Una juez federal concedió una orden judicial preliminar que detiene el plan de la administración Trump de recortar más de 11,000 millones de dólares en subvenciones de salud pública, alineándose con una coalición de 23 estados y el Distrito de Columbia que interpusieron una demanda para mantener el flujo de fondos.
La juez federal de distrito Mary McElroy, de Rhode Island, en un fallo de 60 páginas emitido el 16 de mayo, concluyó que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) probablemente violó la ley federal al cancelar abruptamente las subvenciones que apoyaban el acceso a vacunas, programas de salud mental, tratamiento de adicciones y preparación para pandemias. McElroy determinó que las cancelaciones se emitieron sin previo aviso, justificación adecuada ni autoridad legal.
"Las agencias no tienen poder ilimitado para impulsar la agenda de un presidente", escribió McElroy. La juez afirmó que el poder ejecutivo no puede ignorar los fondos ya asignados por el Congreso. Señaló que los estados demostraron una "alta probabilidad de éxito" en sus demandas legales y que podrían sufrir daños irreparables si se permitía que los recortes continuaran.
La resolución extiende una orden de restricción temporal que McElroy emitió el 3 de abril y prohíbe al HHS hacer cumplir o emitir nuevas terminaciones a los estados demandantes mientras el caso se encuentra en pleno litigio judicial.
McElroy, designada por el presidente Donald Trump, reconoció la postura del gobierno de que la pandemia COVID-19 terminó y que el dinero de la subvención, originalmente aprobado durante la crisis de salud, ya no era necesario. Sin embargo, concluyó que el Congreso ya había revisado y preservado los fondos en 2023, y que muchas de las subvenciones servían para atender prioridades de salud pública en curso mucho más allá de la pandemia.
El HHS había argumentado que la pandemia terminó y que continuar con las subvenciones equivalía a desperdiciar "miles de millones de dólares de los contribuyentes para responder a una pandemia inexistente que los estadounidenses superaron hace años".
Sin embargo, el juez criticó al HHS por emitir avisos de terminación estandarizados que citaban el fin de la pandemia como causa para cancelar una amplia gama de programas, sin una revisión individualizada ni evidencia de uso indebido.
McElroy escribió que estos programas "hicieron mucho más que abordar las preocupaciones de salud pública relacionadas con el virus COVID-19", señalando la financiación para la prevención del suicidio, la respuesta a las sobredosis, el acceso a las vacunas en comunidades marginadas y la preparación para amenazas emergentes como la gripe aviar y el sarampión.
La demanda, presentada el 1 de abril por una coalición de fiscales generales, alega que las acciones del HHS violaron la Ley de Procedimiento Administrativo y la separación de poderes de la Constitución.
En documentos judiciales, los estados afirmaron que los despidos pusieron en peligro cientos de puestos de primera línea y amenazaron con perjudicar los servicios a las poblaciones vulnerables. Por ejemplo, el estado de Washington proyectó la pérdida de 200 trabajadores de la salud, incluyendo 150 empleados a tiempo completo responsables de la preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas.
"Sin estos empleados, el estado correría un mayor riesgo de contraer diversas enfermedades infecciosas, algunas de las cuales causan enfermedades graves, discapacidad o la muerte", escribió McElroy, señalando también que, bajo el plan de recortes de fondos del gobierno, el programa estatal de inmunización de Colorado se reduciría a un solo empleado.
El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, uno de los principales demandantes, celebró el fallo.
"Si no tenemos salud, no tenemos nada", declaró Neronha. "Una estrategia de recortes gubernamentales drásticos nunca dará resultados positivos para el pueblo estadounidense, y seguiremos luchando y ganando en las cortes para minimizar el daño que está causando la Administración Trump".
La orden judicial de McElroy se aplica únicamente a los 23 estados y al Distrito de Columbia que se unieron a la demanda. El juez también ordenó al gobierno federal presentar un informe público antes del 20 de mayo, detallando sus esfuerzos para cumplir con la sentencia, incluyendo pruebas de que notificó a las agencias y jurisdicciones cubiertas por la orden.
El Departamento de Justicia, que representa al HHS en el caso, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la sentencia.
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