El presidente Donald Trump emitió un memorando el 7 de julio en el que prorrogaba el congelamiento de contrataciones federales hasta el 15 de octubre, manteniendo las exenciones para los puestos relacionados con las fuerzas armadas y la seguridad pública.
Trump impuso inicialmente un congelamiento de las contrataciones en enero, al comienzo de su segundo mandato. Después, lo extendió hasta el 15 de julio. El presidente ordenó ahora otra prórroga como parte de un esfuerzo por mejorar la eficiencia de las agencias federales.
En el reciente memorando, Trump dijo que "no se puede ocupar ningún cargo civil federal que esté actualmente vacante, ni se puede crear ningún cargo nuevo", excepto los que estén exentos o sean exigidos por ley.
Las agencias federales tienen prohibido "contratar fuera del gobierno federal para eludir la intención de este memorando", mientras que los jefes de las agencias "deberán buscar un uso eficiente del personal y los fondos existentes para mejorar los servicios públicos y la prestación de dichos servicios", según la orden.
El congelamiento de la contratación no se aplica al personal militar ni a los puestos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración, la seguridad nacional y la seguridad pública. También se eximen los puestos de la oficina ejecutiva del presidente.
El memorando establece que la Oficina de Gestión de Personal puede seguir concediendo exenciones a esta política cuando sea necesario y que las agencias federales pueden reubicar o reasignar al personal "para satisfacer las necesidades de máxima prioridad" o mantener los servicios esenciales.
El congelamiento iniciado en enero fue seguido por despidos masivos en varias agencias federales y miles de empleados federales optaron por salir bajo un programa de retiro voluntario ofrecido por la administración Trump.
Entre los organismos afectados se encuentra el Departamento de Asuntos de Veteranos, que anunció el 7 de julio que ha despedido a casi 17,000 trabajadores de su plantilla original de 484,000 desde enero. El organismo declaró que se espera que otros 12,000 empleados abandonen sus puestos antes de finales de septiembre "por causas naturales, jubilación anticipada voluntaria o el programa de renuncia diferida".
Estas reducciones de plantilla se produjeron a raíz de los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental para eliminar el fraude y reducir el gasto federal. La medida ha desencadenado acciones legales por parte de varios estados, sindicatos y organizaciones sin ánimo de lucro, que alegan que la administración Trump no obtuvo la autorización necesaria del Congreso.
El 1 de julio, la juez de distrito Melissa DuBose ordenó detener la reestructuración del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), al considerar que los despidos llevados a cabo en abril probablemente violaron la ley federal.
La juez concedió una medida cautelar solicitada por 19 estados y el Distrito de Columbia para bloquear la reducción de plantilla en el HHS, dictaminando que las medidas de la agencia eran "arbitrarias y caprichosas".
El secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., había planeado anteriormente despedir a unos 10,000 trabajadores como parte de un plan de reestructuración para mejorar la eficiencia de la agencia.
Con información de Zachary Stieber.
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