El Departamento de Estado anunció el 17 de noviembre que revocó visas e impuso restricciones de visa a varios nicaragüenses identificados como “facilitadores conscientes” de la inmigración ilegal a Estados Unidos.
El departamento no proporcionó detalles sobre la identidad de las personas afectadas, pero dijo en un comunicado que entre ellas se encontraban ejecutivos, propietarios y altos cargos de agencias de viajes, empresas de transporte y operadores turísticos “que prestan servicios para ayudar a extranjeros que pretenden emigrar ilegalmente a Estados Unidos”.
“Las investigaciones indican que las entidades que representan estas personas facilitaron los viajes a través de Nicaragua, gracias a las políticas migratorias permisivas de la dictadura nicaragüense, que desestabilizan la región y fomentan la inmigración ilegal a Estados Unidos”, dijo en el comunicado el portavoz adjunto principal del Departamento de Estado, Tommy Piggott.
Piggott dijo que Estados Unidos “no tolerará acciones que socaven su seguridad nacional o sus leyes de inmigración”.
Añadió que el Departamento de Estado "está decidido a promover la rendición de cuentas de quienes tratan de lucrar con la inmigración ilegal, desarticular las redes de tráfico ilegal y proteger la integridad de las fronteras de Estados Unidos".
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, el presidente Donald Trump ha liderado una administración encargada de tomar medidas enérgicas contra la inmigración ilegal, entre otras cosas mediante deportaciones masivas y la protección de la frontera sur.
Anteriormente este mes, Trump declaró en el programa "60 Minutes" de CBS News que creía que la misión de deportación de la administración habría concluido si se deportara a un número significativo de los aproximadamente 25 millones de inmigrantes ilegales.
“Bueno, lleva mucho tiempo, porque probablemente, diría yo, se dejó entrar a 25 millones de personas en nuestro país. Mucha gente dice que fueron 10 millones, pero ya fueran 10 o... Creo que mi cifra se acerca mucho más a la real”, declaró al medio de comunicación.
“De los 25 [millones], muchos de ellos no deberían estar aquí. Muchos de ellos”.
Revocación del TPS
El gobierno de Trump también endureció las condiciones para obtener asilo y protección.A los ciudadanos de Siria, Venezuela, Haití, Cuba, Nicaragua y varios otros países se les ha revocado su estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), aunque algunas de esas decisiones han sido impugnadas ante los tribunales. La administración Trump también ha establecido por separado un límite a la admisión de refugiados, el más bajo jamás registrado.
El TPS para Nicaragua expiró el 8 de septiembre, lo que afectó a unos 4000 nicaragüenses que tuvieron que abandonar Estados Unidos a partir de esa fecha.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció la cancelación del estatus el 7 de julio, diciendo que las condiciones en Nicaragua ya no cumplían los requisitos para el TPS.
"El estatus de protección temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal", dijo Noem en un comunicado.
El TPS es una protección gubernamental creada por el Congreso de Estados Unidos en la Ley de Inmigración de 1990 para las personas nacidas en el extranjero que no pueden regresar de forma segura a su país debido a circunstancias difíciles, como conflictos armados, desastres naturales y otras condiciones extraordinarias.
Durante el período de designación, los beneficiarios del TPS pueden permanecer en Estados Unidos y están autorizados a trabajar siempre que cumplan requisitos estrictos, como no tener antecedentes penales y estar debidamente registrados. El TPS no conlleva la residencia legal permanente ni ningún otro estatus migratorio.
El TPS es temporal
El TPS para Nicaragua se inició a principios de 1999, tras el huracán Mitch.Noem dijo en un comunicado separado el 7 de julio que “los efectos del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existen. La situación medioambiental ha mejorado lo suficiente como para que los ciudadanos nicaragüenses puedan regresar a sus hogares con seguridad. Esta decisión restaura la integridad de nuestro sistema de inmigración y garantiza que el TPS siga siendo temporal".
El 31 de julio, un juez federal dictó una sentencia que impedía al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) poner fin al TPS para las personas procedentes de Nicaragua, así como de Nepal y Honduras.
Sin embargo, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos permitió al DHS seguir adelante con su decisión el 20 de agosto.
“Esta es otra gran victoria legal para la Administración Trump, el estado de derecho y la seguridad del público estadounidense”, dijo la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado tras la sentencia.
“El Estatus de Protección Temporal siempre tuvo la intención de ser precisamente eso: temporal”.
Con información de Jack Phillips y Yeni Sora Robles
