Opinión
Estados Unidos está retomando su capacidad de denegar visas a funcionarios extranjeros adversarios que desean visitar las Naciones Unidas. Los dos ejemplos más recientes son el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Además, Estados Unidos rechazó las visas de 80 funcionarios palestinos de menor rango. Todos pretendían asistir a la Asamblea General de la ONU en la ciudad de Nueva York, que se llevó a cabo del 9 al 29 de septiembre. Estados Unidos le negó la visa a Abbas por su presunto apoyo al terrorismo, mientras que la visa de Petro fue cancelada tras pedir a los soldados estadounidenses que desobedecieran las órdenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El caso Colombia
Petro es un aliado del régimen de Maduro en Venezuela y un crítico habitual de Estados Unidos. Se opone a la repatriación de inmigrantes ilegales y a las operaciones militares estadounidenses contra embarcaciones de narcotráfico, a pesar de que decenas de miles de estadounidenses mueren anualmente por sobredosis de drogas ilícitas. La denegación de la visa a Petro no impidió su viaje a Nueva York para hablar en las Naciones Unidas, ya que al ser ciudadano de la Unión Europea, no requiere visa para visitar Estados Unidos. Sin embargo, esta acción envió un mensaje contundente.Petro calificó la denegación de su visa como una violación de los “principios fundacionales” de las Naciones Unidas. El tratado que Estados Unidos firmó para albergar la sede de la ONU en Nueva York requiere que Estados Unidos permita el libre acceso a los dignatarios extranjeros a las instalaciones de la organización. El Congreso votó este tratado como ley estadounidense, pero incluyó una excepción por motivos de seguridad nacional.
La administración Trump argumentó que ambas denegaciones eran coherentes con las necesidades de seguridad nacional de Estados Unidos, lo que les proporcionó una justificación legal.
El caso de Palestina
Abbas dirige tanto la Autoridad Palestina (AP) como la Organizaqción para la Liberación de Palestina (OLP). La OLP fue fundada en 1964 y llevó a cabo numerosos ataques terroristas contra civiles en Israel y en el extranjero. No obstante, en 1974, la Asamblea General de la ONU concedió a la OLP el estatus de observador como representante del pueblo palestino. Cuatro años más tarde, durante la presidencia de Jimmy Carter, la OLP abrió una oficina en Washington, decisión que generó controversia. En 1987, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que designaba a la OLP como organización terrorista. En 1993, la OLP finalmente reconoció el derecho de Israel a existir y renunció al terrorismo.Sin embargo, Abbas sigue usando un prendedor de solapa, que simboliza el "derecho al retorno” de 700,000 palestinos y sus descendientes que huyeron en 1948. Pocos hablan de compensar a los aproximadamente 900,000 judíos que, en la misma época huyeron de países árabes hacia Israel. El regreso de millones de palestinos a Israel podría llevar a que superaran en número a los ciudadanos judíos, alterando el carácter del único Estado de mayoría judía del mundo.
Los musulmanes tienen decenas de países alrededor del mundo, mientras que Israel sostiene que a los refugiados palestinos y a sus descendientes se les debe conceder la ciudadanía donde viven ahora. La negativa de muchos países árabes a otorgar dicha ciudadanía a sus residentes palestinos intensifica el conflicto palestino-israelí.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha declarado que, para ser considerado como un socio en la búsqueda para la paz, Abbas y sus grupos “deben repudiar consistentemente el terrorismo y poner fin a la incitación al terrorismo en la educación, como lo exige la ley estadounidense y como lo prometió la OLP”.
Además señala que la Autoridad Palestina está involucrada en una guerra legal y busca el reconocimiento unilateral de un Estado palestino. “Ambas medidas contribuyeron significativamente a la negativa de Hamás de liberar a sus rehenes y al fracaso de las negociaciones para un alto al fuego en Gaza”, indicó el comunicado.
Cómo las denegaciones de visas de la ONU podrían debilitar el autoritarismo
Independientemente de si se está de acuerdo o no con los casos específicos de Petro y Abbas, la denegación de sus visas establecen un precedente para adoptar una postura más dura contra los líderes autoritarios de todo el mundo.El gobierno de Estados Unidos podría denegar visas a otros funcionarios que posiblemente sean amenazas aún mayores para la seguridad nacional de Estados Unidos. Los casos más evidentes serían los funcionarios de países como China, Rusia, Irán, Corea del Norte y Venezuela (los denominados países CRINKS-plus).
Los regímenes de estos países atacan a sus propios ciudadanos violando la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU (1948), invaden a sus vecinos, apoyan el terrorismo o facilitan el comercio internacional ilícito de drogas.
Las restricciones de visas a funcionarios extranjeros que visitan las Naciones Unidas han generado controversia internacional. Si se llevan demasiado lejos, podrían aumentar el respaldo a propuestas para trasladar la sede de la ONU a otra ciudad, como Bruselas, Beijing o, como propuso Petro, Qatar. Un miembro del Parlamento Europeo de Dinamarca propuso que una reunión de la ONU relacionada con el reconocimiento del Estado palestino se traslade de Nueva York a Ginebra. Esto otorgaría a Europa, China o Qatar una mayor influencia y acceso diplomático.
Estados Unidos está en una posición privilegiada para denegar selectivamente visas a funcionarios de países autoritarios que buscan visitar la ONU. Sin embargo esto debería hacerse con moderación. Si se aplica con demasiada frecuencia, podría provocar que más países simpaticen con los CRINKS o incluso a unirse a ellos en contra de Estados Unidos.
La estrategia óptima sería obtener el apoyo de las democracias más poderosas del mundo, especialmente las del grupo G7. Juntas, podrían argumentar que los países CRINKS han violado la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, a la que se comprometieron, y que, por lo tanto, no se les aplican otras protecciones de la ONU. Esto incluye las protecciones y visas que normalmente se otorgan a los estados miembros de la ONU para permitir que todos sus funcionarios, sin excepción, asistan a funciones de la ONU en Nueva York.
Si las denegaciones de visas se dirigen únicamente a países como China y Rusia, que casi todos los países coinciden en que han transgredido los principios establecidos de derechos humanos, es más probable que el mundo apoye a Estados Unidos en el uso de esta herramienta, permitiéndole conservar la influencia diplomática que conlleva albergar la sede de la ONU.
Las opiniones expresadas en este artículo son del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de The Epoch Times.
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