Opinión
Cuba tiene una larga historia de abusos contra los derechos humanos. Por fin, Estados Unidos comienza a tomar nota.
El mes pasado, el congresista Carlos Giménez (R-Fla.) envió una carta a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con una lista de más de 100 funcionarios del gobierno cubano vinculados a abusos contra los derechos humanos y a la complicidad en el tráfico de personas, incluidos niños, por parte de la dictadura. Solicitó su investigación inmediata y su deportación de Estados Unidos por representar un peligro para los exiliados cubanos y el sistema de inmigración estadounidense. Esto ya no es solo un problema cubano. Muchos de esos mismos funcionarios viven ahora aquí mismo, en Estados Unidos, disfrutando de la libertad y la seguridad que negaron a tantos otros. Participaron directamente en la construcción de un sistema que se beneficia del abuso de niños y se retiraron discretamente en Estados Unidos. Ahora deben ser llevados ante la justicia.
Durante décadas, el gobierno cubano ha utilizado lagunas legales y la industria turística para lucrarse con la explotación infantil. Aunque el tráfico sexual es un problema rampante en el país, la última actualización del Código Penal oficial incluye lagunas que legitiman tácitamente las relaciones con menores de entre 12 y 16 años. Más que un fracaso legislativo, se trata del resultado lógico de una ideología que ve a la familia como una amenaza al control estatal y se beneficia de la explotación de los niños cubanos.
El sistema legal actual es muy indulgente con los delitos sexuales. El Código Penal de Cuba, actualizado en 2022, establece oficialmente la edad de consentimiento en 16 años, pero solo tipifica como delito las relaciones sexuales con menores de entre 12 y 16 años si hay coacción, abuso de autoridad o engaño (artículos 305 y 310). Si no se dan estas circunstancias, el acto no puede ser perseguido a menos que un tutor presente una denuncia. Esto significa que las relaciones sexuales con menores de 12 años solo se penalizan en determinados casos.
Esta falta de enjuiciamiento automático de las actividades sexuales con menores de entre 12 y 15 años significa que los adultos pueden mantener estas relaciones, y los menores suelen considerarse "consentidos", e incluso si una persona es condenada por abuso sexual contra un menor, solo se enfrenta a una pena de tres meses a un año de prisión. Estas penas mínimas no sirven como disuasión y reflejan un desprecio total por la gravedad de estos delitos.
Algunos de los funcionarios que ahora se enfrentan a la deportación a Cuba han participado directamente en la perpetuación de este sistema de explotación. La combinación de penas laxas por abusos sexuales, un gobierno autoritario y una economía centrada en el turismo convierte a Cuba en un caldo de cultivo para la corrupción y los abusos. Estos mismos funcionarios están ahora construyendo una nueva vida en Estados Unidos, integrándose como si nada hubiera pasado, mientras sus víctimas siguen pagando el precio. No eran simples burócratas pasivos, sino que ayudaron a crear y aplicar las políticas que permitieron el tráfico de niños en aras del turismo.
Al crecer en Cuba, me acostumbré a ver a compañeros de clase y amigos menores de edad pasando tiempo con turistas extranjeros mayores como una forma rápida de ganar dinero. Es de conocimiento público en Cuba que los establecimientos gestionados por el gobierno —hoteles, restaurantes y lugares de entretenimiento— hacen la vista gorda si se soborna a alguien o se compran sus productos, lo que convierte las atracciones turísticas en lugares privilegiados para los intercambios ilícitos entre turistas y menores cubanos.
Se estima que hay 89,000 prostitutas en Cuba, muchas de las cuales son niñas y niños menores de edad que se ofrecen a los turistas. Las autoridades cubanas admiten que las personas de entre 13 y 20 años son las más vulnerables a la trata de personas en el país, pero en 2014 solo hubo 18 condenas por trata con fines sexuales, seguidas de 17 en 2020, 10 en 2021 y solo seis en 2022. Aunque el gobierno afirma que "bajo ninguna circunstancia" organiza "ningún tipo de turismo sexual", la debilidad de las leyes y las lagunas jurídicas demuestran que estas condenas de la prostitución son hipócritas. El escaso número de condenas por parte de las autoridades pone de manifiesto la complicidad de los funcionarios del gobierno a la hora de dejar impunes estos delitos.
El Código Penal apunta a la normalización de la explotación infantil para atraer a turistas sexuales que buscan destinos con menos restricciones legales. Estas acciones también están en línea con el patrón de la dictadura de implementar políticas que debilitan la estructura familiar al fomentar el aborto, facilitar el divorcio e imponer la autoridad del Estado sobre los derechos de los padres. Este es el resultado del liderazgo autoritario: los políticos y los hombres poderosos se benefician de la explotación de los niños, mientras que los padres y las familias se ven presionados a cumplir.
Los niños cubanos nunca estarán seguros hasta que se desmantele la dictadura que se embolsa los millones de la industria del turismo sexual, y la deportación de estos funcionarios del gobierno será un paso fundamental para abordar la red de corrupción. No se les debe permitir que se beneficien del abuso de menores y luego vengan a Estados Unidos a jubilarse cómodamente mientras siguen sirviendo a sus amos sin enfrentarse a ninguna consecuencia. Puede que no tengan antecedentes penales en Estados Unidos ni en Cuba, pero son criminales y deben rendir cuentas por estos horrores, vayan donde vayan.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente los puntos de vista de The Epoch Times.
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