El Departamento de Justicia (DOJ) solicitó el viernes a la Corte Suprema de Estados Unidos que levantara una orden de una corte inferior que impedía a la administración Trump llevar a cabo despidos masivos en varias agencias federales.
La orden, emitida por la juez federal de distrito Susan Illston la semana pasada, detuvo temporalmente los esfuerzos de la administración para reducir y reestructurar el gobierno federal. Illston había ordenado a numerosas agencias federales que dejaran de aplicar la orden ejecutiva sobre la fuerza laboral del presidente Donald Trump, firmada en febrero, y los memorandos posteriores emitidos por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y la Oficina de Administración de Personal (OPM).
El Procurador General, D. John Sauer, solicitó a la corte que suspendiera rápidamente su fallo, informando a los nueve jueces que la juez federal se había excedido en su autoridad.
"Todo esto se basa en la extraordinaria opinión de que el presidente carece de autoridad para ordenar a las agencias ejecutivas cómo ejercer sus poderes estatutarios para llevar a cabo medidas de personal a gran escala dentro del Poder Ejecutivo", escribió Sauer en la solicitud en nombre de la administración.
La orden de Illston, que expirará la próxima semana a menos que la extienda, establecía que el Poder Ejecutivo necesita la ayuda del Congreso para llevar a cabo reducciones de personal a gran escala.
"Es prerrogativa de los presidentes impulsar nuevas prioridades políticas e imprimir su sello al gobierno federal. Pero para realizar reformas a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe contar con la ayuda de su rama equivalente y socia, el Congreso", escribió Illston a principios de este mes.
Su orden estipulaba además que la DOGE, la OPM y la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) carecían de autoridad para ordenar a otras agencias federales que realizaran despidos. Esta orden se aplicaba a los despidos en los departamentos de Agricultura, Energía, Trabajo, Estado, Interior, Tesoro y Asuntos de Veteranos, así como en la Fundación Nacional de Ciencias, la Administración de Pequeñas Empresas, la Administración del Seguro Social y la Agencia de Protección Ambiental.
Sin embargo, en la petición del gobierno del viernes, Sauer escribió que la orden de Illston era demasiado amplia y vulneraba los derechos del poder ejecutivo.
"Esa orden de amplio alcance prohíbe a casi todo el Poder Ejecutivo formular e implementar planes para reducir el tamaño de la fuerza laboral federal y exige la divulgación de documentos confidenciales y deliberativos de la agencia que presuntamente están protegidos por el privilegio ejecutivo", afirma la petición.
Entre los demandantes en el caso se incluyen las ciudades de San Francisco, Chicago y Baltimore; la federación laboral de empleados gubernamentales (American Federation of Government Employees); y organizaciones sin fines de lucro como la Alianza para los Jubilados Estadounidenses (Alliance for Retired Americans), el Centro para los Derechos del Contribuyente (Center for Taxpayer Rights) y la Coalición para la Protección de los Parques Nacionales de Estados Unidos (Coalition to Protect America’s National Parks).
Algunos sindicatos y organizaciones sin fines de lucro también son parte de otra demanda ante un juez de San Francisco que impugna los despidos masivos de trabajadores en período de prueba. En ese caso, el juez William Alsup ordenó al gobierno en marzo la reincorporación de esos trabajadores, pero la Corte Suprema de Estados Unidos posteriormente bloqueó su orden.
El razonamiento que la Corte Suprema utilizó en ese caso, argumentó Sauer, debería aplicarse para revocar la orden de Illston.
"Esta Corte intervino recientemente para impedir que un solo juez de distrito anulara los efectos de los despidos legales de miles de empleados públicos", escribió. "Debería seguir el mismo camino aquí, donde la orden tiene un alcance mucho más amplio —para abarcar a la mayor parte del gobierno federal— e impide al Ejecutivo siquiera planificar reducciones de personal, de conformidad con la directiva presidencial".
Mientras Sauer presentaba la demanda, Trump escribió en redes sociales que cree que la Corte Suprema de Estados Unidos está siendo manipulada, un día después de que la corte escuchara los argumentos sobre medidas cautelares a nivel nacional en un caso relacionado con su orden de ciudadanía por nacimiento.
Desde enero, la administración Trump ha estado involucrada en más de una docena de peticiones de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
"La Corte Suprema está siendo manipulada" por la izquierda, escribió Trump el viernes, en mayúsculas, y añadió que "su única esperanza es la intimidación de la propia corte".
No podemos permitir que eso le pase a nuestro país.
La administración Trump también presentó una apelación de emergencia ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. para el Noveno Circuito. La corte aún no emite un fallo sobre la apelación.
Con información de The Associated Press.
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