La administración Trump solicitó a la Corte Suprema evaluar si la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento es constitucional.
Según informó Reuters, el 26 de septiembre se presentó una petición para que la máxima corte del país revise la orden. La Corte Suprema se encuentra actualmente en receso de verano. El 6 de octubre comenzará un nuevo período de audiencias orales.
La Orden Ejecutiva 14160 de Trump, firmada el 20 de enero, establece que "la Decimocuarta Enmienda nunca se ha interpretado en el sentido de extender la ciudadanía universalmente a todas las personas nacidas en los Estados Unidos".
Según la orden, una persona nacida en Estados Unidos no está "sujeta a la jurisdicción del mismo" si su madre se encontraba en situación irregular en el país y su padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento de su nacimiento.
También establece que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a una persona cuya madre se encontraba en situación legal pero temporal y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de esa persona.
La orden ejecutiva ha suscitado un debate sobre el significado de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".
La Corte Suprema aprobó parcialmente la orden ejecutiva el 27 de junio en una decisión que indicaba que las medidas cautelares universales probablemente excedían la autoridad de los tribunales.
La decisión de 6 a 3 en el caso Trump contra CASA Inc. no estableció un fallo definitivo sobre la constitucionalidad del intento del presidente de limitar la ciudadanía por nacimiento, sino que se enfocó en si las tres medidas cautelares a nivel nacional que bloqueaban la política podían mantenerse.
La mayoría de la Corte declaró que «las medidas cautelares universales probablemente excedan la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales».
En la nueva petición, el fiscal general D. John Sauer solicitó a la Corte Suprema revisar dos fallos de tribunales inferiores que suspendieron la orden ejecutiva.
«Las decisiones de los tribunales inferiores invalidaron una política de suma importancia para el presidente y su administración, de una manera que debilita nuestra seguridad fronteriza", dijo Sauer.
"Esas decisiones confieren, sin justificación legal, el privilegio de la ciudadanía estadounidense a cientos de miles de personas que no reúnen los requisitos".
Un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos dictaminó el 23 de julio que la orden ejecutiva era "inválida porque contradice el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda, que otorga la ciudadanía a 'todas las personas nacidas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción'".
Antes de eso, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington falló en contra de la orden ejecutiva el 6 de febrero. Esa corte concedió una medida cautelar que bloqueaba la orden porque "somete" a los estados que la impugnan a "daños económicos y administrativos inmediatos".
La corte afirmó que la orden ejecutiva obligaría a los estados a descalificar a muchas personas que considera ciudadanos y, en el proceso, perderían fondos federales a los que de otro modo tendrían derecho. Es probable que los estados tengan éxito en su alegación de que la orden ejecutiva viola la 14.ª Enmienda, añadió el tribunal.
Sauer dijo que los tribunales inferiores interpretaron erróneamente el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark (1898), una decisión clave de la Corte Supreme que aseguraba que los hijos de residentes permanentes legales tenían derecho a la ciudadanía en virtud de la cláusula de ciudadanía.
De hecho, dijo, el precedente "implica que los extranjeros ilegales están excluidos de la cláusula de ciudadanía".
Sauer dijo que la sentencia establecía que "los extranjeros tienen derecho a la protección de los Estados Unidos y deben lealtad a este país, siempre y cuando los Estados Unidos les permitan residir aquí".
"A los extranjeros ilegales no se les 'permite residir aquí por parte [del gobierno] de los Estados Unidos' y, por lo tanto, sus hijos quedan excluidos de la ciudadanía", dijo.
Se desconoce cuándo actuará la Corte Suprema sobre la nueva petición del Gobierno.
Con información de Sam Dorman.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
