Una coalición de 16 estados y el Distrito de Columbia demandó a la administración Trump para mantener los materiales que, según ellos, "reconocen y afirman la identidad de género" en sus programas de educación sexual para alumnos de primaria y secundaria financiados con fondos federales.
La demanda, presentada el viernes en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en Oregón, está liderada conjuntamente por los fiscales generales de Minnesota, Oregón y Washington.
El objeto de la controversia es una orden del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos que prohíbe lo que denomina "ideología de género" en las clases financiadas por dos subsidios federales: el Programa de Educación sobre Responsabilidad Personal (PREP) y el Programa de Educación para la Prevención de Riesgos Sexuales (SRAE) del Título V. Ambos se utilizan para enseñar a los adolescentes cómo prevenir el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual.
Citando la orden del presidente Donald Trump que impide que ni dólar federal se destine para adoctrinar a los niños en "ideologías radicales y antiamericanas", el HHS exigió en agosto a 46 estados y territorios que eliminaran las referencias a la identidad de género de los materiales didácticos o se arriesgaran a sufrir sanciones, incluida la suspensión o el retiro de la financiación. La fecha límite para cumplir con las condiciones es el 27 de octubre.
"Los fondos federales no se utilizarán para envenenar las mentes de la próxima generación ni para promover agendas ideológicas peligrosas", dijo en ese momento Andrew Gradison, subsecretario en funciones de la Administración para Niños y Familias del HHS. "La Administración Trump se asegurará de que el PREP refleje la intención del Congreso, no las prioridades de la izquierda".
La coalición demandante argumentó que la orden violaba el poder de gasto del Congreso y que la suspensión de la financiación a través de estos programas supondría una pérdida de al menos 35 millones de dólares y "perjudicaría a las poblaciones a las que el Congreso pretendía ayudar". Los miembros de la coalición también argumentaron que el cumplimiento entraría en conflicto con sus propias leyes y políticas que exigen planes de estudios de educación sexual "inclusivos".
Por ejemplo, las normas de salud de Washington para la educación primaria y secundaria sobre la "identidad propia" describen cómo los niños de jardín de infancia deben "comprender que hay muchas formas de expresar el género". Oregón, de manera similar, exige a los profesores que utilicen "materiales, lenguaje y estrategias inclusivos que [reconozcan] las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género".
"Los esfuerzos de amplio alcance del gobierno federal para borrar a las personas que no encajan en una de las dos etiquetas de género son ilegales e incorrectos, y negarían servicios a millones más en el proceso", dijo el fiscal general de Washington, Nick Brown, en un comunicado de prensa. "Estos jóvenes son tratados por igual bajo las leyes estatales y federales de Washington, y tenemos la intención de asegurarnos de esto".
Otros estados que se han sumado a la demanda son Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Míchigan, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Wisconsin.
La demanda señala como demandados tanto a Gradison como al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Una de las primeras medidas de Kennedy al asumir el cargo fue declarar que "solo hay dos sexos, femenino y masculino", definiendo el sexo como "inmutable y determinado por la biología objetiva".
"Esta administración está recuperando el sentido común y restaurando la verdad biológica en el Gobierno federal", dijo Kennedy en febrero. "La política de la administración anterior de intentar introducir la ideología de género en todos los aspectos de la vida pública ha terminado".
La definición se ajusta a la orden ejecutiva de Trump del 20 de enero "Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restaurar la verdad biológica en el Gobierno federal".
El HHS no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta publicación.
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