El Departamento de Estado de Estados Unidos abrió una investigación sobre la elegibilidad de la Universidad de Harvard como patrocinadora del visado J, un visado que permite a los extranjeros venir a Estados Unidos como estudiantes, profesores e investigadores.
En una declaración realizada el miércoles, el secretario de Estado Marco Rubio enfatizó en las obligaciones legales de las instituciones que participan en el programa de visados J, conocido oficialmente como programa de visitantes de intercambio.
“Para mantener su privilegio de patrocinar a visitantes de intercambio, los patrocinadores deben cumplir con todas las regulaciones, incluyendo la realización de sus programas de manera que no socaven los objetivos de la política exterior ni comprometan los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo Rubio.
“El pueblo estadounidense tiene derecho a esperar que sus universidades defiendan la seguridad nacional, cumplan con la ley y proporcionen un entorno seguro para todos los estudiantes.
“La investigación garantizará que los programas del Departamento de Estado no vayan en contra de los intereses de nuestra nación”.
En respuesta a una solicitud de comentarios, un portavoz de Harvard denunció la investigación como una “medida de represalia” que viola los derechos de la Primera Enmienda de la universidad.
“Harvard sigue matriculando y patrocinando a académicos, investigadores y estudiantes internacionales, y protegerá a su comunidad internacional y les prestará apoyo cuando soliciten visados para Estados Unidos y viajen al campus este otoño”, afirmó el portavoz en un comunicado enviado por correo electrónico a The Epoch Times.
“La universidad se compromete a seguir cumpliendo con las regulaciones aplicables del Programa de Intercambio de Visitantes”.
El anuncio se produce en medio de una batalla legal entre Harvard y la administración Trump sobre si la universidad de la Ivy League puede seguir matriculando a ciudadanos extranjeros con visados J, así como con visados F y M, que suelen expedirse a estudiantes académicos y profesionales, respectivamente.
En mayo y junio, un juez federal de Massachusetts dictó dos órdenes judiciales separadas que bloqueaban indefinidamente tanto el intento del Departamento de Seguridad Nacional de revocar la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) de Harvard como una proclamación presidencial que habría suspendido la concesión de nuevos visados a los estudiantes que ingresaran en Harvard.
Las dos órdenes judiciales, al menos por ahora, permiten a los estudiantes internacionales recién admitidos solicitar y entrar en Estados Unidos con visados expedidos por Harvard mientras se tramitan los casos. No obstante, Harvard aconseja a quienes tengan previsto viajar al extranjero y volver a entrar en el país que "evalúen cuidadosamente su situación individual" antes de hacerlo.
Además de la disputa sobre los visados, Harvard ha presentado una demanda para recuperar el acceso a más de 2000 millones de dólares en subvenciones y contratos federales.
La administración Trump congeló esos fondos en varias rondas a partir de abril, cuando acusó a Harvard de no hacer lo suficiente para proteger a los estudiantes judíos e israelíes del acoso antisemita tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la respuesta militar de Israel en Gaza, que desencadenaron protestas en los campus universitarios de todo el mundo.
Aunque la tensión entre Harvard y la administración Trump se centró inicialmente en el antisemitismo en el campus, desde entonces se ha ampliado para incluir cuestiones como el sesgo ideológico y el compromiso de Harvard con los objetivos de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que según la administración contravienen las leyes federales contra la discriminación.
En una carta fechada el 11 de abril, la administración afirmó que Harvard no había "cumplido las condiciones intelectuales y de derechos civiles que justifican la inversión federal". La carta esbozaba una serie de exigencias radicales, entre ellas el cierre de todas las oficinas de DEI, la revisión del proceso de admisión internacional para descartar a los solicitantes considerados "hostiles a los valores estadounidenses" o "partidarios del terrorismo o el antisemitismo", y la realización de una auditoría externa del profesorado, el alumnado y la dirección para evaluar la "diversidad de puntos de vista".
La administración también pidió una auditoría de programas específicos, entre los que destaca el Centro de Estudios de Oriente Medio, que supuestamente “alimentan el acoso antisemita o reflejan una captura ideológica”. La auditoría tendría que identificar a cualquier miembro del profesorado que hubiera “discriminado a estudiantes judíos o israelíes” o “incitado a los estudiantes a violar las normas de Harvard” en las protestas del campus.
El 14 de abril, Harvard hizo públicas tanto la carta de la administración como la respuesta del presidente de Harvard, Alan Garber, en la que rechazaba categóricamente las condiciones propuestas y afirmaba que la universidad “no renunciará a su independencia ni a sus derechos constitucionales”.
Harvard también ha rebatido la acusación de que no ha abordado adecuadamente el antisemitismo en el campus, afirmando que ha tomado medidas para reforzar las políticas contra la discriminación, ha sancionado a quienes las infringen y ha promovido un “diálogo abierto y respetuoso” sobre el tema.
“Harvard está lejos de ser indiferente a esta cuestión y discrepa totalmente de las conclusiones del gobierno”, afirmó en junio un portavoz de la universidad.
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