejecutiva 2018-21, en la que afirmaba que el estado "tiene una fuerte cultura y una larga tradición de protección y defensa de la vida y la libertad de los niños no nacidos".
La orden ejecutiva ordenaba a los funcionarios de salud estatales "considerar que las clínicas de aborto no están cualificadas para prestar servicios de planificación familiar".
La orden también exigía a los funcionarios que rescindieran los acuerdos de inscripción de las clínicas y denegaran sus solicitudes de inscripción en el futuro.
La directiva seguía una ley estatal que prohíbe el uso de fondos estatales para financiar abortos.
La cuestión que se plantea en el caso es si "la disposición de la Ley Medicaid sobre proveedores cualificados confiere de manera inequívoca a los beneficiarios de Medicaid el derecho privado a elegir un proveedor específico", según la petición de junio de 2024.
Los tribunales federales de apelación discrepan sobre cómo debe interpretarse la disposición.
La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos examinó el caso de Carolina del Sur y, en marzo de 2024, falló en contra del estado.
En 2018, Planned Parenthood South Atlantic y Julie Edwards, una de las clientas de Medicaid de la organización, presentaron una demanda en un tribunal federal de distrito contra la política de Carolina del Sur, según la petición.
Argumentaron que el estado había violado el derecho de los clientes a seleccionar un "proveedor cualificado" en virtud de la ley federal.
Carolina del Sur respondió que la disposición sobre cualquier proveedor cualificado "no crea de forma inequívoca un derecho federal exigible por los proveedores y los pacientes individuales en virtud del 42 U.S.C. [Sección] 1983", una ley federal que permite a los individuos demandar al gobierno por violaciones de los derechos civiles.
La corte de distrito confirmó el derecho de Edwards a demandar a Carolina del Sur por la decisión del estado de no cubrir el tratamiento médico que Planned Parenthood podría proporcionarle.
La corte también concedió la solicitud de Edwards de una medida cautelar que bloqueaba la política estatal y no se pronunció sobre si Planned Parenthood también tenía derecho al mismo tipo de orden.
El Cuarto Circuito confirmó la decisión, al considerar que el Congreso tenía la intención de "crear un derecho individual exigible en virtud de la [Sección] 1983 en la disposición sobre la libre elección de proveedor" y que la disposición "prohíbe a los estados excluir a los proveedores por motivos ajenos a la competencia profesional".
Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.
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