La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, instó esta semana a la Corte Suprema a que rechace una demanda sobre la obligación de la vacuna contra el COVID-19 impuesta por el estado a los trabajadores sanitarios.
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York emitió una norma de emergencia en agosto de 2021 que obligaba a los empleadores del sector sanitario a exigir la vacunación contra la COVID-19 a sus trabajadores.
El departamento derogó la obligación en octubre de 2023, mientras estaba pendiente en los tribunales una demanda presentada por trabajadores sanitarios para impugnarla.
Antes de la derogación, tres trabajadores sanitarios, cuyos nombres no se identificaron en los documentos judiciales, presentaron una demanda contra la norma. Argumentaron que era ilegal porque no permitía a los trabajadores con objeciones religiosas de buena fe a la vacuna obtener una exención del requisito de vacunación. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos desestimó su demanda en diciembre de 2024 en una orden sumaria no publicada y sin precedentes.
Hochul afirmó en un escrito presentado ante la Corte Suprema el 21 de julio que la petición de los trabajadores debía ser denegada porque el Segundo Circuito desestimó el caso y la obligación ya no existe.
No hay "ninguna expectativa razonable" de que se restablezca la obligación de vacunarse. Conceder la petición llevaría al tribunal a participar en un "ejercicio hipotético" en el que "se adentraría en cuestiones relativas al significado y la validez de la misma norma estatal derogada", afirmó.
Los trabajadores habían presentado ante la Corte Suprema una petición solicitando la revisión de la sentencia del Segundo Circuito del 20 de marzo.
Nueva York "obligó a los trabajadores sanitarios a elegir entre su sustento y sus convicciones religiosas sin tener en cuenta ninguna posibilidad de adaptación", afirmó Mat Staver, presidente de Liberty Counsel, el bufete de abogados de interés público que representa a los trabajadores que presentaron el caso, en un comunicado en ese momento.
“Los responsables de las denegaciones ilegales de exenciones religiosas y de los despidos pueden ser sometidos a un escrutinio judicial adecuado por sus acciones, y los trabajadores sanitarios despedidos pueden recibir la justicia que se les debe desde hace mucho tiempo”.
Según la petición, el estado violó el título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, que exige a los empleadores proporcionar adaptaciones religiosas. El estado también violó la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que la ley federal prevalece sobre la estatal cuando existe un conflicto entre ambas, según la petición.
Inicialmente, el estado siguió la ley federal y permitió a los trabajadores sanitarios excluirse de la vacunación si esta violaba sus creencias religiosas sinceras. Días más tarde, el estado revocó la adaptación religiosa y prohibió a los empleadores aprobar una exención basada en la religión, según la petición.
Los tres trabajadores sanitarios afirman que fueron despedidos por negarse a vacunarse contra el COVID-19. Afirman que sus convicciones religiosas les impedían aceptar la vacuna.
Las tres vacunas contra el COVID-19 disponibles en el momento en que se impuso la obligación estaban relacionadas con líneas celulares fetales abortadas en "su origen, producción, desarrollo o ensayo", según la petición. Los trabajadores creen que el aborto quita una vida inocente y es un pecado, afirma la petición.
La corte federal de distrito del Distrito Este de Nueva York, donde los trabajadores presentaron su demanda, se negó a suspender la orden. Esa corte razonó que no era necesario bloquearla porque una corte del Distrito Norte de Nueva York ya la había suspendido. El estado solicitó a la corte del Distrito Este que desestimara la demanda de los trabajadores, y así lo hizo en septiembre de 2022.
Los trabajadores apelaron ante el Segundo Circuito, que desestimó su demanda. La corte de apelaciones sostuvo que la ley estatal prevalecía sobre el requisito del Título VII de proporcionar una adaptación religiosa, según la petición.
El Segundo Circuito determinó que el estado no tenía que cumplir con el Título VII “porque basarse en una ley estatal directamente contraria al Título VII constituía una dificultad excesiva”.
La petición decía que la Corte Suprema debería aceptar el caso para resolver la división entre los circuitos, ya que la conclusión entra en conflicto con la posición adoptada por las Cortes de Apelación de los circuitos Cuarto, Sexto, Séptimo, Noveno, Décimo y Undécimo de los Estados Unidos.
Anteriormente, en junio de 2022, la Corte Suprema rechazó una petición presentada por 16 trabajadores sanitarios que también se oponían a la obligación por motivos religiosos.
En el caso conocido como Dr. A v. Hochul, los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch disintieron de la denegación de la petición.
Thomas afirmó que el alto tribunal debería haber tomado una “decisión prudente” y admitir la petición ahora, en lugar de postergarla hasta que “la próxima crisis nos obligue de nuevo a decidir cuestiones jurídicas complejas en una situación de emergencia”.
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