C-SPAN está instando a la Corte Suprema a permitir la cobertura en vivo por video de los argumentos orales de la próxima semana sobre la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.
El 7 de mayo, la cadena de televisión por cable dedicada a asuntos públicos hizo pública una carta que su director ejecutivo, Sam Feist, envió al presidente de la Corte Suprema, John Roberts, solicitando que se permitiera la entrada de sus cámaras en la sala de la corte el 15 de mayo para la vista oral en el caso Trump contra CASA Inc.
El mes pasado, la Corte Suprema mantuvo las órdenes de las cortes inferiores que bloqueaban la política de Trump de limitar la ciudadanía por nacimiento a determinadas personas y programó la vista oral.
"Este caso tiene una profunda importancia nacional", escribió Feist en la carta del 23 de abril.
"Sus implicaciones —legales, políticas y personales— afectarán a millones de estadounidenses. En vista de ello, creemos que el interés público se ve mejor servido con la cobertura televisiva en directo de las actuaciones. El público merece ser testigo, de forma plena y directa, de cómo se debate una cuestión tan trascendental ante la corte más alta del país".
Permitir la retransmisión en directo del caso ofrecería "a los estadounidenses que no pueden asistir a la corte la posibilidad de ver cómo se debaten y deciden cuestiones tan importantes al más alto nivel", escribió.
C-SPAN está "dispuesta a colaborar con la corte para garantizar que esta retransmisión se lleve a cabo con la dignidad y el respeto que merece la ocasión", añadió Feist.
La Corte Suprema ofrece actualmente una transmisión en vivo de los argumentos orales en su sitio web y se espera que lo haga el 15 de mayo.
Los miembros del público pueden solicitar boletos para asistir a los argumentos en persona. Los solicitantes participan en un sorteo para obtener los asientos disponibles y los resultados se anuncian con tres semanas de antelación. No se permiten dispositivos de grabación, incluidas las cámaras, en la sala de la corte. Las transcripciones de los argumentos suelen publicarse en el sitio web de la corte horas después de que finalizan.
La Orden Ejecutiva 14160 de Trump, firmada el 20 de enero, establece que "la Decimocuarta Enmienda nunca se interpretó en el sentido de otorgar la ciudadanía universal a todas las personas nacidas en los Estados Unidos".
En los documentos presentados para la apelación, el Departamento de Justicia no pidió a la Corte Suprema que se pronunciara sobre la constitucionalidad de la orden ejecutiva en sí, aunque reconoció que la cuestión de la ciudadanía por nacimiento plantea "importantes cuestiones constitucionales con importantes repercusiones para la seguridad de la frontera".
En su lugar, el departamento presentó lo que calificó como una solicitud "modesta".
"Mientras las partes litigan cuestiones de gran importancia, la corte debería 'restringir el alcance' de las múltiples medidas cautelares que 'pretenden abarcar a todas las personas... en el país', limitando dichas medidas a las partes que realmente están bajo la jurisdicción de las cortes", escribió.
Según la orden ejecutiva de Trump, una persona nacida en los Estados Unidos no está "sujeta a la jurisdicción de este" si su madre se encontraba en el país de forma ilegal y su padre no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento de su nacimiento.
También establece que el privilegio de la ciudadanía estadounidense no se aplica a una persona cuya madre se encontraba en situación legal pero temporal y cuyo padre no era ciudadano ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona.
La orden ejecutiva suscitó un debate sobre el significado de la cláusula de ciudadanía de la 14.ª Enmienda, que establece que "todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen".
Los detractores de la orden de Trump citan la histórica sentencia de la Corte Suprema de 1898 en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, en la que la corte sostuvo que la 14.ª Enmienda otorgaba la ciudadanía por nacimiento a un hombre chino cuyos padres se encontraban legalmente en Estados Unidos.
En el caso CASA Inc. contra Trump, la jueza federal de distrito Deborah Boardman, de Maryland, escribió que la interpretación del presidente de la cláusula de ciudadanía de la Constitución "contradice el lenguaje claro de la Decimocuarta Enmienda y entra en conflicto con un precedente vinculante de la Corte Suprema de 125 años de antigüedad".
Boardman escribió que emitía una orden judicial a nivel nacional contra la orden ejecutiva porque "solo una orden judicial a nivel nacional proporcionará una reparación completa a los demandantes" en el caso.
Las órdenes judiciales a nivel nacional, también conocidas como órdenes judiciales no partidistas o universales, establecen políticas para todo el país.
Estas órdenes judiciales se convirtieron en objeto de controversia en los últimos años, ya que son cada vez más comunes. Desde que Trump comenzó su segundo mandato, varios jueces federales de distrito dictaron órdenes judiciales que bloquean sus políticas, lo que llevó a los republicanos del Congreso a pedir la destitución de los jueces de distrito y a restringir sus poderes para dictar órdenes judiciales.
El 9 de abril, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley con 219 votos a favor y 213 en contra, en un intento por frenar la avalancha de fallos de las cortes de distrito que bloquean o retrasan la agenda de Trump en múltiples frentes.
The Epoch Times se puso en contacto con la oficina de información pública de la Corte Suprema para obtener comentarios sobre la carta. No se recibió respuesta antes de la publicación.
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