La división de Houston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) arrestó a 3593 inmigrantes ilegales con antecedentes penales en la región del sureste de Texas durante el cierre del gobierno federal entre el 1 de octubre y el 12 de noviembre, sdegún informó la agencia en un comunicado el 18 de noviembre.
Entre los detenidos hay 10 inmigrantes ilegales con órdenes de arresto pendientes por delitos, 13 asesinos, 23 miembros de pandillas, 46 personas condenadas por delitos relacionados con armas, 51 depredadores de menores y 67 delincuentes sexuales, según ICE.
Ademas, 103 personas fueron condenadas por robo con allanamiento o hurto, 261 por agresión agravada y 366 por conducir en estado de ebriedad, informó la agencia.
"Entre los demás delitos y condenas penales representados entre los delincuentes extranjeros arrestados se incluyen secuestro agravado, delitos relacionados con drogas, delitos con armas, trata de personas, amenazas terroristas, evasión y resistencia al arresto, prostitución, atropello con fuga, soborno, robo de automóviles, falsificación, falsificación de documentos, tráfico de personas, allanamiento de morada, incendio provocado, operación ilegal de una sala de juegos, reingreso ilegal, entrada ilegal y otros numerosos delitos", agregó el comunicado.
Según el ICE, uno de los detenidos era un miembro de la pandilla MS-13 de 23 años, originario de Honduras, presunto autor de un triple homicidio en el condado de Dallas, Texas. Fue puesto en libertad en Estados Unidos en mayo del año pasado, durante la administración Biden.
Otro individuo, un violador convicto de 44 años originario de México, fue interceptado por el ICE en septiembre de 2023, pero la agencia no pudo detenerlo ni expulsarlo del país en ese momento debido a las directrices de control migratorio de la administración anterior.
Según el ICE, la persona procedió a violar y agredir a una mujer el 25 de octubre de 2023 y fue condenada por agresión sexual y agresión agravada en agosto de 2024.
"Todo nuestro equipo comprende lo fundamental que es la misión del ICE para la seguridad pública y la seguridad nacional", dijo Bret Bradford, director de la oficina de campo de Operaciones de Control y Expulsión del ICE en Houston.
Agentes federales montan guardia mientras son increpados por residentes tras detener una caravana que circulaba por el barrio de Brighton Park en Chicago, Illinois, el 6 de noviembre de 2025. (Foto de Scott Olson/Getty Images)"Y a pesar de que muchos de ellos no recibían paga, continuaron presentándose todos los días y dando todo lo que tenían para proteger a esta comunidad de peligrosos miembros de pandillas criminales inmigrantes ilegales, depredadores de menores, Asesinos y violadores".
Los demócratas han criticado las operaciones de inmigración del gobierno de Trump y han pedido a las autoridades locales que tomen medidas contra la aplicación de la ley federal.
El 22 de octubre, los representantes Nancy Pelosi (D-Ca.) y Kevin Mullin (D-Ca.) emitieron una declaración en este sentido tras los informes de operaciones de inmigración en el área de la Bahía de San Francisco, California.
Según el comunicado conjunto, la ley de California impide que los agentes federales realicen ciertas acciones en el estado.
"Si bien el Presidente goza de inmunidad absoluta gracias a su Corte Suprema corrupta, quienes actúan bajo sus órdenes no la tienen. Nuestras autoridades estatales y locales pueden arrestar a agentes federales si infringen la ley de California, y si son condenados, el Presidente no puede indultarlos", añade el comunicado.
El 23 de octubre, el Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, advirtió a los funcionarios de California que no tomaran tales medidas.
El Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés) "considera que cualquier arresto de agentes y funcionarios federales en el desempeño de sus funciones oficiales es ilegal e inútil", dijo Blanche.
"Numerosas leyes federales prohíben interferir e impedir las operaciones de inmigración u otras operaciones de aplicación de la ley".
Mientras tanto, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció que el estado estado estaba exigiendo a los funcionarios del condado de Harris después de que estos destinarán más de 1.3 MDD de fondos públicos para defender legalmente a inmigrantes ilegales contra la deportación.
La denuncia argumentaba que las leyes estatales prohíben a los gobiernos locales gastar fondos públicos para fines civiles, como los procedimientos federales de deportación.
"Debemos detener a los radicales de izquierda que están robando a los texanos para evitar que la Administración Trump deporte a los inmigrantes ilegales", dijo Paxton en un comunicado.
Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del 27 de octubre, más de 527,000 inmigrantes ilegales han sido expulsados de Estados Unidos bajo la administración Trump.
Ademas, 1.6 millones de inmigrantes ilegales se han autodeportado voluntariamente del país.
"Ante un número histórico de mandatos judiciales de jueces activistas y amenazas a las fuerzas del orden, el DHS, el ICE y la CBP [Aduanas y Protección Fronteriza] no solo han cerrado la frontera, sino que han dado pasos históricos para cumplir la promesa del presidente Trump de arrestar y deportar a los inmigrantes ilegales que han invadido nuestro país", dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS.
