El Departamento del Tesoro anunció el 20 de noviembre que emitirá nuevas regulaciones para impedir que las personas con estatus ilegal en Estados Unidos accedan a los beneficios fiscales.
En un comunicado, el Tesoro dijo que la normativa propuesta cubrirá las "partes reembolsadas" de ciertos créditos fiscales sobre la renta de las personas físicas, como el crédito fiscal por ingresos del trabajo, el crédito fiscal adicional por hijos, el crédito fiscal por oportunidad estadounidense y el crédito por ahorro.
Según las propuestas, esos créditos entrarían dentro de la definición de "beneficios públicos federales" de la Ley de Reconciliación de la Responsabilidad Personal y la Oportunidad Laboral (PRWORA) de 1996, que excluirá a los inmigrantes ilegales de la posibilidad de acceder a ellos.
"Bajo el liderazgo del presidente [Donald] Trump, estamos haciendo cumplir la ley y evitando que los extranjeros ilegales reclamen beneficios fiscales destinados a los ciudadanos estadounidenses", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en el comunicado.
"La Oficina de Política Fiscal del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos trabajaron sin descanso para impulsar esta iniciativa y garantizar su correcta aplicación".
El Tesoro declaró que el Departamento de Justicia emitió recientemente un dictamen que respalda la interpretación de la ley por parte del Tesoro, y se espera que la normativa definitiva se aplique a partir del año fiscal 2026.
Brandon DeBot, director de políticas del Centro de Derecho Tributario de la Universidad de Nueva York, dijo que la nueva interpretación del Tesoro "contradice directamente la interpretación del Congreso y la práctica administrativa" de la ley.
Según DeBot, el código establece actualmente que se puede solicitar el crédito fiscal por hijos para los hijos ciudadanos siempre que al menos uno de los padres tenga un número de la Seguridad Social.
"Durante décadas, el Congreso estableció normas claras en el código fiscal que establecen que determinadas familias con estatus mixto y los inmigrantes que residen legalmente en el país tienen derecho a solicitar determinados créditos fiscales", afirmó DeBot en un comunicado.
"La novedosa reinterpretación de la ley por parte de la administración sostiene que una disposición de una ley de 1996 anula esas disposiciones claras del código fiscal", añadió. "Para denegar los créditos fiscales a las familias inmigrantes, es necesario que el Congreso actúe de forma explícita".
La medida sigue a la orden ejecutiva de Trump del 19 de febrero en la que ordenaba a las agencias federales limitar el acceso de los inmigrantes ilegales a las prestaciones públicas federales "en la medida máxima permitida por la ley".
Trump afirmó en su orden que el título IV de la PRWORA prohíbe a los inmigrantes ilegales recurrir a los recursos públicos, pero que las administraciones anteriores socavaron las limitaciones.
"En los últimos cuatro años, en particular, la administración anterior socavó repetidamente los objetivos de esa ley, lo que dio lugar a un gasto indebido de importantes recursos de los contribuyentes", declaró el presidente.
"Mi administración defenderá el estado de derecho, luchará contra el despilfarro de los recursos de los contribuyentes, ganados con tanto esfuerzo, y protegerá las prestaciones de los ciudadanos estadounidenses necesitados, incluidas las personas con discapacidad y los veteranos", añadió.
