Comentario
Los precios de la electricidad han pasado de ser un aspecto secundario de la vida cotidiana a ocupar un lugar central en la política. Lo que antes era un gasto doméstico discreto hoy en día es una carga visible y un símbolo contundente del fracaso de las políticas públicas. Los precios suben, no por la avaricia empresarial ni por los mercados descontrolados, sino porque la regulación, la inversión con fines políticos y la planificación energética vertical han chocado con el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. La inflación, las limitaciones de la oferta y las imposiciones gubernamentales han transformado la red eléctrica —antes un modelo de fiabilidad constante— en un escenario donde la economía, la tecnología y la política se enfrentan.
En el pasado los estadounidenses veían el precio de los huevos como el símbolo de la inflación. Ahora, el nuevo impacto se manifiesta en las facturas de la electricidad. Los costos de la energía eléctrica han aumentado cerca de un 4.5 % en el último año, casi el doble del Índice de Precios al Consumidor (IPC), debido al incremento de la demanda por parte de los centros de datos de IA y la manufactura avanzada, en un contexto de oferta limitada. "Cuando la demanda aumenta y la oferta es limitada, se paga más", dice Calvin Butler, director ejecutivo de Exelon Corp., la empresa que acaba de destinar 50 millones de dólares en ayuda a sus clientes de bajos ingresos para que paguen sus facturas del verano. El impacto se está extendiendo por la red eléctrica más grande de Estados Unidos, PJM Interconnection, donde los organismos reguladores estiman que tan solo el crecimiento de los centros de datos ha añadido 9300 millones de dólares a los costos de la energía.
Las cifras confirman la presión. La Administración de Información Energética informa que el precio promedio de la electricidad al por menor en Estados Unidos en 2025 será aproximadamente un 13 % más alto que en el 2022, con facturas mensuales de 178 dólares por hogar en promedio. En Virginia —donde se encuentra la mayor concentración de centros de datos del mundo— se prevé que los costos de la energía residencial y de la transmisión aumenten hasta un 26 % esta década y un 41 % en la próxima. El precio de la energía al por mayor en regiones con ambiciosos objetivos climáticos, como ISO-New England, se ha triplicado desde principios de 2024. Las regulaciones destinadas a estabilizar la transición energética están intensificando la volatilidad.
Durante dos décadas los centros de datos fueron pequeñas estructuras bastante anodinas que pareciendo almacenes formaban parte del paisaje. El auge de la IA generativa lo ha cambiado todo. El entrenamiento de grandes modelos de lenguaje exige una enorme potencia de cálculo, transformando modestos almacenes en megacomplejos que consumen tanta electricidad como las ciudades medianas y millones de litros de agua. Su impacto ambiental ha convertido la preocupación técnica del consumo eléctrico en un tema electoral.
En Virginia y Nueva Jersey —estados clave en las elecciones para gobernador de este año— la política de infraestructura de la IA se ha convertido en un reflejo del debate energético nacional. La demócrata de Virginia Abigail Spanberger argumenta que las empresas tecnológicas deberían pagar una parte justa por las mejoras en la red eléctrica que requieren sus operaciones. Su oponente republicana, Winsome Earle-Sears, culpa a las exigencias de las energías limpias por el aumento de los costos y los riesgos de confiabilidad. En Nueva Jersey algunas propuestas buscan que los desarrolladores de centros de datos financien la modernización de la red, mientras que el republicano Jack Ciattarelli aboga por más instalaciones y nuevas plantas de gas para satisfacer la demanda. El descontento popular por el aumento de las facturas ha difuminado las líneas partidistas: incluso candidatos locales de ambos partidos ahora piden moratorias para la construcción de nuevos centros de datos.
Estados como Nueva Jersey están experimentando precios de electricidad elevados y en aumento tras años de políticas que priorizaron el desarrollo de la energía eólica marina, permitiendo que la capacidad de la red y la generación de carga base firme se estancaran —en particular, el cierre de la central nuclear de Oyster Creek en 2018— incluso cuando la demanda se acelera. Ahora, el auge de la IA y los centros de datos chocan con estas limitaciones: PJM proyecta aproximadamente 32 GW de nueva demanda máxima para 2030 —unos 30 GW corresponderán a los centros de datos—, lo que genera presión en los precios al alza y preocupaciones sobre la suficiencia de recursos. Informes recientes muestran que los consumidores en toda la región de PJM están asumiendo miles de millones en costos de transmisión vinculados al crecimiento de los centros de datos. Las obligaciones de la energía eólica marina también conllevan costos OREC superiores a los del mercado que, según los reguladores y consultores, serán trasladados a los usuarios, reforzando la presión sobre los precios ahí donde las mejoras en la transmisión están rezagadas. En resumen, los lugares que retiraron la energía nuclear y avanzaron lentamente en la infraestructura de telecomunicaciones mientras apostaban fuertemente por la energía eólica marina entraron en la era de los centros de datos sin la preparación adecuada y ahora luchan por mantenerse al día o aumentan sus tarifas para financiar la capacidad y las mejoras de la red.
La frustración se extiende. En Misuri, el senador Josh Hawley ha denunciado a los "enormes consumidores de electricidad", acusando a Silicon Valley de impulsar costosos proyectos de transmisión subsidiados por los usuarios residenciales. La contienda por la Comisión de Servicios Públicos de Georgia ha girado en torno a las afirmaciones de que los operadores de centros de datos disfrutan de tarifas de cinco centavos por kilovatio-hora, mientras que los hogares pagan cuatro veces más. Estas disputas reflejan una realidad económica: los contratos industriales a tarifa fija y las exenciones fiscales simplemente trasladan los costos a los consumidores en lugar de reducirlos.
El crecimiento de la demanda no solo es extraordinariamente fuerte, sino que además está en aumento y es difícil de predecir. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo energético mundial de los centros de datos casi se duplicará para 2030. Sin embargo, en un mercado verdaderamente competitivo, dicho crecimiento atraería inversión privada en nueva generación y transmisión de energía. En cambio, los procesos de autorización que se prolongan durante varios años, las exigencias de contenido nacional y los litigios, han limitado la oferta. Las empresas de servicios públicos privadas tienen previsto invertir más de un billón de dólares en proyectos de capital hasta 2029 —gran parte de ellos impulsados por la regulación más que por las necesidades del mercado—, costes que inevitablemente repercuten en las tarifas y las facturas mensuales.
La reconfiguración política en torno a la infraestructura de la IA revela una lección más profunda: la energía no puede planificarse centralmente sin contrapartidas. Estados como Texas, donde los mercados competitivos responden directamente a las señales de precios, suministran electricidad a casi la mitad del precio de Massachusetts y mantienen una mayor fiabilidad a pesar del rápido crecimiento de la demanda. Por el contrario, los estados que dependen de la planificación administrativa han asumido costes más elevados y una innovación más lenta.
Ambos partidos son conscientes de lo que está en juego. El Plan de Acción de la IA de la administración Trump busca acelerar las aprobaciones y expandir la capacidad de la red eléctrica para preservar la hegemonía estadounidense sobre China, al tiempo que intenta frenar el cierre de las centrales de combustibles fósiles y eliminar los incentivos fiscales para la energía eólica y solar. Los demócratas que promueven la agenda de la "abundancia" ensalzan los centros de datos como pilares de un futuro digital y descarbonizado. Sin embargo, la tensión económica persiste: ¿quién paga por la energía que alimenta las máquinas?
La electricidad ya no es un insumo neutral; es un bien que impulsa tanto el crecimiento como el descontento. El mercado podría satisfacer la creciente demanda de manera eficiente si se le permitiera hacerlo libremente. En cambio, el control burocrático, la competencia por los subsidios y el favoritismo político han generado escasez, que luego es explotada por la política. La cura que se ofrece —más mandatos, más subsidios, más planificación— es en sí misma la enfermedad.
Un enfoque basado genuinamente en el mercado permitiría que los precios reflejaran la escasez, abriría la generación y el suministro minorista a la competencia y pondría fin a las subvenciones cruzadas que ocultan los costos a los votantes. La descarbonización y la innovación pueden coexistir con la asequibilidad, pero solo cuando se permite que el capital fluya hacia donde los beneficios justifiquen los riesgos asumidos. Al revisar sus facturas de electricidad, los estadounidenses están descubriendo, y en algunos casos redescubriendo, que la electricidad es, en última instancia, un bien de mercado, no un derecho político, y que los intentos de regular sus costos solo los postergan y los magnifican.
Del Instituto Americano de Investigación Económica (AIER)
