Un juez federal de Massachusetts mantuvo su bloqueo a nivel nacional contra la política del presidente Donald Trump que restringe la ciudadanía por nacimiento, argumentando que una medida cautelar más restrictiva no sería práctica y crearía demasiados problemas para los estados que demandaron a la administración.
"El expediente no respalda la conclusión de que una opción más restrictiva protegería de manera viable y adecuada a los demandantes de los perjuicios que han demostrado que probablemente sufrirán si la política ilegal anunciada en la Orden Ejecutiva [de Trump] entra en vigor durante la tramitación de esta demanda", declaró el juez federal de distrito Leo Sorokin en un dictamen el 25 de julio.
El dictamen de Sorokin se emitió casi un mes después del fallo de la Corte Suprema en el caso Trump contra CASA, en el que la mayoría de los jueces declaró que las medidas cautelares a nivel nacional probablemente excedían la autoridad otorgada a las cortes por el Congreso. Sin embargo, el dictamen mayoritario de la jueza Amy Coney Barrett dejó algunas salvedades, indicando que los jueces deben adaptar sus medidas cautelares para brindar un alivio completo a los demandantes.
Señaló que esto era complicado para los estados demandantes, dada la naturaleza de los programas gubernamentales y la forma en que las personas cruzan las fronteras estatales. Sorokin declaró el 25 de julio que, sin una orden judicial a nivel nacional, los estados demandantes —que incluían Nueva Jersey, Massachusetts y otros— enfrentarían cargas administrativas y financieras debido a la política de Trump.
Sorokin declaró que la política de Trump era inconstitucional y contraria a la ley federal, pero que la Corte Suprema "sin duda" resolverá la cuestión en última instancia.
La decisión de la Corte Suprema había devuelto tres órdenes judiciales a nivel nacional a cortes inferiores para su posterior consideración. Desde su decisión, la corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito también intervido, confirmando un bloqueo a nivel nacional de un juez federal del estado de Washington.
La última de las tres medidas cautelares consideradas por la Corte Suprema provino de Maryland, donde una juez federal declaró el 16 de julio que, en ese momento del litigio, carecía de jurisdicción para emitir una medida cautelar amplia. Esto se debe, según explicó, a que el asunto estaba pendiente ante la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los Estados Unidos.
Además de esa demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se apresuró a seguir la decisión de la Corte Suprema solicitando a una juez federal de Nuevo Hampshire que bloqueara la política de Trump mediante un mecanismo legal alternativo conocido como demanda colectiva. La juez respondió bloqueando temporalmente la política de Trump para un grupo provisional de personas, definido por aquellos sujetos a la orden de Trump.
El gobierno ha ofrecido múltiples alternativas a las medidas cautelares a nivel nacional para que los jueces las consideren. Sin embargo, según Sorokin, ninguna de las posibles alternativas en su caso sería viable ni evitaría ciertos perjuicios.
Por ejemplo, Sorokin consideró limitar su medida cautelar original para que la política de Trump no afectara a los estados demandantes ni a los niños nacidos en estos. Esa alternativa no proporcionaría "nada que se acerque a un alivio completo e impondría cargas adicionales" a los estados, afirmó Sorokin. Citó evidencia de que las mujeres embarazadas dan a luz fuera de su estado de residencia.
Uno de los principales factores que Sorokin consideró fue cómo una medida cautelar más limitada afectaría a los programas de prestaciones públicas, como el Programa de Seguro Médico para Niños. Citó evidencia de que las familias que probablemente necesitarían prestaciones públicas se mudarían de estados no demandantes a estados demandantes.
Lidiar con un sistema de ciudadanía fragmentado o cambiar los sistemas existentes no era algo que los estados pudieran gestionar fácilmente, sugirió Sorokin.
"La corte considera que los requisitos de ciudadanía están incluidos en numerosas leyes federales pertinentes y, en consecuencia, son componentes intrínsecos de los sistemas de verificación electrónica administrados por Estados Unidos, los cuales están interconectados con bases de datos estatales y otros sistemas de procesamiento", declaró. Añadió que los cambios en la ciudadanía y la consiguiente confusión podrían frenar la inscripción en programas públicos, lo que afectaría la salud y el bienestar de los niños.
Durante una audiencia celebrada el 18 de julio, el Departamento de Justicia le indicó a Sorokin que no tenía que considerar si es viable ni la factibilidad de su orden al emitirla. El dictamen de Sorokin lo cuestionó, afirmando que la postura del gobierno "desafía tanto la ley como la lógica". Su dictamen también señaló que el gobierno no hizo lo suficiente para presentar pruebas y hechos que respaldaran su postura.
El Departamento de Justicia argumentó el 18 de julio que algunas de las pruebas de los demandantes no se presentaron adecuadamente ante la corte. También cuestionó la legitimación activa de los demandantes, pero la opinión de Sorokin indicó que el asunto ya había sido resuelto por la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de los Estados Unidos y que no podía cuestionar la decisión del circuito.
Trump ha criticado el concepto de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados, sugiriendo que distorsiona el verdadero propósito de la Decimocuarta Enmienda. Su política dispuso que el gobierno no otorgara la ciudadanía si la madre de una persona se encontraba ilegalmente en el país y su padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal al momento de su nacimiento.
La política también establece que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a una persona cuya presencia materna fue legal pero temporal y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal al momento de su nacimiento.
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