Un juez federal dijo el 19 de noviembre que tiene la intención de continuar una investigación por desacato a la Corte que busca descubrir por qué los funcionarios del gobierno ignoraron su orden de detener la deportación de un grupo de inmigrantes ilegales a El Salvador a principios de este año.
"Sin duda, tengo la intención de averiguar qué ocurrió ese día", dijo el juez federal James Boasberg durante una audiencia celebrada el miércoles.
Boasberg concedió hasta el lunes para que los abogados que representan a los deportados y al gobierno presenten sus recomendaciones sobre cómo debe proceder, incluyendo qué testigos deben comparecer ante el tribunal.
Boasberg dijo el miércoles en la corte que quiere saber exactamente cuáles funcionarios del gobierno fueron los responsables de desobedecer su orden.
En marzo, Boasberg ordenó que tres aviones llenos de inmigrantes ilegales, deportados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, no fueran al centro de detención de terroristas CECOT de El Salvador.
Los planes de vuelo no se detuvieron.
Esto motivó la investigación original de Boasberg por desacato en abril, que la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia anuló temporalmente en agosto.
Luego de meses de deliberaciones, un panel más amplio de jueces emitió una orden el 14 de noviembre indicando que puede continuar la investigación por desacato.
"La corte de distrito mantiene la libertad para exigir al gobierno que identifique a los responsables de las decisiones que dieron lugar a las posibles acciones de desacato y que considere cuidadosamente los próximos pasos a seguir", dice la orden.
Tiberius Davis, en representación del Departamento de Justicia, se opuso el miércoles a la decisión de Boasberg, señalando que la propia Corte Suprema anuló las órdenes anteriores del juez.
"Seguiré adelante con ello", dijo Boasberg.
El asunto surge de una demanda interpuesta por inmigrantes ilegales venezolanos que fueron acusados por el gobierno federal de pertenecer a la banda Tren de Aragua, que el Departamento de Estado designó como grupo terrorista extranjero en febrero.
El demandante principal, identificado solo por las iniciales J.G.G., defiende que no es miembro de la banda.
Según la demanda J.G.G. huyó de Venezuela después de ser golpeado y torturado por la policía estatal.
Varios de los demandantes, entre ellos Andry José Hernández Romero, solicitaron asilo político en Estados Unidos después de sufrir malos tratos por parte del régimen venezolano.
Romero dijo que fue perseguido en su país natal por su orientación sexual y por negarse a "promover la propaganda del gobierno", según un documento judicial.
Él y los demás demandantes del caso fueron liberados en julio como parte de un intercambio de prisioneros y enviados a Venezuela; su impugnación ante la deportación sigue en curso.
Mientras tanto, Boasberg enfrenta peticiones de destitución tras revelarse que permitió al Departamento de Justicia, bajo la dirección de Jack Smith, citar a declarar a miembros del Congreso para que entregaran sus registros telefónicos, al mismo tiempo que firmaba una orden para mantener esas citaciones en secreto.
